¿Quién define nuestra transformación digital?

Módulo 1 de la serie México ante la transformación digital

La transformación digital representa una oportunidad para mejorar los servicios públicos, impulsar la innovación y ampliar el acceso a derechos. México ha avanzado en conectividad, digitalización gubernamental y desarrollo de capacidades tecnológicas. Asimismo, el Plan Nacional de Inteligencia Artificial (PNIA), impulsado por el Gobierno federal, establece una visión centrada en las personas y el interés público, y reconoce la importancia de fortalecer la regulación, la gobernanza, la infraestructura y el talento especializado.

Nuestro diagnóstico identifica una oportunidad para integrar estos esfuerzos en una política pública con objetivos y responsabilidades claras. Actualmente, los derechos digitales se encuentran distribuidos en distintas normas, con atribuciones institucionales repartidas entre diversas autoridades. 

“El PNIA coloca varias piezas sobre la mesa; la siguiente etapa consistirá en conectarlas mediante responsabilidades claras, recursos, métricas, mecanismos de supervisión y espacios de participación ciudadana.”

A lo anterior se suman brechas de conectividad, acceso a dispositivos, habilidades digitales y confianza en los entornos en línea. Estos desafíos hacen necesario complementar los avances tecnológicos con mecanismos efectivos de protección de derechos, inclusión y rendición de cuentas.

Principales hallazgos

• México avanza en conectividad, pero persisten brechas de acceso y capacidades. Las diferencias territoriales son relevantes: Mientras Nuevo León registró 93.9% de uso de internet, Chiapas presentó apenas 71.2%.
  
• Una condición para ampliar el uso de la tecnología es la confianza digital. Más de la mitad de las personas declara poca o ninguna confianza al utilizar internet. Entre las principales preocupaciones está el uso no autorizado de datos personales, el fraude y el robo de información, así como el acoso y otras formas de violencia digital.
  
• El país cuenta con un marco de derechos digitales, pero está distribuido en distintas normas. La iniciativa de Ley General de Derechos Digitales aborda un espectro amplio de derechos e inclusión, mientras que la propuesta de Ley Nacional para Regular el Uso de la Inteligencia Artificial se concentra en los riesgos y las garantías asociados a esa tecnología. Al cierre de la investigación, ninguna había sido dictaminada y votada.
  
• La coordinación institucional será decisiva para implementar la política digital. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) concentra un papel relevante en la política federal de inclusión digital y el PNIA reconoce la importancia de la regulación, la política de datos, la gobernanza y el financiamiento. No obstante, varias responsabilidades de supervisión y atención de controversias requieren mayor definición.
  
• Los criterios judiciales comienzan a construir referencias para la protección digital. En la búsqueda de sentencias del periodo comprendido entre septiembre de 2024 y junio de 2026, el estudio identificó 39 resoluciones relacionadas con el término «derechos digitales»; seleccionó 24 por su relevancia y analizó 22 casos en los que hubo pronunciamiento judicial.
  
• La protección de derechos fundamentales sigue siendo un área de oportunidad. Fortalecer las garantías jurídicas, la igualdad de trato y los mecanismos de defensa constituye una base importante para que la digitalización avance con legitimidad y seguridad jurídica.

Metodología

El documento desarrolla un diagnóstico institucional y de política pública a partir de una revisión del marco jurídico mexicano, las instituciones responsables de los distintos componentes digitales, las iniciativas legislativas en curso y las resoluciones judiciales relacionadas con los derechos digitales. Se utiliza como referencia el Marco de Transformación Digital del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organizado en torno a tres principios: protección de los derechos humanos, acceso universal y fomento de la confianza. 

En el componente estadístico, el estudio utiliza información de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2015-2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Encuesta de Confianza en el Servicio de Internet 2024 y el Índice del Estado de Derecho en México del World Justice Project. Para la revisión judicial, realiza búsquedas en las plataformas del Órgano de Administración Judicial y de la SCJN mediante términos vinculados con derechos digitales, inteligencia artificial y digitalización, y selecciona los casos pertinentes para su análisis. El documento constituye un diagnóstico inicial que servirá de base para los siguientes módulos de la serie.

Recomendaciones de política pública

• Definir responsabilidades institucionales. Elaborar una matriz pública que identifique qué dependencias coordinan, implementan, regulan, supervisan y evalúan cada componente del PNIA. Objetivo: Mayor claridad para las instituciones y las personas usuarias, menos duplicidades y una implementación más ordenada de las políticas digitales.
  
• Crear un registro público de sistemas de inteligencia artificial utilizados por el Gobierno. Identificar las dependencias que utilizan sistemas algorítmicos o de inteligencia artificial, sus objetivos y los tipos de información que procesan. Clasificar los sistemas según sus posibles efectos sobre los derechos y el acceso a servicios públicos. Con esto se busca mayor transparencia sobre el uso de estas herramientas y mejores condiciones para prevenir riesgos antes de que afecten a las personas.
  
• Garantizar revisión humana y mecanismos de impugnación. Definir quién responde por las decisiones y cómo se corrigen los errores o daños. Que la innovación tecnológica se acompañe de garantías efectivas, certeza jurídica y vías claras de atención.
  
• Vincular la infraestructura tecnológica con la inclusión digital. Priorizar intervenciones según las brechas territoriales, socioeconómicas y de habilidades identificadas. Promover el uso de tecnologías para facilitar el acceso a servicios educativos, de salud y otros servicios públicos. La idea es que los avances tecnológicos se traduzcan en oportunidades para más personas y no profundicen las desigualdades existentes

Conclusiones

México cuenta con avances relevantes para construir su transformación digital: una conectividad creciente, nuevas capacidades institucionales, iniciativas para impulsar la inteligencia artificial y normas que protegen distintos derechos en el entorno digital. El PNIA representa una oportunidad para articular estos esfuerzos alrededor de una visión de interés público. El reto no consiste en desconocer lo construido, sino en fortalecer su implementación mediante una coordinación efectiva, recursos suficientes, responsabilidades claras y mecanismos que permitan evaluar resultados.

Consolidar una transformación digital inclusiva requiere la colaboración de los distintos poderes y niveles de gobierno, así como del sector privado, la academia y la sociedad civil. El diálogo puede contribuir a construir acuerdos sobre la protección de derechos, la reducción de brechas y la supervisión de tecnologías que inciden cada vez más en la vida cotidiana. Avanzar en esta dirección permitiría que la digitalización no se mida únicamente por la cantidad de servicios o herramientas implementados, sino también por su capacidad para mejorar el bienestar, ampliar oportunidades y generar confianza en las instituciones.