Proteger el aprendizaje sin ampliar brechas

Elementos para el diseño de una política mexicana sobre dispositivos digitales en escuelas

La discusión sobre el uso de dispositivos digitales en las escuelas plantea un doble desafío: proteger el tiempo de aprendizaje y, al mismo tiempo, evitar que una regulación profundice las brechas de acceso y habilidades digitales. La evidencia revisada muestra que restringir el uso del celular durante la clase puede favorecer el aprendizaje, particularmente entre estudiantes con menor desempeño previo. Sin embargo, una restricción general puede tener efectos distintos fuera del aula, especialmente para quienes dependen del celular como su principal herramienta tecnológica.

En México, el celular ocupa un lugar central en la vida escolar y digital de niñas, niños y adolescentes. Su uso educativo ocurre con frecuencia fuera de los planteles porque muchas escuelas carecen de conectividad adecuada. Por ello, el diseño de las políticas públicas requiere considerar no sólo cuándo y cómo restringir los dispositivos, sino también las condiciones materiales, las capacidades docentes y las diferencias entre estudiantes y niveles educativos.

“Regular el uso de dispositivos en las escuelas puede proteger el aprendizaje sin ampliar brechas, siempre que la norma se acompañe de infraestructura, alfabetización digital, reglas claras y evaluación para ajustar su implementación.”

El documento propone avanzar hacia una regulación diferenciada y condicionada, sustentada en cuatro pilares: reglas claras que protejan el tiempo lectivo; infraestructura y conectividad suficientes; alfabetización digital para estudiantes, docentes y familias; y una línea base que permita evaluar los resultados y ajustar la política. La regulación puede ser una oportunidad para mejorar los aprendizajes si su implementación se acompaña de evidencia, diálogo con las comunidades escolares y mecanismos de evaluación.

Principales hallazgos

La distracción digital en clase está aumentando. En 2022, uno de cada cuatro estudiantes mexicanos de 15 años reportaba distraerse en clase con su dispositivo; en 2025 la proporción llegó a 37%. La evidencia internacional sugiere que limitar el uso durante el tiempo lectivo puede mejorar el aprendizaje, con efectos particularmente relevantes entre estudiantes con menor desempeño previo.

El celular también es una herramienta educativa esencial. Casi ocho de cada 10 estudiantes de seis a 17 años utilizan el celular para actividades escolares y, entre los 12 y 14 años, la proporción se acerca a nueve de cada 10. Esto significa que el dispositivo no puede analizarse únicamente como una fuente de distracción: para una parte importante del alumnado también representa una vía de acceso a actividades educativas.

La conectividad escolar sigue siendo una condición pendiente. Ocho de cada 10 estudiantes de seis a 17 años utilizan internet para tareas, pero sólo uno de cada tres se conecta dentro del plantel. Además, en 2024 sólo 35% de las escuelas públicas de educación básica contaba con computadoras e internet con fines pedagógicos, frente a 80.9% de las privadas. La regulación debe considerar esta diferencia para evitar que una misma regla produzca efectos desiguales.

La dependencia del celular tiene una dimensión de equidad. En 13.1 millones de casos, el celular es la única tecnología disponible en el hogar. Entre las familias de menores ingresos, casi ocho de cada 10 estudiantes dependen únicamente de este dispositivo, frente a tres de cada 10 entre las de mayores ingresos. Por ello, retirar el celular sin ofrecer alternativas puede ampliar las brechas de acceso.

La exposición digital crece antes que las capacidades para gestionarla. A los 12 años, 69.2% de la población ya utiliza redes sociales y entre los 12 y 14 años, 88.2% usa el celular para la escuela. En contraste, sólo 26.2% sabe cuidar sus datos personales y verificar la fiabilidad de la información en internet; entre los 15 y 17 años la proporción llega a 45.3%. El reto, por tanto, no termina con regular el dispositivo dentro del aula: también implica desarrollar capacidades para utilizarlo de manera crítica y segura.

Publicar una regla no garantiza su cumplimiento. La revisión de experiencias internacionales muestra que las normas requieren acompañamiento, recursos, protocolos y capacidades institucionales. En los casos analizados, la adopción de la regulación puede ser rápida, pero su implementación efectiva toma más tiempo. Esto vuelve especialmente relevante definir desde el inicio quién aplica la regla, bajo qué condiciones, con qué excepciones y cómo se evaluará.

Metodología

Las estimaciones sobre uso de dispositivos, conexión, riesgos y habilidades digitales fueron elaboradas a partir de los microdatos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), utilizando los factores de expansión de hogares y personas. El universo de referencia comprende 26,135,041 residentes de seis a 17 años y 16,313,553 hogares con personas en ese rango de edad. También se utilizaron datos del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) y de matrícula escolar, así como información previamente desarrollada por Aprender Parejo.

El análisis incorpora evidencia internacional sobre regulación de dispositivos en escuelas y experiencias de países seleccionados. Sus resultados deben interpretarse con cautela: la ENDUTIH es una encuesta transversal y sus indicadores son declarados por las personas informantes; no permite determinar si el celular se utiliza dentro del aula, separar el tiempo escolar del recreativo ni establecer relaciones causales. Asimismo, los resultados de experiencias internacionales corresponden a contextos distintos al mexicano, por lo que el documento utiliza principalmente la dirección y distribución de sus efectos, no su magnitud.

Recomendaciones de política pública

1. Diseñar reglas diferenciadas por nivel educativo. La regulación debe considerar la edad, el grado de autonomía y las necesidades pedagógicas de cada etapa. En preescolar se propone evitar el uso de dispositivos y privilegiar el juego; en primaria, priorizar herramientas destinadas al desarrollo de habilidades digitales; en secundaria, permitir el celular fuera del aula y para actividades pedagógicas autorizadas; y en media superior, establecer reglas acordes con cada tipo de bachillerato. Las telesecundarias y modalidades a distancia requieren un régimen propio, pues el dispositivo forma parte del proceso de enseñanza.

2. Acompañar la regulación con conectividad e infraestructura. Reactivar el despliegue de banda ancha fija en las escuelas y fortalecer sus redes internas permitiría que los planteles puedan gestionar el acceso digital y ofrecer alternativas pedagógicas. La infraestructura debe ser considerada una condición de implementación, no un elemento posterior.

3. Dar certeza a las escuelas sobre la aplicación de las reglas. Los lineamientos deben establecer quién puede resguardar un dispositivo, bajo qué condiciones, quién asume la responsabilidad de su custodia y qué ocurre cuando un estudiante se niega. También deben definir excepciones verificables para situaciones de salud, discapacidad, emergencias y usos pedagógicos autorizados, y comunicar las reglas por escrito a las familias.

4. Fortalecer la alfabetización digital. Incorporar de manera explícita habilidades de cultura y ciudadanía digital en educación básica y media superior, acompañadas de formación docente. También puede desarrollarse un portal público con recursos diferenciados para estudiantes, docentes y familias sobre verificación de información, seguridad, uso de dispositivos y bienestar digital.

5. Aprovechar las estructuras existentes de participación escolar. El Consejo Técnico Escolar puede contribuir a traducir los lineamientos en prácticas pedagógicas y acordar los usos educativos autorizados. Asimismo, las estructuras de participación de La Escuela es Nuestra pueden facilitar el diálogo con madres, padres, tutores y cuidadores.

6. Construir una línea base y evaluar periódicamente. Antes de la entrada en vigor de los lineamientos conviene establecer indicadores sobre habilidades digitales, aprendizaje, concentración, infraestructura y cumplimiento de protocolos. Estos indicadores deberían desagregarse por sexo, condición socioeconómica y región, y utilizarse para revisar periódicamente la regulación y realizar los ajustes necesarios.

Conclusiones

Proteger el aprendizaje y cerrar las brechas educativas no son objetivos contrapuestos. Una regulación bien diseñada puede contribuir a ambos si distingue entre el uso recreativo y el pedagógico, considera las condiciones de cada nivel educativo y reconoce que no todos los estudiantes cuentan con las mismas alternativas tecnológicas fuera de la escuela. El principal desafío consiste en evitar que una medida eficaz para ordenar el tiempo de clase se convierta, fuera de él, en una barrera para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades digitales.

La evidencia presentada busca contribuir a una discusión que todavía puede enriquecerse mediante el diálogo entre autoridades educativas, comunidades escolares, familias, especialistas y organizaciones de la sociedad civil. La regulación acompañará la trayectoria educativa de millones de niñas, niños y adolescentes; por ello, su diseño e implementación ofrecen una oportunidad para construir una política gradual, evaluable y sensible a las distintas realidades del país. México Evalúa y la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad manifiestan su disposición a colaborar con las autoridades federales y estatales para fortalecer este proceso.