Por Gustavo Fondevila, Máximo Langer, Marcelo Bergman, Carlos Vilalta y Alberto Mejía.
Este documento analiza cómo opera el sistema de justicia penal acusatorio en el Estado de México desde que entró en vigor en 2009, a partir de la revisión de 1 mil 145 expedientes concluidos en esta entidad entre 2010 y 2014.
El estudio señala que si bien la implementación del proceso acusatorio en el Estado de México ha permitido agilizar la resolución de los casos, pues el 76.9 por ciento de los casos analizados se resolvió en menos de 30 días, no ha implicado un mayor respeto a los derechos de los imputados. En efecto, los jueces ejercen poca supervisión sobre la calidad y legalidad del trabajo de los fiscales y policías, por lo que suelen validar la actuación de estas autoridades incluso en los casos en que un médico determinó que el detenido fue sometido a abusos o ratificar las detenciones, aun cuando éstas parecen haber violado derechos.
Otro hallazgo de esta investigación es que la mayoría de los delitos procesados son de escasa complejidad: el 59.3 por ciento de los casos corresponde a robos y el 91.7 por ciento de las detenciones corresponde a una flagrancia. Esto refleja la débil capacidad de investigación de los Ministerios Públicos.
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