Los retos de México no son de 2026: vienen de mucho antes

Los desafíos que hoy enfrenta México son consecuencia de años de decisiones inadecuadas de política pública y regulatoria. El arranque de este 2026 lo ilustra con claridad. Los ingresos ya no alcanzan para cubrir compromisos ineludibles como intereses de la deuda, pensiones, transferencias y subsidios. Sin crecimiento económico sostenido, las opciones se reducen a más deuda, más presión recaudatoria o ajustes difíciles.
 
En el ámbito productivo, regulaciones deficientes y una burocracia desmedida favorecen tanto la existencia de mercados poco competitivos como el incremento de la informalidad. La actual apuesta por la digitalización, aunque necesaria, corre el riesgo —tal como está diseñada—  de excluir a quienes carecen de capacidades tecnológicas, como las MiPymes.
 
El sistema de justicia refleja la misma lógica acumulativa. Las reformas no han atacado los cuellos de botella estructurales: cientos de miles de investigaciones archivadas, baja capacidad de gestión y una infraestructura de datos fragmentada y poco confiable mantienen la muy elevada impunidad.
 
La experiencia internacional muestra que el liderazgo y la calidad de las políticas sí importan. Países con trayectorias iniciales similares lograron resultados muy distintos según su capacidad para construir reglas claras, contrapesos y consensos. ¿Qué ruta debe tomar México en este año que inicia?
 
Conoce aquí a detalle Nuestras Ideas para decidir las políticas públicas correctas y gracias por leernos semana a semana.

Cuesta de enero todo el año: 2026 será un año fiscal apretado para el Gobierno

El 2026 será un año especialmente retador para la economía mexicana. Aunque el Gobierno proyecta optimismo, las finanzas públicas inician el año con una “cuesta de enero” estructural: los ingresos no alcanzan para cubrir los compromisos básicos. El Estado necesitará gastar casi 20 mil millones de pesos diarios, pero recauda alrededor de 18 mil, lo que implica endeudarse en promedio 2 mil millones de pesos cada día sólo para cumplir lo indispensable. Entre los principales compromisos destacan el pago de intereses de la deuda, las transferencias a estados y municipios, la nómina del sector público y las pensiones, que crecen más rápido que los intereses de la deuda. A ello se suman los subsidios eléctricos a la CFE, los apoyos crecientes a Pemex y las cuotas de seguridad social del IMSS e ISSSTE. El panorama se complica por la desaceleración económica. Si el crecimiento no repunta, las opciones se reducen: más deuda, mayor presión recaudatoria o ajustes difíciles al gasto. Un pronóstico del Programa de Gasto Público.

La combinación de mal liderazgo con malas decisiones

La caída del Muro de Berlín permitió comparar las trayectorias de los países del este europeo tras abandonar el bloque soviético. Treinta y cinco años después, los contrastes son evidentes: mientras Polonia triplicó su PIB per cápita entre 1990 y 2023, Hungría avanzó a menor ritmo. La diferencia se explica por liderazgo y calidad de las políticas públicas. Bajo ese parámetro,  reflexiona Luis Rubio, presidente de México Evalúa, en su columna “Berlín y Morena”, México ha padecido una combinación de mal liderazgo y malas decisiones, con consecuencias negativas previsibles. La ausencia de oposición funcional ha permitido a Morena aprobar reformas clave —como la judicial, cambios al amparo y la ley de ingresos— sin debate ni evaluación de consecuencias. Sin embargo, enfrenta una contradicción central: mientras su agenda político-ideológica debilita la certidumbre jurídica, necesita inversión privada para sostener sus finanzas. Ambos objetivos hoy resultan incongruentes.

Financiar la paz: el gran pendiente de la (in)seguridad en México

El debate sobre seguridad pública en México omite un problema estructural clave: el financiamiento sostenible —así sentencia Mariana Campos, directora de México Evalúa—. México destina apenas 1.25% del PIB a seguridad y justicia, muy por debajo de estándares internacionales, lo que refleja una subinversión histórica. Durante el sexenio 2018–2024, el gasto se reorientó hacia instituciones militares, mientras se debilitó el financiamiento de corporaciones civiles estatales y municipales. Además, las transferencias federales para seguridad han sido volátiles y poco predecibles, lo que impide la planeación de mediano plazo y la profesionalización policial. Fondos como el Fortamun carecen de objetivos claros y criterios adecuados, y sus fórmulas ignoran la dimensión territorial, perjudicando a municipios extensos con altos costos operativos. La precariedad financiera se refleja en policías locales mal pagadas y sin prestaciones: la mayoría no recibe salarios adecuados ni seguridad social, lo que erosiona el capital humano y deja al Estado en desventaja frente al crimen organizado. Aunque el Presupuesto 2026 busca recomponer el gasto civil, los niveles siguen siendo insuficientes.

¿Quién gana cuando el gobierno compra?

El diseño de las reglas gubernamentales puede impulsar o frenar el crecimiento, la innovación y el bienestar. Cuando los mercados están cerrados o capturados por regulaciones deficientes, aumentan los precios, cae la productividad y las oportunidades se concentran. En cambio, una competencia efectiva mejora el uso del gasto público y permite ofrecer mejores bienes y servicios a menor costo. La falta de competencia en América Latina no es inevitable: deriva de decisiones públicas que crean barreras de entrada, excepciones y discrecionalidad. El caso de Yucatán ilustra el problema: en 2023, sólo 0.4% de los contratos se adjudicaron por licitación pública. Normas con padrones discrecionales, excepciones vagas y ausencia de mecanismos de impugnación, reducen la participación y favorecen a proveedores recurrentes, elevando riesgos de corrupción. Fortalecer la competencia no es ideología, sino una agenda práctica para mejorar la vida de las personas mediante mejores reglas de mercado. Un análisis del Programa de Regulación y Competencia.

Burocracia vs. informalidad: el reto MiPyme 2026

La burocracia es un problema estructural que afecta directamente la competitividad y la supervivencia de las empresas, en especial de las MiPymes. En México, donde más de la mitad de la población ocupada trabaja en la informalidad, la burocracia actúa como un incentivo para abandonar la formalidad. Tras años de descenso, la informalidad volvió a crecer desde 2024. En respuesta, el Gobierno impulsó en 2025 la Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos, que apuesta por la digitalización y la CURP Biométrica como llave única. Aunque la propuesta es ambiciosa, concentra riesgos: sólo 35% de las microempresas tiene acceso a internet y la nueva ley antilavado ampliará obligaciones de cumplimiento. Sin acompañamiento adecuado, la digitalización puede excluir a millones de negocios y profundizar la informalidad. Una opinión del Programa de Regulación y Competencia.

Medio millón de investigaciones atrapadas en el archivo

Mariana Campos, directora de México Evalúa señala que la próxima discusión legislativa sobre la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, abre la oportunidad de fortalecer la justicia sin debilitar sus contrapesos. El enfoque de la reforma privilegia la eficiencia, pero amplía la detención en flagrancia, extiende la prisión preventiva oficiosa, autoriza intervenciones corporales sin control judicial previo e introduce la figura de “jueces sin rostro”. Todas esas medidas se asocian a violaciones de derechos y no atienden las causas estructurales de la impunidad. Una de ellas es el uso masivo del archivo temporal. En 2023 se iniciaron más de 2.7 millones de investigaciones; alrededor de 500 mil quedaron archivadas, muchas sin posibilidad real de reactivación, incluso en delitos graves. Este limbo procesal concentra buena parte de la impunidad cotidiana.

La justicia y sus (muy limitados) datos

El seguimiento al sistema de justicia penal mexicano es un ejercicio democrático indispensable, pero enfrenta obstáculos estructurales que limitan su análisis y evaluación. A partir de la próxima publicación en México Evalúa de Radiografía del sistema de justicia penal, identificamos los retos clave que las autoridades deben atender. Entre ellos: la escasa disponibilidad de información pública (con pocas fuentes abiertas y vacíos que se han agravado tras la desaparición del INAI); la pérdida y desactualización de bases de datos oficiales (que impide análisis de largo plazo); el rezago en la publicación de datos (que llegan con hasta dos años de retraso y reducen su utilidad para decisiones oportunas); y la falta de homologación entre fiscalías y tribunales (que registran la información con criterios y formatos distintos y sin capacidades analíticas suficientes). Reconocer estos y otros retos es clave para transformar los datos en insumos útiles para mejorar la impartición de justicia en México. Una puntualización del Programa de Justicia.

NUESTROS DATOS

¿Qué tan atrasada tecnológicamente está la justicia en México?

En el mundo, el 44% de los operadores judiciales ha utilizado herramientas de IA para actividades relacionadas con el trabajo y específicamente, el 41% utiliza los LLM, como Chat GPT. Sin embargo, en México la estadística es otra. Lee nuestro informe sobre el uso de herramientas tecnológicas en la justicia en México.