Las políticas de Estado que debieran ser prioritarias

En los últimos meses, el debate público ha girado en torno a una posible reforma electoral. La discusión es legítima: las reglas del juego democrático merecen revisarse y perfeccionarse. Sin embargo, la historia reciente del país sugiere que los desafíos más urgentes del Estado mexicano se encuentran en otros frentes que impactan de manera directa a la población.
 
Uno de ellos es el gasto público. Aun cuando los ingresos tributarios han mostrado un desempeño favorable, las presiones estructurales —como el crecimiento de la nómina pública y el pago de adeudos— han reducido el margen para invertir en infraestructura y capacidades institucionales. 
 
Otro desafío es la seguridad. La captura o abatimiento de líderes criminales puede generar impactos inmediatos, pero la pacificación duradera depende de algo más profundo: la solidez institucional del Estado. Fortalecer policías, profesionalizar ministerios públicos y reducir tiempos judiciales requiere inversión sostenida. El hecho es que hoy México destina una fracción relativamente baja de su economía a la seguridad pública.
 
El tercer frente es el sistema de justicia. México Evalúa ha documentado que una proporción relevante de personas juzgadoras y personal judicial ha enfrentado amenazas o agresiones en los últimos años. Garantizar su integridad y su independencia es una obligación del Estado en términos de derechos humanos y un requisito básico para que la justicia funcione con credibilidad.
 
La discusión electoral es importante, pero el fortalecimiento del Estado de derecho, la pacificación del país y la sostenibilidad de las finanzas públicas son tareas que demandan atención prioritaria.
 
Conoce aquí a detalle Nuestras Ideas para priorizar las políticas del Estado y gracias por leernos semana a semana.

NOTA: Las opiniones vertidas por nuestros especialistas en los distintos medios informativos, reflejan su postura personal y no necesariamente la de México Evalúa. 

La inminente contrarreforma electoral

Desde 1958, México ha vivido una sucesión de reformas electorales que, sin ser revoluciones formales, transformaron gradualmente el sistema político, reflexiona Luis Rubio, director de México Evalúa en su columna “Revoluciones”, publicada en Reforma. Con el tiempo, el sistema se abrió a la competencia, atendiendo demandas tanto de la izquierda como de la derecha. Sin embargo, estas reformas dejaron vacíos institucionales que hoy facilitan intentos de recentralizar el poder. La historia sugiere que los avances democráticos no siempre parten de una convicción mayoritaria. En México, aunque ha habido alternancia pacífica en la presidencia, ello no necesariamente se ha traducido en un mejor sistema de gobierno ni en instituciones más sólidas. Persisten una economía dividida, la presencia del crimen organizado y una creciente concentración del poder político. Aunque las políticas sociales han elevado el ingreso de muchas familias, no han fortalecido sus perspectivas de largo plazo. En este contexto, la contrarreforma electoral impulsada por el partido en el poder podría alterar la lógica de estabilidad y abrir una etapa de mayor incertidumbre institucional.

Navegando las finanzas públicas de 2025: balance del primer año del sexenio

Este estudio elaborado por el Programa de Gasto Público de México Evalúaanaliza los avances y retos de la consolidación fiscal en un contexto de bajo crecimiento y presiones estructurales. Destaca el fortalecimiento de la recaudación tributaria —impulsada por una mayor fiscalización— y el mantenimiento del gasto social en áreas prioritarias como salud, educación y Estado de derecho. No obstante, la meta de reducción del déficit se alcanzó sólo parcialmente: cerró en 4.8% del PIB, por encima del objetivo de 3.9%. La deuda pública llegó a 53.1% del PIB (18.8 billones de pesos) y el pago de intereses alcanzó 1.31 billones, la cifra más alta desde 1993, lo que redujo el margen fiscal. Debido a la rigidez del gasto y al aumento de apoyos a Pemex, cuya producción cayó a 1.36 millones de barriles diarios, su nivel más bajo desde 1990, se avanzó la consolidación a casi la mitad de la meta. En este contexto, la inversión física se utilizó como variable de ajuste: bajó a 770 mil millones de pesos, un rango equiparable a 2008. El principal reto es combinar estabilidad macroeconómica con inversión estratégica. Para ello, se propone ampliar la base tributaria, fortalecer la transparencia fiscal, definir mejor la inversión productiva, establecer garantías presupuestarias para sectores clave y condicionar los apoyos a Pemex a mejoras verificables en su rentabilidad.

Pese a ingresos favorables en enero, adeudos y nómina limitan la inversión

Las finanzas públicas iniciaron el 2026 con un aumento significativo en los ingresos, impulsado principalmente por una sólida recaudación tributaria que registró su mayor crecimiento para un inicio de año en la última década. Sin embargo, este desempeño positivo se vio contrarrestado por presiones de gasto derivadas del pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores y del aumento en la nómina pública, que absorbieron la totalidad del incremento en los recursos. Como consecuencia, el Gobierno aplicó recortes en varias dependencias y redujo la inversión física, la más baja para un inicio de año desde 2008, sin lograr evitar un aumento en el déficit público al cierre de enero. Estos resultados reflejan las tensiones estructurales entre mayores ingresos y compromisos de gasto obligatorios que limitan el margen fiscal del Gobierno. Un monitoreo mensual del Programa de Gasto Público.

Tapalpa: la política de seguridad inicia con presupuesto

El abatimiento de un líder criminal puede detonar disputas internas, fragmentación territorial y reacomodos entre grupos delictivos. En ese contexto, la protección efectiva de la población depende menos de golpes tácticos y más de la fortaleza institucional del Estado, lo cual también requiere recursos públicos sostenidos. No se trata de asumir que más gasto garantiza mejores resultados, sino de reconocer que una trayectoria presupuestaria decreciente limita los esfuerzos de pacificación. Fortalecer policías, profesionalizar ministerios públicos y reducir tiempos judiciales exige inversión constante en todo el sistema de seguridad y justicia. Sin embargo, el gasto ha perdido prioridad relativa. En 2025, México destinó 388 mil millones de pesos a seguridad y justicia (1.1% del PIB), 1.4% menos en términos reales que en 2024 y 9% por debajo del máximo de 2016. Para 2026 se estima en 0.9% del PIB. Además, el país invierte menos que el promedio de la OCDE y enfrenta déficits institucionales: 4.5 jueces por cada 100 mil habitantes y un policía por cada mil. Ante posibles reacomodos criminales, fortalecer el financiamiento de policías, fiscalías y tribunales es clave para que los golpes contra el crimen tengan efectos duraderos. Una opinión del Programa de Gasto Públicopublicada en El Sol de México.

Poder presidencial. Pendientes sociales

La caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación se inscribe en la estrategia de debilitamiento operativo del crimen organizado impulsada desde el inicio de la actual administración por el Gobierno federal. Se trata de una estrategia política más que una estrategia social. Su diseño privilegia la demostración de autoridad, y el control y la centralización de la narrativa gubernamental. Además, la estrategia ha reconfigurado equilibrios dentro del oficialismo. El equipo de seguridad se consolida como un núcleo técnico y eficaz —con figuras como Omar García Harfuch— que fortalece el margen de maniobra de la presidenta Claudia Sheinbaum para construir un liderazgo propio. En el plano internacional, los resultados funcionan como salvaguarda diplomática frente a la narrativa de Donald Trump sobre fentanilo, migración y crimen organizado, al mostrar cooperación sin subordinación. No obstante, el debilitamiento operativo no equivale a pacificación. Aunque la violencia letal bajó 8.6% en el último año, 31 estados mantienen niveles epidémicos y 24 son hoy más violentos que hace una década. Un análisis del Programa de Seguridad publicado en Expansión.

El Estado Mexicano ante la violencia contra los operadores de justicia

Un elemento central para el buen funcionamiento de cualquier política pública es que el personal cuente con condiciones adecuadas para ejercer su labor. En el ámbito judicial, esto implica garantizar que jueces, actuarios, secretarios y proyectistas puedan actuar sin presiones externas ni amenazas a su integridad. Sin embargo, en México se ha documentado un contexto de violencia contra operadores de justicia. Un estudio de México Evalúa (2024)registró asesinatos de jueces, detenciones arbitrarias y agresiones contra personal judicial entre 2012 y 2023. Encuestas al personal judicial revelan que una proporción significativa ha sufrido amenazas o ataques, aunque muchos no los denuncian. Ante este panorama, organismos internacionales como la CIDH y la ONU han establecido que el Estado debe garantizar la seguridad e independencia de quienes imparten justicia. En este contexto, la Red por la Independencia Judicial (RIJ) presentó hoy información sobre esta problemática ante la CIDH, subrayando que la elección de jueces por voto popular podría aumentar los riesgos de presiones políticas o criminales. Una opinión del Programa de Justicia publicada en Animal Político.

NUESTROS DATOS

Mujeres ante el sistema de justicia penal

Con motivo de que ayer fue el Día Internacional de la Mujer, te compartimos tres datos relevantes en relación a la justicia mexicana. Conoce más sobre la justicia con perspectiva de género a partir de la página 98 de nuestra edición más reciente (2023) de Hallazgos.

PRÓXIMAMENTE

El equipo del Programa de Regulación y Competencia presentará su estudio “¡A romper barreras! Cómo detonar la inversión en CDMX”.

Salón de Usos Múltiples de la Biblioteca del Tec de Monterrey campus CDMX | Calle del Puente 222, Ejidos de Huipulco, Tlalpan (Entrada por la Puerta 6)

Mañana, martes 10 de marzo |10:00 am

El equipo del Programa de Justicia presentará su estudio “Radiografía de la Impunidad en México: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal, 2024”.
Martes, 17 de marzo |10:00 am

• Four Points, colonia Roma. Salón UNIO | Av. Álvaro Obregón 38, Roma Norte