Las mejores políticas se construyen con deliberación

La experiencia muestra que la toma de decisiones públicas funciona mejor cuando incorpora deliberación suficiente. Cuando no ocurre así, incluso las iniciativas con objetivos legítimos pueden generar riesgos en el mediano plazo. Este principio aplica a las reformas institucionales que presenciamos en México actualmente. Van algunos ejemplos: 

1. La elección judicial abrió una oportunidad para acercar la justicia a la ciudadanía, pero la experiencia inicial mostró deficiencias. Aún se pueden ajustar los procesos con base en evidencia para fortalecer la legitimidad de la reforma y reducir riesgos futuros.
2. En la economía mexicana, convertir los avances coyunturales en bienestar sostenible demanda diagnósticos completos y diálogo entre Gobierno, sector privado, academia y sociedad civil. La planeación financiera no debe responder sólo a necesidades inmediatas, sino proteger la capacidad del Gobierno para cumplir a futuro.
3. La seguridad pública ofrece otra lección. La reducción reciente de algunos indicadores debe estudiarse con rigor e identificar qué factores están funcionando, en qué territorios y bajo qué condiciones. Una política de pacificación duradera lo requiere.
4. Las nuevas atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación pueden fortalecer la revisión del gasto público, pero su efectividad dependerá de transparencia, profesionalización, controles y participación ciudadana.

En un entorno complejo, escuchar a quienes tienen conocimiento técnico, experiencia territorial y contacto directo con las consecuencias de las políticas puede marcar la diferencia.

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NOTA: Las opiniones vertidas por nuestros especialistas en los distintos medios informativos, reflejan su postura personal y no necesariamente la de México Evalúa.

¿Fortaleza económica o resiliencia?

Mariana Campos, directora de México Evalúa, analiza en su columna de El Universal, los 12 indicadores presentados recientemente por la presidenta para sostener que la economía mexicana atraviesa un momento de fortaleza. Entre ellos hay datos positivos que deben reconocerse: bajos niveles de desempleo, récords de inversión extranjera directa, aumentos salariales, reducción de la pobreza laboral, estabilidad financiera y buen desempeño exportador. Sin embargo, estos avances no significan que los desafíos estructurales de la economía estén resueltos. Una economía puede mostrar capacidad para resistir choques externos y, al mismo tiempo, mantener pendientes importantes para fortalecer su crecimiento de largo plazo. El reto no es sólo mantener la resiliencia, sino transformarla en prosperidad sostenible. Para ello, es necesario analizar los avances con perspectiva amplia y reconocer también las áreas de oportunidad que permitan construir confianza, crecimiento y bienestar duradero.

¿Confrontar desde la vulnerabilidad?

El Gobierno mexicano enfrenta un entorno marcado por el estancamiento interno y una relación cada vez más determinante con Estados Unidos, observa Luis Rubio, presidente de México Evalúa en su columna “¿Salidas?” publicada en Reforma. En lugar de aprovechar la coyuntura para construir acuerdos amplios, fortalecer la economía y atraer inversión, la estrategia adoptada ha privilegiado un discurso de confrontación. La experiencia histórica muestra que los mensajes dirigidos al público interno tienen costos cuando se desarrollan en un mundo interconectado. Hoy la relación bilateral impacta directamente en exportaciones, remesas, inversión y millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, por lo que la cooperación resulta indispensable. La confrontación con Washington ocurre mientras México mantiene vulnerabilidades económicas y depende profundamente del mercado estadounidense. Rechazar presiones externas es legítimo, pero debe acompañarse de acciones firmes contra la corrupción y de políticas que fortalezcan las instituciones nacionales.

La presidenta constituyente, el caso de la nueva reforma judicial

La reforma constitucional al Poder Judicial impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum modificó el calendario de la elección judicial al aplazarla de 2027 a 2028, una medida que permitirá atender presiones operativas y abrir un espacio para mejorar el proceso. Sin embargo, diversos sectores de la academia, la judicatura y la sociedad civil habían planteado ajustes adicionales derivados de la primera elección judicial de 2025: separar los comicios judiciales de las elecciones políticas, fortalecer la evaluación de las personas aspirantes y establecer certificaciones de competencias para garantizar perfiles adecuados. La reforma aprobada incorporó algunos cambios, como nuevas reglas de coordinación entre comités de evaluación, ajustes en candidaturas, paridad de género y homologación de procesos locales. No obstante, dejó pendiente la modificación de requisitos para ministros, magistrados y jueces, así como la creación de mecanismos objetivos que permitan verificar conocimientos y capacidades. Una reflexión del Programa de Justicia, publicada en Animal Político.

Más allá del Mundial: alternativas para fortalecer la seguridad y el Estado de derecho

El Mundial de futbol ocurrirá en un contexto de alta exposición internacional y con retos particulares en entidades donde persisten disputas criminales y riesgos asociados al control territorial. La seguridad pública requiere mirar más allá de los homicidios dolosos. Existen fenómenos como los homicidios psicosociales, los mercados ilícitos no convencionales, la circulación de armas ilegales y la presencia territorial de organizaciones criminales que afectan la vida cotidiana y revelan vulnerabilidades institucionales. Para avanzar hacia una pacificación duradera se requiere fortalecer las capacidades del Estado, diseñar prevención focalizada y dignificar las condiciones laborales policiales. También es necesario construir una política integral de armas y fortalecer la inteligencia para desarticular redes criminales. La reducción reciente de la violencia abre una oportunidad. Convertirla en una tendencia sostenible exige evidencia, evaluación y una estrategia institucional de largo plazo.

Necesario identificar las buenas prácticas para sostener la reducción de la violencia

En el último año, la violencia letal en México disminuyó 21%. Sin embargo, el país sigue siendo más violento que hace una década: desde 2015 aumentó 38% la violencia letal, con incrementos particularmente fuertes en otros delitos contra la vida (168%) y desapariciones (159%). La disminución reciente requiere una explicación técnica. Las autoridades no deben atribuirla únicamente a detenciones o programas sociales; también deben analizar factores institucionales, territoriales y de contexto. Para ello se propone crear una comisión independiente que evalúe qué está funcionando, bajo qué condiciones y cómo sostener los avances. El panorama es desigual: 18 entidades mantienen niveles de homicidio superiores a 2015. Destacan Colima, Morelos, Oaxaca y Veracruz, donde persisten disputas criminales y aumentos en distintos delitos asociados a la violencia. Aunque la reducción nacional es relevante, estados como Colima, Morelos, Sinaloa, Chihuahua y Baja California aún registran niveles de violencia considerados epidémicos. Un monitoreo mensual del Programa de Seguridad.

LOS NÚMEROS DE ERARIO

Menos recaudación y gasto obligatorio aumentan brecha presupuestaria

Las finanzas públicas cerraron el primer cuatrimestre con el segundo déficit más alto desde el año 2000, resultado de una economía desacelerada con mayores presiones de gasto. Los ingresos del sector público se redujeron en -2.2% frente al mismo periodo de 2025. La contracción se explica por menores ingresos petroleros y tributarios. El ISR disminuyó 6.2% real, incluso tras el periodo de declaraciones anuales, mientras el IVA apenas creció 0.4%. La combinación de menos recursos y más gasto generó un déficit 151% mayor en términos reales al del año anterior y cinco veces superior al crecimiento promedio de la última década. Aunque los Requerimientos Financieros del Sector Público parecen controlados por una transferencia al Fonadin, la tendencia permanece: una economía con poco dinamismo, una recaudación bajo presión y compromisos de gasto que limitan el margen fiscal. Un monitoreo mensual del Programa de Finanzas Públicas.

Incidir hoy: políticas públicas en acción

Oportunidades y retos para una nueva fiscalización en México

La fiscalización de los recursos públicos vive una etapa de transformación tras las reformas publicadas el 14 de mayo, que buscan fortalecer la rendición de cuentas, mejorar la gestión pública y recuperar la confianza ciudadana. Sin embargo, su éxito dependerá de que las nuevas atribuciones se acompañen de independencia, transparencia, profesionalización y reglas claras. El contexto exige atención: existen más de 9 mil asuntos pendientes, 89 mil 943 millones de pesos sin recuperar o aclarar desde 2019, riesgos de prescripción de responsabilidades y una limitada participación ciudadana. Las reformas incorporan mayor coordinación institucional, nuevas capacidades de análisis, mecanismos de denuncia y cambios en la profesionalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). No obstante, la concentración de decisiones en una sola institución plantea riesgos. Será necesario garantizar transparencia en los criterios para definir auditorías, aceptar denuncias, aplicar sanciones y modificar planes de revisión. También preocupa que el nuevo esquema de acceso a la información limite la apertura si no existen criterios estrictos de justificación. Un informe del Programa de Ciudadanía. 

La transparencia en México: un antes y un después

A finales del siglo pasado, pocos países contaban con normas para garantizar el derecho a saber. Con el nuevo milenio, una ola de reformas impulsada por la apertura comercial, las nuevas tecnologías, los tratados anticorrupción y la pluralidad política llevó a que 139 países adoptaran leyes o mecanismos de acceso a la información. Surgió entonces la agenda de gobierno abierto, con iniciativas en decenas de países para promover instituciones más transparentes y participativas. Sin embargo, en años recientes la transparencia enfrenta nuevos desafíos. El auge de discursos políticos que privilegian la polarización y el control de la información ha debilitado algunos avances. En México, la desaparición de órganos garantes y cambios institucionales han generado preocupaciones sobre la preservación del derecho a saber. En un contexto de baja confianza pública, contar con información verificable sigue siendo indispensable para fortalecer la democracia. Una opinión del Programa de Ciudadanía publicada en El Universal.

NUESTROS DATOS

Se debilita la inversión fija bruta

Nuevos datos confirman el debilitamiento de la inversión fija bruta en México. Este indicador refleja los recursos que empresas y gobiernos destinan a construir, ampliar o modernizar su capacidad productiva mediante infraestructura, maquinaria y equipo. Por ello, es uno de los principales termómetros de la confianza para invertir y del crecimiento económico futuro.

El INEGI  dio a conocer que tras varios años de crecimiento, la inversión entró en terreno negativo en 2025 y mantiene una tendencia de contracción en 2026. Ya suman 18 meses consecutivos de retrocesos, impulsados principalmente por una menor inversión en maquinaria y equipo.

¿Por qué importa? Porque la inversión de hoy es la que genera los empleos, la productividad y las oportunidades de mañana. Fortalecer las condiciones para la inversión será clave para atraer capital, impulsar el crecimiento económico y generar mayores oportunidades para el país.

PRÓXIMAMENTE

Radiografía de las Fiscalías en México: Evaluar para Fortalecer la Procuración de Justicia

Presentaremos este estudio que analiza, a diez años de la plena entrada en vigor del sistema acusatorio oral (2016), el desempeño de las 32 fiscalías estatales del país. Contará con la presencia de Bertha Alcalde Luján, Fiscal General de Justicia de la CDMX; Federico Fernández Montañez, Fiscal General de Justicia de Coahuila; Gerardo Vázquez Alatriste, Fiscal General de Justicia de Guanajuato; Ana Lorena Delgadillo, Especialista en derechos humanos, desaparición y migración; Hugo Concha Cantú, Investigador SNI especialista en justicia penal. Será presentado por Mariana Campos, directora de México Evalúa y Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia y responsable del estudio. 
 

– Junio 10 | 9.30 am (registro)
– Salón Caixa del Hotel Four Points, Álvaro Obregón 38, Roma Norte, CDMX
– Registro