La ruta correcta hacia la sensatez en las políticas públicas

En contextos complejos, la sensatez en la política pública proviene de la disposición a contrastar ideas con evidencia y a fortalecer los mecanismos institucionales. En cambio, cuando las decisiones se alejan de la evidencia o se entrampan en la polarización, incluso sistemas con instituciones sólidas enfrentan tensiones. La ruta correcta es que las autoridades apuesten por el diálogo informado y la cooperación técnica con la sociedad civil. 
 
El caso de las elecciones judiciales ilustra bien esta práctica. Diversos actores han coincidido en que ajustar el calendario y perfeccionar el modelo no implica retroceder, sino fortalecer la legitimidad e independencia del Poder Judicial.
 
En materia económica, contar con contrapesos técnicos —como un consejo fiscal independiente— puede ayudar a tomar decisiones más realistas y sostenibles. De igual forma, reducir barreras regulatorias y cerrar brechas entre norma e implementación permitiría aprovechar mejor oportunidades como el nearshoring, generando certidumbre para la inversión sin recurrir a medidas discrecionales.
 
Las políticas de seguridad pública muestran otro ámbito donde la evidencia y la colaboración son indispensables. La reciente reducción de la violencia es alentadora, pero requiere análisis cuidadoso: distinguir entre eficacia gubernamental, cambios en dinámicas criminales o posibles fallas en los datos es clave para evitar conclusiones apresuradas. Fortalecer la calidad de la información, focalizar intervenciones y recuperar capacidades de prevenciónpermitiría construir estrategias más efectivas y sostenidas.
 
Conoce aquí a detalle Nuestras Ideas para actuar con sensatez política y gracias por leernos semana a semana.

NOTA: Las opiniones vertidas por nuestros especialistas en los distintos medios informativos, reflejan su postura personal y no necesariamente la de México Evalúa. 

Las debilidades en el sistema estadounidense

En Estados Unidos —plantea Luis Rubio, presidente de México Evalúa en su columna “Paradojas”, publicada en Reforma— hay una combinación de fortalezas institucionales y debilidades persistentes. Su sistema limita abusos de poder y sustenta su capacidad de adaptación, pero enfrenta problemas como la indisciplina fiscal, retos demográficos y dificultades para gestionar los efectos del cambio tecnológico y el comercio. El sistema político fragmentado dificulta resolver temas clave como la migración: conviven la demanda de talento calificado y de mano de obra menos calificada, mientras la falta de acuerdos legislativos fomenta la migración irregular y la polarización ideológica. Así, problemas prácticos se convierten en disputas políticas sin solución. Estas tensiones también se observan en su política exterior, como en el conflicto con Irán, donde sus fortalezas económicas incluso robustecen al dólar. Para México, esta realidad implica retos y oportunidades: aunque la economía estadounidense ofrece ventajas, el país no ha sabido aprovechar plenamente esa relación.

Posicionamiento conjunto

Más de 150 organizaciones y personas unidas por el fortalecimiento de las elecciones judiciales en México

Diversos actores —autoridades, academia, legisladores y organizaciones civiles— coinciden en que la segunda elección judicial, prevista para 2027, debe aplazarse para corregir fallas detectadas en el nuevo modelo de elección popular de jueces. La preocupación central es que elegir más de 4 mil cargos judiciales al mismo tiempo que las elecciones intermedias partidistas, pondría en riesgo la independencia judicial y reproduciría problemas observados en 2025. Las propuestas de reforma convergen en cinco puntos: posponer la elección a 2028 para evitar la influencia partidista; elevar los filtros técnicos para garantizar candidaturas idóneas; mejorar el diseño y organización del proceso electoral; homologar la evaluación de aspirantes mediante un solo comité; y contar con más tiempo para perfeccionar el modelo. El objetivo no es revertir la reforma, sino fortalecerla para asegurar que contribuya realmente a la legitimidad, independencia y calidad de la justicia. Las organizaciones firmantes subrayan que postergar la elección judicial no significa retroceder, sino avanzar con responsabilidad hacia un proceso más confiable y capaz de ofrecer certeza jurídica a la ciudadanía. Un posicionamiento impulsado por el Programa de Justicia de México Evalúa.

La independencia judicial frente a la violencia contra los operadores de justicia

En el 195º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se analizó un problema creciente en la región: la violencia e inestabilidad que enfrentan jueces y juezas, fenómeno ligado al deterioro de contrapesos democráticos. Este órgano, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integra el sistema interamericano, que obliga a países como México a respetar, garantizar y adecuar sus normas a estándares de derechos humanos. En una audiencia regional en Guatemala, organizaciones y especialistas documentaron un patrón de erosión de la independencia judicial. En México, se señalaron cuatro riesgos: inestabilidad por la elección popular de jueces, presiones institucionales (como readscripciones), disciplina arbitraria y trato desigual entre juzgadores. La independencia judicial —clave para el Estado de derecho— requiere garantías de nombramiento adecuado, estabilidad y seguridad. Un recuento del Programa de Justicia publicado en Nexos.

Cuando el crecimiento no alcanza: México necesita mejores anclas fiscales

Los indicadores económicos del primer trimestre de 2026 apuntan a que la economía mexicana está prácticamente estancada, señala Mariana Campos, directora de México Evalúa, en esta columna de El Universal. El PIB habría caído respecto al trimestre previo y el crecimiento anual difícilmente superará el 1%. Mientras tanto, la Secretaría de Hacienda mantiene proyecciones optimistas de hasta 2.8%, pero el problema es que, si se sobreestima el crecimiento, también se sobreestiman los ingresos públicos. Cuando esos ingresos no llegan, aumenta la presión recaudatoria, lo que puede desalentar la inversión. Estamos ante un círculo vicioso: bajo crecimiento, menor recaudación, mayor presión fiscal, menor inversión y más estancamiento. Frente a este panorama, México necesita un consejo fiscal independiente que evalúe los supuestos macroeconómicos y fiscales del gobierno. Experiencias internacionales muestran que estos organismos mejoran la disciplina fiscal, reducen déficits y fortalecen la credibilidad de la política económica.

¡A romper barreras! Cómo detonar la inversión en México. Propuestas para solucionar brechas regulatorias en el ámbito subnacional

El nearshoring representa una oportunidad histórica para México, pero aprovecharla no depende en buena medida de la capacidad del país para eliminar barreras regulatorias que frenan la inversión. La serie de estudios “¡A romper barreras! Cómo detonar la inversión en México”, realizada por el Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa —y que el presente documento compila—, analizó 237 regulaciones locales en ocho estados estratégicos y detectó 3,015 oportunidades de mejora regulatoria. Las barreras a la inversión se concentran en trámites para abrir y operar empresas: licencias de funcionamiento, construcción y medio ambiente. A esto se suma una brecha preocupante entre regulación e implementación: menos de la mitad de los trámites identificados están disponibles en portales oficiales, mientras cientos operan sin sustento normativo claro, abriendo espacio a discrecionalidad y corrupción. El impacto económico es directo: en algunas entidades, los retrasos regulatorios pueden generar costos de oportunidad superiores a 5 millones de pesos por empresa.

¿Quién realmente está pagando el alza al precio del petróleo?

Ante el alza internacional del petróleo en 2026, el gobierno mexicano ha optado por una política fiscal más prudente que en 2022: redujo drásticamente los subsidios a las gasolinas, evitando pérdidas fiscales masivas. Mientras en 2022 el apoyo promedio fue de 7.8 pesos por litro y costó 284 mil millones de pesos, en 2026 el subsidio es de apenas 2.09 pesos, con un costo estimado de 15.5 mil millones. Esto protege recursos públicos y evita recortes en áreas prioritarias, además de reducir una política regresiva que beneficia más a los hogares de mayores ingresos. Sin embargo, la presión no desapareció: se trasladó a los gasolineros mediante acuerdos “voluntarios” para mantener precios tope. Aunque esto ha contenido los precios al consumidor, varios expendios —especialmente pequeños— operan con márgenes negativos, sobre todo en diésel. Así, el costo político de no subir precios se desplaza al sector privado, afectando la viabilidad de negocios, la inversión y la confianza en las reglas del mercado. Un análisis del Programa de Gasto Públicopublicado en Animal Político.

Tendencia a la baja en homicidios debe leerse con cautela

En el primer trimestre de 2026, México registra una disminución relevante en la violencia letal frente a 2025: homicidio doloso (-33%), otros delitos contra la vida (-24%), desapariciones (-23%), feminicidio (-15%) y una caída total de 22%. Sin embargo, esta tendencia debe leerse con cautela y no atribuirse a una sola causa. México Evalúa plantea tres hipótesis: la eficacia de políticas públicas (acciones preventivas y operativas coordinadas), la consolidación de regímenes criminales que “administran” la violencia en ciertos territorios, y posibles inconsistencias en los datos por subregistro o criterios dispares en fiscalías. Aunque se observa mayor actividad gubernamental —programas sociales, decomisos y detenciones—, no es posible identificar con precisión qué explica la reducción. En política pública, se propone focalizar acciones en estados donde la violencia aumenta, evaluar qué prácticas funcionan en territorios con mejoras y fortalecer la calidad y gobernanza de los datos. Un monitoreo mensual del Programa de Seguridad.

¿Y la atención a las causas de la violencia?

Tres hechos recientes —el ataque armado en Teotihuacán, el asesinato de una joven en Polanco y el homicidio de dos maestras en Michoacán— evidencian que la violencia en México también es psicológica, individual e ideológica, y no responde sólo a incentivos económicos. Estos casos muestran los límites de la política de “atención a las causas”, necesaria pero hoy insuficiente por su falta de precisión ante la diversidad de violencias. Aunque el Plan Nacional de Desarrollo y el Consejo Nacional de Seguridad incluyen la prevención como eje, ésta sigue confundida con política social: privilegia becas y apoyos, pero carece de intervenciones criminológicas focalizadas. Fortalecer la prevención exige redefinirla como una política pública integral: intervenciones específicas basadas en evidencia, presupuesto suficiente, reglas claras, evaluación rigurosa y estrategias para riesgos digitales. Una opinión del Programa de Seguridad publicada en El Sol de México.

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