La construcción de instituciones: un proyecto compartido y de largo plazo

México no parte de cero: cuenta con experiencia, capacidades institucionales y una sociedad civil activa. Sin embargo, hoy se abre una oportunidad que exige prudencia, porque cuando el poder se concentra sin contrapesos sólidos, las políticas pueden ganar en rapidez, pero perder en certidumbre, transparencia y legitimidad.
 
La política fiscal es un punto de partida clave. Impulsar la inversión privada y extranjera mediante reformas presupuestarias conlleva riesgos para la sostenibilidad fiscal. Al mismo tiempo, si la consolidación fiscal se logra recortando la inversión pública —como ha ocurrido recientemente—, se compromete el crecimiento futuro. Ante estos dilemas, el diálogo entre autoridades y sociedad civil puede enriquecer las decisiones presupuestarias: permite alinear prioridades con evidencia y garantizar la transparencia en el uso de los recursos.
 
El presupuesto no es neutro: define las capacidades del Estado para cumplir sus funciones y fomentar el desarrollo. Impacta directamente en ámbitos como la salud o el Estado de derecho. Este último es un ejemplo claro: fiscalías, tribunales y defensorías requieren más recursos, pero también reglas claras de asignación y evaluación. La impunidad, cercana al 90%, refleja tanto fallas operativas, como presupuestarias. La necesidad de un Estado fuerte y transparente se vuelve aún más evidente frente a la violencia letal y su medición. Los vacíos en los registros y la escasa apertura de las investigaciones muestran que la respuesta institucional debe construirse pensando en las víctimas —especialmente en temas como las desapariciones— y con acompañamiento técnico. La colaboración puede traducirse en mejores datos, diagnósticos más precisos y acciones más efectivas.
 
Así, mientras la concentración de poder puede ser una coyuntura, la construcción de instituciones debe ser, en cambio, un proyecto compartido y de largo plazo.
 
Conoce aquí a detalle Nuestras Ideas para construir certidumbre a largo plazo  y gracias por leernos semana a semana.

NOTA: Las opiniones vertidas por nuestros especialistas en los distintos medios informativos, reflejan su postura personal y no necesariamente la de México Evalúa. 

La peligrosa apuesta por la concentración del poder

Desde inicios del siglo XX, pensadores y analistas han cuestionado si México puede construir un sistema capaz de generar estabilidad y prosperidad, elabora Luis Rubio, presidente de México Evalúa en su columna “Lo necesario”, publicada en Reforma. Ante sus limitaciones institucionales, en los años noventa el país apostó por el TLC como un mecanismo para “importar” de Estados Unidos certidumbre jurídica. Treinta años después, este esquema de reglas claras ha sido clave para el crecimiento exportador y la transformación de regiones enteras. Sin embargo, amplias zonas aún permanecen rezagadas y la política nacional no ha logrado generar certidumbre propia. Aunque el TLC impulsó cierto andamiaje institucional, éste dependió más de la voluntad presidencial que de su solidez, lo que explica su debilitamiento reciente.

Plan México vs. política fiscal: las tensiones entre ambición y realidad 

El Gobierno presentó tres instrumentos clave que, en conjunto, revelan una tensión entre una ambiciosa meta de crecimiento y una realidad fiscal restrictiva, reflexiona Mariana Campos, directora de México Evalúa en su columna publicada en El Universal. Se trata del Plan México, de los Pre-Criterios 2027 y de las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica. El Plan México busca llevar al país al top 10 mundial, pero los Pre-Criterios estiman un crecimiento insuficiente para competir con economías como Corea del Sur o Canadá. Además, Hacienda apuesta por reducir el déficit y contener la deuda. Ello, sumado a la rigidez del gasto por pensiones, intereses y transferencias, reduce los recursos para inversión productiva. Por último, las reformas propuestas relajan la regla del gasto corriente y reducen los rubros sujetos a control, lo que debilitaría la disciplina fiscal. México necesita certidumbre jurídica, fortalecimiento institucional y una política industrial efectiva para recibir más inversión estratégica. Sin ello, el Plan México puede quedar como una aspiración sin sustento real.

Reforma presupuestaria: apuesta por la inversión, con riesgos para la sostenibilidad fiscal

La reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar busca mejorar la planeación y ejecución de proyectos estratégicos. Entre sus avances destaca la obligación de proyectar compromisos de gasto a cinco años, lo que da mayor certidumbre y mejora la planeación de mediano plazo. También permitiría acelerar contrataciones para obras prioritarias. Sin embargo, esta flexibilidad implica riesgos. Iniciar contrataciones sin recursos asegurados puede generar incertidumbre, limitar la competencia —sobre todo para pymes—, encarecer proyectos y reducir el margen de control del Congreso sobre el presupuesto. La reforma llega en un contexto fiscal delicado. En 2025 la inversión física cayó a su menor nivel desde 2008, mientras el déficit y la deuda pública siguen elevados. En este escenario, relajar reglas fiscales debilita los controles sobre el crecimiento del gasto y el uso del endeudamiento. México necesita invertir más, pero con reglas claras, disciplina fiscal y mecanismos sólidos de transparencia. Un análisis del Programa de Gasto Público.

Recorte a Pemex ayuda al balance público en febrero, pero afecta inversión

En febrero se observó una mejora en el balance fiscal respecto al año previo: el déficit tuvo una reducción real de 37.5%. Este ajuste se explica principalmente por un fuerte recorte al gasto de Pemex, que cayó 56.2% anual y se ubicó en su nivel más bajo desde 2007. El recorte fue mayor al programado, lo que explica cerca de dos tercios de la disminución del déficit. Sin embargo, esta reducción se concentró en inversión física, que se desplomó 78%, afectando la capacidad productiva de la empresa y contribuyendo a que la inversión pública total cayera a mínimos históricos. Por el lado de los ingresos, el crecimiento fue débil: aumentaron apenas 2%, el menor ritmo en cuatro años, debido a la caída de 9.1% en ingresos petroleros y a un modesto avance de 2.6% en la recaudación tributaria. En este contexto, la estrategia fiscal mantiene el patrón observado en 2025: contener el déficit mediante recortes a la inversión. Un monitoreo mensual  del Programa de Gasto Público.

¿La falta de recursos es la causa de los niveles de impunidad en México?

La impunidad en México alcanza 89% incluso entre los casos que ya entran al sistema de justicia: sólo uno de cada diez se resuelve de forma eficiente. Nuestro reporte Radiografía de la Impunidad en México 2024 y la plataforma Data Justicia, muestran que el problema no sólo radica en la operación institucional, sino en la insuficiencia de recursos. El diagnóstico revela fiscalías, defensorías y tribunales con falta de capacitación, escasa coordinación, mala gestión de casos y presupuestos limitados. Muchas instituciones carecen de condiciones mínimas para cumplir su función, lo que impide exigir mejores resultados sin fortalecer primero sus capacidades. La escasez de jueces ilustra el rezago: en 2024 México promedió apenas 1.1 jueces penales por cada 100 mil habitantes, muy lejos de los 21.9 jueces profesionales por cada 100 mil en Europa. Además, la carga de trabajo por juez penal casi se cuadruplicó entre 2019 y 2024: de 121 a 449 causas. Un análisis del Programa de Justiciapublicado en El Sol de México.

Personas desaparecidas: datos, preguntas y necesidades

El diálogo realizado en el CIDE entre autoridades y sociedad civil abordó el estado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. De 132,534 casos, 36% tiene información insuficiente, 31% presenta actividad posterior al registro y 33% no muestra movimientos. De estos últimos, sólo 2.9% cuenta con carpeta de investigación. El Gobierno aclaró que no hubo reclasificación, pero las cifras evidencian fallas estructurales: registros incompletos, débil capacidad institucional y una profunda desconfianza ciudadana en la denuncia. Especialmente grave es la baja apertura de investigaciones, que refleja una desconexión entre autoridades y víctimas. El cruce de datos plantea dudas: la actividad posterior no garantiza que las personas estén con vida, pues puede haber suplantación o uso indebido de identidades. Esto exige revisiones caso por caso. Un análisis del Programa de Seguridad publicado en Animal Político.

Reducción de la violencia letal en el primer bimestre de 2026 necesita ser explicada

En el primer bimestre de 2026, México registró una reducción inédita en todos los indicadores de violencia letal frente al mismo periodo de 2025: homicidio doloso (-34%), desapariciones (-29%), otros delitos contra la vida (-18%), feminicidio (-12%), homicidio culposo (-3%) y una baja agregada de 22%. Aunque es una señal positiva, más que celebrar de forma apresurada, el Estado debe investigar con rigor las causas de esta baja. Este esfuerzo debe hacerse con víctimas, academia y sociedad civil, con enfoque territorial, de derechos humanos y acceso a la justicia. Existen al menos tres hipótesis que deben probarse: que la baja responda a políticas públicas eficaces; que derive del control territorial del crimen organizado; o que refleje inconsistencias y subregistro en los datos. A partir de ello, se requieren tres acciones: focalizar la contención en zonas críticas, identificar y replicar buenas prácticas locales, y mejorar la calidad de los datos. Sólo así podrá construirse una política de seguridad legítima, eficaz y orientada a una pacificación con justicia. Un  monitoreo mensual  del Programa de Seguridad.

Primeras reflexiones del Servicio Universal de Salud: aciertos y riesgos

El anuncio del Servicio Universal de Salud plantea una meta valiosa —reconoce Mariana Campos, directora de México Evalúa en esta columna de opinión publicada en nuestro sitio web—: permitir que cualquier persona se atienda en instituciones como el IMSS, el ISSSTE o IMSS Bienestar. En teoría, esto podría reducir tiempos de espera y aprovechar mejor la infraestructura. Sin embargo, sin reglas claras, el proyecto genera más dudas que certezas. El principal riesgo es asumir que todas las instituciones tienen capacidades similares. Hoy existen profundas brechas de infraestructura, personal y equipamiento. Sin una inversión previa para homologar la calidad, el libre tránsito de pacientes puede saturar las unidades más fuertes y profundizar la precariedad de las más rezagadas. También hay incertidumbre sobre el paquete de servicios y su financiamiento. Si no se destinan recursos adicionales, universalizar la atención implicaría redistribuir carencias: presionar la calidad del servicio e incluso afectar incentivos para la formalidad laboral. Que la credencialización quede en manos de la Secretaría de Bienestar, y no de la Secretaría de Salud, abre riesgos de politización y uso inadecuado de datos sensibles.

Romper barreras regulatorias para que la CDMX lidere el nearshoring 

La Ciudad de México tiene el potencial de consolidarse entre las ciudades más atractivas del mundo para invertir, expresa Mariana Campos, directora de México Evalúa en esta columna publicada en El CEO. Sin embargo, enfrenta barreras regulatorias que frenan su desarrollo. Un diagnóstico de México Evalúa identificó 35 trámites vinculados al nearshoring; 60% se concentran en la apertura de negocios, justo donde más se requiere agilidad. El estudio detectó una brecha crítica: de 23 trámites previstos en la regulación, sólo 13 están registrados oficialmente. Esto genera incertidumbre, discrecionalidad y desincentiva inversiones. Además, esperar los tiempos máximos regulatorios puede costar entre 125 mil y 3.78 millones de pesos por empresa: recursos que dejan de traducirse en empleos, innovación y crecimiento.

NUESTROS DATOS

PRÓXIMAMENTE

El equipo del Programa de Justicia presentará vía webinar su estudio de caso “Justicia Digital. Tecnología aplicada a la investigación criminal en México”. 

• 16 de abril, 2026 |10.00 hrs