La abogacía digital en México: una propuesta para cerrar la brecha tecnológica

En México la profesión jurídica se ha diversificado en las últimas décadas, creando así nichos sustancialmente distintos entre sí. En cada uno de ellos se han adoptado herramientas tecnológicas en grado variable, como consecuencia de diversos factores como la disponibilidad de recursos, el desarrollo de habilidades en el uso de estas herramientas y la legislación existente. 

Con lo anterior se ha generado una brecha en la profesión jurídica respecto del uso de nuevas tecnologías. Mientras que algunos profesionales están familiarizados con el uso de este tipo de herramientas e incluso han desarrollado algunas, otros han permanecido rezagados ante el cambio tecnológico. Esta brecha, que se ha visibilizado especialmente a raíz de la pandemia de covid-19, ha causado importantes desigualdades en el acceso a la justicia –cuando se trata de los poderes judiciales–, diferencias en el tipo de servicios jurídicos ofrecidos –cuando se trata de litigantes– y un cambio importante en los esquemas laborales que determinan a la profesión. 

Para cerrar esta brecha, se recomienda dirigir recursos al desarrollo y la mejora de infraestructura tecnológica en todo el país –en particular a instituciones públicas de justicia–, impulsar el desarrollo de proyectos de tecnología legal, incluir la adquisición de competencias digitales en la educación jurídica, repensar la formación continua, diseñar planes para adaptar los centros de trabajo a los nuevos esquemas laborales e integrar reglas que incentiven el desarrollo de la tecnología en la regulación de la profesión jurídica de manera responsable.