IMSS y el Servicio Universal de Salud, ¿más leña al fuego?

El riesgo es que la universalidad profundice la crisis en el IMSS: que se pague con cuotas de trabajadores formales, que empeore la atención de sus derechohabientes, y se eleven las cargas del personal de salud. 

Por Mariana Campos (@mariana_c_v) | Publicada en: El Universal

Se dijo que el Servicio Universal de Salud (SUS) arrancaría el 1 de enero de 2027. Sin embargo, el proyecto de presupuesto para ese año apenas le destina una cantidad mínima en el programa R038. De las instituciones de salud del sector público, particularmente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no recibirá nada de esa partida. Falta también la definición de políticas y procedimientos para darle viabilidad operativa. Es decir, tarifas, compensación definida entre instituciones y estimaciones públicas de flujos de pacientes y costos. La pregunta es ¿qué ocurrirá si el presupuesto no alcanza? 

El telón de fondo de un problema mayor

El sistema de salud mexicano sigue segmentado por condición laboral. El 55% de las personas ocupadas en el país está en la informalidad y cerca de la mitad de la población no tiene seguridad social. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, el gasto para asegurados (767 mil millones) es 126% mayor que el destinado a no asegurados (339 mil millones). Es también la brecha más amplia desde 2004: 11 mil 744 pesos por persona asegurada frente a 5 mil 284 por persona sin seguridad social.

El SUS ocasionará que personas sin seguridad social emigren a los servicios de salud de los distintos sistemas de seguridad social, ya que cuentan con mejores servicios, especialmente para atender cirugías y enfermedades de alto costo. El IMSS es el servicio de salud que más podría ver crecer la demanda por este tipo de servicios.

Aun así, el PPEF 2027, presentado por el Poder Ejecutivo en septiembre, no asigna al IMSS recursos del programa del SUS. El SUS promete cerrar la brecha en el acceso, pero no en el financiamiento. Con una previsión acotada, la universalización se construye sobre un seguro médico del IMSS que ya opera con déficit.

El déficit en el IMSS ya existe

El seguro de enfermedades y maternidad del IMSS operó en 2025 con un déficit de 151 mil 127 millones de pesos —cifra que podría explicar parte de la crisis que atraviesa el Instituto—. Entre 2020 y 2025, esa brecha representó el 23% de los ingresos del seguro médico. Sin cambios, seguirá creciendo. A eso se suma que la reforma de enero de 2026 eliminó la asignación obligatoria del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) para enfermedades de alto costo, como cáncer, insuficiencia renal, VIH y hemofilia, cuya continuidad de tratamiento el SUS incluye desde su primera etapa.

Ahora bien, si el IMSS atiende a un paciente del IMSS-Bienestar —que es el organismo público que atiende a personas sin seguridad social—, parte del costo del tratamiento podría cubrirse con recursos del seguro médico del IMSS. Es decir, con las cuotas que pagan trabajadores y patrones y las aportaciones del Gobierno federal. Es decir, con dinero ya etiquetado para la atención de sus derechohabientes. 

No debemos echarle más leña al fuego. El IMSS ya tiene suficientes limitaciones como para aumentar sus problemas. 

En la Cámara de Diputados hay legisladores dando señales de querer discutir y enmendar esta omisión. El programa IMSS-Bienestar (ojo, no el organismo público, aunque tengan el mismo nombre) durante décadas sirvió para atender a personas sin seguridad social dentro del propio IMSS. Esta instancia operaba bajo el programa presupuestario S038, que, según el diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba, no recibe recursos federales desde 2025. El PPEF 2027 tampoco le asignó recursos. El punto es que el IMSS ya financiaba atención de población sin seguridad social antes del arranque del SUS. Por lo tanto, deberían etiquetarse recursos directos a este programa para que el IMSS pueda recibir a pacientes de otros sistemas.

Una de las propuestas en discusión, la del PPEF 2027, destina una cantidad mínima al SUS, un monto de 3 mil 510 millones al programa R038: 2 mil 500 para el organismo público IMSS-Bienestar, 466 para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 544 para hospitales federales e institutos nacionales. Ese rubro en específico no prevé recursos para el IMSS ni para los servicios de salud de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El decreto del 17 de abril de 2026 fijó plazos para emitir los instrumentos que harán operar el SUS: 60 días hábiles para los mecanismos de compensación entre instituciones y 90 días hábiles para los lineamientos de acceso y operación, a partir de la constitución de los comités. 

Sin tarifas no hay compensación posible; sin mecanismos de pago, las instituciones no reciben lo que les corresponde; sin estimación de demanda, no se sabe si alcanzarán los 2 mil 500 millones para el IMSS-Bienestar.

Pago sin reglas

Existe disposición a pagar, pero faltan los convenios o esquemas para aprovecharlos. Los hogares ya financian la salud, pero sin reglas ni mancomunación. Entre 2018 y 2024, el promedio trimestral de gasto en salud de las familias aumentó 41% en términos reales; el gasto en medicamentos creció más de 100%. 

En 2024, 1.11 millones de hogares , 2.9% del total, tuvieron un gasto catastrófico en salud. La afiliación al IMSS reduce ese riesgo: sólo 0.9% de los hogares encabezados por afiliados al IMSS tuvo gasto catastrófico, frente a 1.7% en el ISSSTE, 2.0% entre trabajadores subordinados sin seguridad social y 4.1% entre independientes. Además, los hogares del IMSS destinan 1.4% de su ingreso a la salud, frente a 2.7% de los independientes.

Ese gasto muestra que ese dinero ya existe, pero un peso gastado de bolsillo no protege contra un evento grave. Una cuota pagada por adelantado distribuye el riesgo o, si es pagada al momento de recibir el servicio, permite compensar la falta de presupuesto para los pacientes que no cuentan con seguridad social.

Hay tres vías para resolver

La primera es la incorporación oficial al IMSS con aportaciones diferenciadas por ingreso. Hoy el Seguro de Salud para la Familia cuesta entre 9 mil 300 y 22 mil 150 pesos anuales por persona y el régimen voluntario suma 628 mil personas; el precio no está calibrado por capacidad de pago.

La segunda es el copago en servicios específicos, con topes y exenciones. El antecedente es el Seguro Popular. Puede recaudar y ordenar demanda.

La tercera es la complementariedad con el sector privado mediante aseguramiento. 

Qué hacer antes del arranque

Lo que realmente está en juego es que el IMSS cuente con recursos para operar el SUS. Hoy su seguro médico ya opera con déficit y el proyecto de presupuesto no le asigna nada del programa R038, aunque podría recibir pacientes de otras instituciones. Por eso, la medida central es una reserva de compensación con monto explícito que incluya al IMSS, lo que implica una decisión presupuestal. Para que esa reserva funcione, antes de 2027 se necesita una estimación pública de demanda y costo por institución, tarifas basadas en costos observados y plazos de pago exigibles. 

El SUS es una oportunidad para corregir décadas de segmentación y desigualdad. Pero sin financiamiento con reglas claras corre el riesgo de pagarse con las cuotas de los trabajadores formales y deteriorar más al IMSS una prestación clave del sector formal de la economía.