Estados más violentos sin mejoría pese a estrategias de seguridad

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Las estrategias implementadas en los estados donde la violencia se agrava, parecen encontrarse estancadas, o bien ser ineficaces para contener la escalada criminal.

La pacificación del territorio continúa siendo un desafío. Pese a la reducción nacional en el registro de homicidios dolosos, 16 estados siguen registrando condiciones preocupantes de violencia letal. 

El elevado número de víctimas en muchos de estos estados es producto tanto del reacomodo violento del control territorial del crimen por conflictos internos entre organizaciones, como de las políticas federales de debilitamiento operativo, y de la presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos para desmantelar organizaciones criminales internacionales.

Este mes se observa un cambio relevante en dos entidades:

• Tabasco empeoró al presentar un incremento anual, pasando de un balance negativo a uno muy negativo.
• Durango registró una mejora, al transitar de condiciones regulares a un escenario positivo.

Dado que no se observan avances significativos en materia de pacificación, especialmente en los estados donde la violencia se agrava, las estrategias implementadas parecen encontrarse estancadas o, en ciertos casos, resultan ineficaces para contener la escalada criminal.

Michoacán representa un caso particular: aunque actualmente reporta una reducción en la violencia letal que lo sitúa cerca de un balance positivo, ello no garantiza que el escenario se mantenga. 

A partir de noviembre arrancó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia —una intervención federal con más de 100 acciones, inversión de más de 57 mil millones de pesos y 12 ejes estratégicos—. Sin embargo, esta intervención no incluye componentes sólidos de sostenibilidad institucional a nivel local como una mejora sustantiva de las condiciones laborales de las policías o el empoderamiento institucional del municipio en su conjunto. 

Por esas omisiones, es que existe un riesgo real de que los progresos en Michoacán se reviertan: las organizaciones criminales podrían fragmentarse a causa del combate frontal impulsado desde la federación, llevando al estado de un balance negativo a uno muy negativo.En resumen, la política pública actual a nivel federal es parcialmente efectiva, con resultados más visibles donde coexiste con estrategias locales robustas. En ausencia de este componente la intervención federal genera presiones, pero no resuelve el conflicto; el impacto es temporal; y el riesgo de reversión —o escalamiento— se mantiene alto.

Recomendaciones de política pública

• Reorientar la estrategia de seguridad pública hacia esquemas de pacificación estructural. Las intervenciones deben incluir mecanismos de fortalecimiento institucional local, no solo acciones tácticas. Sin capacidades locales sólidas el combate frontal genera fragmentación criminal.
• Implementar estrategias multinivel y multirregionales para mitigar el desplazamiento de la violencia. Especialmente, el caso de Sinaloa muestra que la presión operativa en un estado puede trasladar la conflictividad a territorios vecinos. Es necesario coordinar diagnósticos regionales, con estrategias compartidas entre entidades contiguas. 
• Convertir experiencias exitosas (Yucatán, Coahuila) en laboratorios de pacificación replicables. Documentar y sistematizar buenas prácticas locales, profesionalización policial, incentivos laborales y coordinación intergubernamental, para diseñar modelos adaptables a contextos de alta conflictividad. 
• Incorporar sistemas de alerta temprana para entidades en condición de vulnerabilidad. Estados con balances “regulares” o “cercanos al promedio nacional” como CDMX o Nayarit deben recibir intervención preventiva antes de que escalen a escenarios negativos. Debe incluir análisis dinámicos de riesgos y respuesta que integren componentes operativos, sociales, institucionales y de inteligencia.
• Vincular la prevención del desplazamiento y fragmentación criminal en las políticas de desarrollo territorial. Programas como el Plan Michoacán deben incorporar componentes que fortalezcan la sostenibilidad local (gobernanza municipal, políticas sociales con perspectiva criminal, regulación económica y recuperación de espacio público). Sin ello, el combate frontal puede acelerar la atomización del conflicto