Toda democracia enfrenta la tensión de preservar lo que funciona y transformar lo que ya no responde a las necesidades...
Toda democracia enfrenta la tensión de preservar lo que funciona y transformar lo que ya no responde a las necesidades de la sociedad. La continuidad puede aportar estabilidad y certidumbre, pero también corre el riesgo de proteger intereses que han dejado de servir al bien común. La tarea de gobernar exige escuchar las señales, reconocer las áreas de mejora y abrir espacios para la deliberación pública.
La propuesta de una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas ilustra este desafío. El objetivo de evitar la infiltración criminal en la política es legítimo. Sin embargo, el fenómeno va más allá de las candidaturas individuales y puede manifestarse mediante financiamiento ilícito, violencia o corrupción. Atender estas preocupaciones permitiría construir mecanismos más eficaces y transparentes.
Algo similar ocurre con la reforma a las elecciones judiciales. Su aplazamiento a 2028 abre oportunidades que no se deben desdeñar para evitar que fallas de diseño afecten la independencia judicial, la certeza jurídica y la calidad de la justicia en México.
También el caso del Infonavit es ejemplo de esto. Ampliar el acceso a la vivienda es una meta necesaria, pero debe hacerse preservando el ahorro de los trabajadores.
La clave de gobernar está en colocar el bienestar colectivo por encima de cualquier interés particular. Cuando las políticas públicas se diseñan desde la apertura, la evidencia y la colaboración, la continuidad deja de ser una obligación y se convierte en una elección respaldada por resultados que benefician a todos.
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NOTA: Las opiniones vertidas por nuestros especialistas en los distintos medios informativos, reflejan su postura personal y no necesariamente la de México Evalúa.
No se debe atacar al mensajero sino actuar ante el mensaje

El grado de inversión, clave para atraer capital y reducir el costo de la deuda pública, enfrenta riesgos crecientes, advierte Luis Rubio, presidente de México Evalúa en su columna “Continuidades” publicada en Reforma. ¿La respuesta oficial a ello? Cuestionar a las calificadoras en lugar de atender las señales que emiten. México mantiene estabilidad fiscal relativa, pero registra bajo crecimiento, una deuda en aumento y un deterioro gradual de sus instituciones. La interrogante central es si ese deterioro seguirá siendo manejable o derivará en una corrección de rumbo o una crisis profunda: una “discontinuidad”. Históricamente, México ha enfrentado episodios de este tipo gracias a instituciones sólidas y capacidades técnicas que hoy parecen debilitadas. El reto consiste en reconocer la complejidad del momento y construir respuestas nuevas, en lugar de aferrarse al statu quo. Para México, la salida no está en la continuidad por sí misma, sino en la capacidad de imaginar y construir un nuevo rumbo.
¿Candidaturas con integridad o verificaciones a modo?

La propuesta del Gobierno federal para crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas busca evitar la infiltración criminal en las elecciones, un objetivo legítimo. Sin embargo, la iniciativa concentra la atención en las candidaturas riesgosas, cuando la influencia criminal suele operar más bien mediante financiamiento ilícito, violencia política, intimidación, corrupción y captura de gobiernos locales. Las organizaciones criminales pueden adaptarse fácilmente postulando perfiles aparentemente limpios y ejercer presión después mediante amenazas. Por ello, limitar la respuesta pública a filtros de candidaturas haría poco para frenar procesos más amplios de dominio criminal. Además, la propuesta incorpora a instituciones de seguridad e inteligencia en decisiones con consecuencias electorales. Aunque no puedan vetar candidatos, sí generarían información con potencial impacto político. Esto abre riesgos de uso selectivo de expedientes o reportes para favorecer o debilitar candidaturas. Un cuestionamiento del Programa de Seguridad publicado en Expansión.
¿“Ficha limpia” de candidaturas a la mexicana?

La iniciativa presidencial para crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas busca impedir que personas vinculadas con corrupción o crimen organizado lleguen a cargos públicos. La propuesta retoma debates similares a los de la Ley Ficha Limpia de Brasil, que permitió vetar miles de candidaturas, incluido el hoy presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aunque posteriormente se cuestionó la imparcialidad de su proceso judicial. En México, la discusión surge ante la preocupación por la infiltración criminal y los expedientes abiertos en Estados Unidos contra actores ligados al narcotráfico. El mecanismo propuesto presenta tres problemas. Primero, es voluntario: partidos y candidatos pueden decidir no someterse a la revisión. Segundo, es confidencial, por lo que la ciudadanía no conocerá los riesgos detectados. Tercero, depende de información generada por instituciones de seguridad sin autonomía electoral, lo que abre dudas sobre posibles sesgos o usos políticos. La iniciativa evidencia una deuda pendiente: contar con filtros más rigurosos y mayor transparencia sobre quiénes buscan gobernar y bajo qué condiciones. Un breve análisis del Programa de Ciudadanía publicado en Animal Político.
Aplazar las elecciones judiciales a 2028 podría dar tiempo a mejorar el proceso de selección
México Evalúa y la Red por la Independencia Judicial advierten la necesidad de revisar el modelo de elección de personas juzgadoras por voto popular tras los aprendizajes del proceso electoral de 2025. Diversos actores han advertido problemas como la falta de estándares homogéneos para evaluar aspirantes, ausencia de filtros técnicos y poca información para un voto informado. La iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum incorpora avances relevantes: aplazar la elección judicial de 2027 a 2028, homologar criterios de evaluación, prohibir la intervención partidista y devolver el conteo de votos a la ciudadanía en casillas. El año adicional podría aprovecharse para corregir deficiencias del modelo actual. Sin embargo, esa reforma no establece certificaciones obligatorias de competencias técnicas y éticas ni mecanismos previos de evaluación para aspirantes.
El ahorro del trabajador y el nuevo Infonavit constructor

El dinero de la Subcuenta de Vivienda del Infonavit pertenece al trabajador formal y hoy suma 2.29 billones de pesos. Entre 2014 y 2024, se garantizaron rendimientos al menos iguales a la inflación, con un promedio real de 2.1% anual, similar a los Cetes pero sin pérdidas reales. El problema comenzó en 2025. La reforma a la Ley del Infonavit eliminó la fórmula que vinculaba el rendimiento al desempeño financiero del Instituto. Ahora basta con “preservar el poder adquisitivo”. Al mismo tiempo, una reforma constitucional permitió al Instituto construir y rentar vivienda social, convirtiéndolo en una especie de “Infonavit constructor”. Aunque busca atender el déficit habitacional, esto implica riesgos: sobrecostos, corrupción, obras fallidas y pérdidas financiadas con el ahorro de los trabajadores. El problema no es hacer vivienda social, sino hacerlo poniendo en riesgo el ahorro de millones de trabajadores. Una opinión del Programa de Finanzas Públicas publicada en El Sol de México.
¡A romper barreras! Cómo detonar la inversión en México: Caso Yucatán

Yucatán es uno de los principales ejes de desarrollo industrial y tecnológico del sureste del país, con condiciones favorables para ser destino preferente de inversión extranjera vinculada al nearshoring. Sin embargo, el Programa de Regulación y Competencia identificó y documentó obstáculos regulatorios, administrativos y energéticos que están frenado su potencial. El estudio analiza el entorno normativo estatal y municipal en Mérida, Valladolid y Umán —municipios que concentran más del 79% de la actividad económica vinculada al nearshoring en la entidad— y detectó 295 oportunidades de mejora regulatoria, de las cuales más del 85% corresponden a ineficiencias gubernamentales y burocráticas. El principal reto es acelerar la simplificación de trámites y fortalecer la infraestructura energética antes de que la oportunidad se cierre.
NUESTROS DATOS
¡Y conste que Yucatán no es el único estado con trámites fantasma!
Nuestra más reciente entrega de la serie sobre mejora regulatoria “¡A romper barreras! Cómo detonar la inversión en México” fue el estado de Yucatán y sus tres municipios más relevantes para el nearshoring. Ahí, al igual que en los otros siete estados donde hemos hecho el estudio, también encontramos los misteriosos trámites fantasma. Te explicamos qué son —y cuántos encontramos en Yucatán— en esta infografía:

PRÓXIMAMENTE
No te pierdas la transmisión de nuestro Spaces en la red social X (antes Twitter) para presentar este reporte elaborado por el Programa de Seguridad. En él exponemos algunos de los problemas de inseguridad que han cobrado visibilidad previo al Mundial de futbol 2026 y sus posibles soluciones vía políticas públicas. Participan: Amando Vargas, responsable del estudio; Cristina Hernández, de la Cátedra sobre Trata de Personas y Violencias, UNAM; Dulce Torres, del Seminario de Violencia y Paz, COLMEX; Andrés Paris, de Seguridad Pública y Anticorrupción en UNODC; y Eunice Rendón, experta en seguridad, prevención y migración.

Presentaremos este estudio que analiza, a diez años de la plena entrada en vigor del sistema acusatorio oral (2016), el desempeño de las 32 fiscalías estatales del país. Contará con la presencia de Bertha Alcalde Luján, Fiscal General de Justicia de la CDMX; Federico Fernández Montañez, Fiscal General de Justicia de Coahuila; Gerardo Vázquez Alatriste, Fiscal General de Justicia de Guanajuato; Ana Lorena Delgadillo, Especialista en derechos humanos, desaparición y migración; Hugo Concha Cantú, Investigador SNI especialista en justicia penal. Será presentado por Mariana Campos, directora de México Evalúa y Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia y responsable del estudio.
