El poder de tus contribuciones para exigir tus derechos

Hacer valer nuestros derechos requiere financiación pública. Por eso, hacemos un llamado al civismo fiscal y a la vigilancia del gasto.

Por Lourdes Morales Canales | programa de Ciudadanía
Publicado en El Financiero

Los derechos cuestan. Desde la gestión del sistema de justicia a la movilización de bomberos especializados para sofocar incendios. Del desplazamiento de tropas en una guerra, hasta la garantía de construir rampas para personas con discapacidad. Todo ello implica un costo. Bajo esta premisa y estos ejemplos, los académicos Stephen Holmes y Cass Sunstein argumentaron, a finales del siglo pasado, que no basta con que los derechos estén reconocidos en la Constitución, sino que es necesario contar con los recursos humanos, financieros y materiales para hacerlos exigibles. En tal sentido, sólo un buen sistema recaudatorio basado en una gestión transparente y responsable de los recursos públicos, permite que las contribuciones garanticen las libertades. 

Para Holmes y Sunstein, financiar derechos fundamentales a partir de las recaudaciones los convierte en bienes públicos. Por ello, consideran que todos los derechos son positivos. Es decir, requieren la acción intencionada —“positiva”— del Estado para garantizarlos. Pero no está solo: la ciudadanía también tiene la responsabilidad de exigir su cumplimiento.

La brecha de consciencia de los mexicanos 

En México hay un enorme vacío entre los derechos reconocidos en la Carta Magna y su materialización cotidiana. Se reconoce el derecho a la salud, a una vida libre de violencia, a la igualdad y a un medio ambiente sano. Sin embargo, por distintas razones, no todos los mexicanos los ejercen por igual. Hay también un gran desconocimiento sobre el funcionamiento del sistema fiscal y sobre los derechos y obligaciones que de ahí se desprenden. 

En México Evalúa, queremos trabajar para que a partir de datos, investigación, diálogo y pedagogía pública se promueva esa conciencia y ese activismo ciudadano responsable. A eso se le conoce como civismo fiscal. Bajo el proyecto “El poder de tus contribuciones”, buscamos convocar a actores de la academia, la sociedad civil, los medios de comunicación y las cámaras empresariales para analizar cómo se gastan y usan nuestros impuestos y contribuciones y cómo se pueden traducir en derechos. Existen al menos cuatro puntos de partida: 

1. La economía mexicana está actualmente estancada: México no crece por la baja inversión pública, la baja productividad y un entorno de incertidumbre para los negocios. Para las principales calificadoras internacionales, México aún mantiene el grado de inversión, es decir, todavía conserva su atractivo. Sin embargo, esta calificación no está en firme si las finanzas públicas continúan su deterioro. En los últimos ocho años, el país no ha crecido y ya acumula estancamiento. 
2. El gasto público no está alineado con los derechos fundamentales: En los últimos siete años, México perdió dos años de escolaridad efectiva. Además, el sistema educativo perdió 1.6 millones de estudiantes entre 2018 y 2025. De igual forma, mientras el gasto destinado a la población sin seguridad social aumentó, el acceso efectivo a los servicios públicos se deterioró. La población sin acceso a la salud creció de 20 millones a 44.5 millones en 2024.
3. El espacio fiscal está restringido: Alrededor del 61% del presupuesto está comprometido en gastos como el pago de pensiones, transferencias, subsidios y costo de la deuda. Esto deja un margen mínimo para el desarrollo de políticas públicas prioritarias.
4. Hay presiones sobre la formalidad y el crecimiento: El aumento al salario mínimo cumplió con una deuda pendiente hacia los trabajadores formales. Sin embargo, promesas anunciadas como la propuesta de salud universal —sin recursos adicionales—, la inseguridad creciente y el aumento al sistema de pensiones, significan una presión adicional al sector formal.

Este escenario convoca a la acción. Entender el sistema fiscal y conocer nuestros derechos como contribuyentes es un primer paso. Vigilar el uso y destino del dinero público es el segundo. Proponer un gasto responsable y eficiente que elimine las brechas y la exclusión, ayudará a hacer conciencia del costo que se requiere para que los derechos dejen de ser promesa y se vuelvan parte de la vida cotidiana.