Si no se cumple la apuesta federal del Paquete Económico 2027, la primera factura llegará a las tesorerías estatales. Aquí...

Por Juan Pablo Morales*
Las proyecciones de recaudación del Paquete Económico 2027 pueden resultar muy optimistas frente a la realidad de la actividad económica de los estados. En este sentido, Oaxaca es uno de los casos más vulnerables dada su elevada dependencia del gasto federalizado. Este análisis examina cómo las brechas de desarrollo, la alta informalidad laboral y los sesgos en los estímulos fiscales vigentes en la entidad incentivan el incumplimiento y el “enanismo” empresarial en lugar de ampliar la base gravable. Aquí ofrezco un diagnóstico realista y una serie de propuestas de política fiscal sin costo recaudatorio orientadas a fortalecer la institucionalidad, modernizar los padrones y transformar los incentivos en motores de formalización para Oaxaca.
El Paquete Económico 2027 proyecta 6.3 billones de pesos en ingresos tributarios. Esa suma equivale al 15.9% del producto interno bruto (PIB) y es el nivel más alto que se haya registrado en la historia reciente. Este planteamiento se hace sin ningún impuesto nuevo y sin modificar las tasas impositivas.
La propuesta plantea un crecimiento real anual del 5.9% en la recaudación tributaria respecto a 2026 que se derivaría de la actividad económica y de algunos cambios fiscales. Sin embargo, un vistazo a las cifras del primer semestre de 2026 arroja una dosis de realismo sobre las proyecciones contempladas. En el periodo referido, la economía creció solamente el 1.2%, la recaudación apenas 0.4% real, y el impuesto sobre la renta (ISR) de las empresas cayó un alarmante 11.3%.
En el planteamiento del paquete se incluye una estrategia fiscal que asemeja a un “estira y afloja”. Se plantea una mayor presión mediante el control de deducciones hacia las empresas que reporten ingresos de más de 50 millones de pesos, mientras que las modificaciones al Régimen Simplificado de Confianza (Resico) parecen suavizar con una perspectiva progresista. Aprobado como parte del Paquete Económico desde 2022, el Resico fue creado para combatir la informalidad y ampliar la base de contribuyentes como un esquema fiscal que aplica a personas físicas y pequeñas empresas.
Para 2027 se plantea aumentar el umbral del Resico de modo que más personas puedan beneficiarse de este esquema de pagos. De entre las personas físicas, se incluyen los profesionistas independientes, pequeños negocios o arrendatarios con ingresos de hasta 5 millones de pesos al año (1.5 millones de pesos adicionales al margen antes contemplado). Para las personas morales, el aumento pasó de 35 a 50 millones de pesos de ingresos anuales. Algunos expertos han señalado que esto puede generar incentivos perversos para el “enanismo” empresarial, la evasión y la informalidad laboral.
Desde Oaxaca, esta apuesta no se ve desde la tribuna. La capacidad recaudatoria del estado es sumamente limitada. Es una de las entidades que depende más del gasto federalizado y sus propios ingresos rondan el 2% de los ingresos totales. Añadamos que, en el primer semestre de 2026, sus participaciones federales cayeron en 4.4% real. Si la apuesta federal no se cumple, la primera factura llegará a las tesorerías estatales.
Además de estas condiciones, Oaxaca es una de las entidades federativas del país con mayor tasa de informalidad laboral. Bajo este régimen se encuentran ocho de cada 10 personas trabajadoras: el 79.9% de la población ocupada. Esto significa que un alto porcentaje de la población no aparece en ningún padrón oficial.
Tres hallazgos. Primero, el padrón del impuesto sobre nóminas tiene apenas 23,042 contribuyentes, mientras que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI registra 110,658 empleadores. No son universos equivalentes y no pretendo una correspondencia uno a uno, pero la diferencia es de casi cinco a uno.
Segundo, el padrón sigue creciendo, pero cada año crece menos: 8.7% en 2021, 4.1% en 2025. Esto significa que más del 80% de los requerimientos de fiscalización se dirigen a quienes ya están en el padrón. Se fiscaliza a los visibles mientras que a los invisibles no les llega ni una señal de riesgo ni una invitación a contribuir.
Tercero, hay trece estímulos fiscales vigentes, ocho de ellos condonaciones, y ninguno es crédito fiscal (monto que el contribuyente puede restar directamente del impuesto que debe pagar) ni diferimiento fiscal (postergar el pago de impuestos para un momento posterior). Ambos instrumentos son los de mayor costo-efectividad según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (Oxfam). Es decir, maximizan la recaudación neta al menor costo operativo posible. Lo logran al alinear los incentivos económicos de los contribuyentes sin que el Gobierno tenga que gastar en auditorías físicas.
Las condiciones en Oaxaca favorecen que el incumplimiento fiscal se convierta en estrategia racional. Existen ocho amnistías anuales y previsibles; y el estímulo al impuesto sobre nóminas —25% para microempresas, 10% para pequeñas y 50% para quien genera más de 50 empleos—, se renueva cada año sin cláusula de término y sin evaluación alguna.
Adicionalmente, existe el Decreto de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS) que forma parte de los estímulos fiscales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El programa fue diseñado para atraer inversiones, impulsar el nearshoring y detonar la economía en el sur de México. El énfasis está ubicado en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Este decreto ofrece exención total del ISR, deducción inmediata y crédito del impuesto al valor agregado (IVA). A tres años de su vigencia, de 14 polos contemplados, solamente cuatro tienen concesionario y ninguno tiene una sola empresa operando.
Esto significa que la falta de infraestructura, certidumbre jurídica y seguridad tiene un impacto. El cuello de botella no era fiscal, sino estructural. No es por casualidad que el Paquete 2027 asigna 25 mil millones de pesos al corredor interoceánico. Entonces, si el Resico premia a los pequeños, y nuestro estímulo estatal cambia de escalón al rebasar 50 empleos, corremos el riesgo de pagar por parecer chicos.
La evidencia internacional señala que abaratar la entrada de inversión a una región puede ampliar el padrón de empresas, pero su efecto sobre el empleo informal es cercano a cero. En México, el efecto del registro rápido de empresas fue temporal. Los meta-análisis sí dan a los incentivos tributarios la mayor proporción de impactos positivos, pero a condición de dirigirlos al trabajador y no sólo a la empresa.
Por eso quiero plantear cambios sin costo recaudatorio, incorporables al Paquete Fiscal 2027.
Formalizarse es hacerse visible, y un padrón es también un directorio de cobro para otros actores. Por eso, es necesaria la confidencialidad estructural, la digitalización del cobro, y el ingreso etiquetado a seguridad.
El Paquete 2027 le pide a la economía lo que la economía no da por sí sola. Oaxaca puede hacerse la pregunta inversa: ¿qué le estamos pidiendo a los incentivos que únicamente puede dar la institucionalidad? Un incentivo sin evaluación es una promesa; un padrón sin confianza es sólo una lista.