Digitalizar los pagos en México: una oportunidad para la Ley de Economía Digital

La discusión en el Congreso de la Unión sobre la iniciativa de la Ley de Economía Digital (LED) constituye un avance fundamental y un esfuerzo plausible por modernizar el ecosistema financiero del país, nivelar el terreno regulatorio y aprovechar la sólida infraestructura tecnológica de pagos que posee México. La iniciativa reconoce de manera acertada el valor estratégico de los pagos electrónicos, establece mandatos claros de aceptación para el sector público y privado, y otorga facultades indispensables al Banco de México (Banxico) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para profundizar la inclusión financiera.

Sin embargo, el éxito de esta transformación radica en equilibrar el impulso normativo con las condiciones reales del mercado de dos lados (comercios y consumidores) y la heterogeneidad del país. La experiencia internacional y los datos nacionales indican que acelerar plazos sin considerar la cobertura digital, la capacitación o la ciberseguridad puede generar brechas de exclusión involuntarias que afecten a micronegocios, personas en la informalidad, adultos mayores y zonas rurales.

«La gradualidad no es lentitud: es condición de legitimidad y durabilidad.»

A través de una visión propositiva, el presente documento busca colaborar con las autoridades para enriquecer la LED con mecanismos de gradualidad, incentivos fiscales atractivos, gobernanza transversal e interoperabilidad obligatoria. El objetivo compartido es construir una política pública robusta y sostenible que transforme la tenencia de productos financieros en un uso cotidiano y seguro que beneficie a toda la población.

Principales hallazgos

• Dominio del efectivo pese a la infraestructura existente: Aunque el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) procesa cerca de 20 millones de operaciones diarias y existen plataformas como CoDi y DiMo, el 85.2% de los adultos en México paga en efectivo sus compras de hasta 500 pesos y el 73.5% las de mayor monto (según la ENIF 2024), lo que refleja hábitos profundamente arraigados.
  
• Cuello de botella en la aceptación comercial: El 86% de los micronegocios y el 76% de las pequeñas empresas reciben pagos en efectivo (ENAFIN 2024), no por carencia tecnológica —el 76% de los Pequeños Comerciantes cuenta con teléfono inteligente y el 58% tiene cuenta bancaria—, sino porque el retorno de inversión no es evidente ni exigido activamente por sus clientes.
  
• Exclusión transaccional e informalidad: Más de la mitad (52%) de los trabajadores informales carece de acceso a servicios financieros, frente al 11% en el sector formal. Operar exclusivamente en efectivo impide generar un historial transaccional necesario para acceder al crédito, ahorro formal y seguros.
  
• Plazos normativos ajustados: Los artículos transitorios tercero y cuarto prevén únicamente 15 días hábiles para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determine sectores y otros 15 días para las autoridades sectoriales, lo que representa menos de dos meses para implementar la obligatoriedad sin margen para diagnósticos completos o consulta con los afectados.
  
• Asimetría jurídica en el uso del dinero: El artículo 4 de la Ley Monetaria otorga poder liberatorio ilimitado a los billetes, lo que genera una contradicción regulatoria con las restricciones o mandatos de pago digital que propone la LED en ciertos sectores.

Metodología

Para elaborar este diagnóstico se empleó un enfoque cuantitativo y cualitativo que analiza los hábitos de pago, la infraestructura financiera disponible y los incentivos de mercado en México. Se utilizaron datos oficiales y representativos a nivel nacional derivados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 2024, registros del Banco de México (Banxico), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y encuestas del sector pequeño comerciante (ANPEC).

A la par, se llevó a cabo una revisión técnico-jurídica del articulado de la propuesta de la Ley de Economía Digital (LED) y su interacción con el marco normativo vigente (como la Ley Monetaria y la Ley Antilavado). Este análisis se complementó con un estudio comparado de mejores prácticas internacionales y lecciones aprendidas en países con procesos masivos de digitalización de pagos, tales como Brasil (Pix), Tailandia (PromptPay) e India (Aadhaar/UPI).

Recomendaciones de política pública

1. Crear un Comité de Gobernanza de Pagos Digitales: Conformar un órgano interinstitucional permanente liderado por la SHCP e integrado por Banxico, la CNBV, el SAT, la Condusef y la Secretaría de Economía. Este comité coordinará la Estrategia Nacional, rendirá cuentas mediante un informe bianual al Congreso y sostendrá audiencias obligatorias con el sector privado.
   
2. Establecer gradualidad condicionada y garantías previas: Condicionar las restricciones al uso de efectivo a tres garantías verificables por territorio o sector: ciberseguridad certificada y protección contra fraude, capacitación documentada a usuarios/comercios, y cobertura demostrada de conectividad y servicios financieros.
   
3. Establecer un estándar base obligatorio de interoperabilidad: Instruir a Banxico y la CNBV a definir un estándar común de comunicación entre todas las entidades del ecosistema para evitar la fragmentación, además de regular techos tarifarios diferenciados en comisiones para micro y pequeños negocios.
   
4. Diseñar beneficios e incentivos fiscales escalonados: Utilizar la política fiscal como palanca de adopción voluntaria mediante esquemas de transición progresiva en el Resico, devoluciones ágiles de IVA por medios digitales, reducciones temporales de tasas para operaciones con factura electrónica (CFDI) y loterías fiscales.
   
5. Alinear el marco normativo y proteger datos transaccionales: Incluir un transitorio para armonizar la LED con la Ley Monetaria y leyes sectoriales en un plazo de 365 días. Asimismo, clasificar el historial transaccional como dato personal sensible bajo salvaguarda de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

La propuesta de la Ley de Economía Digital abre una oportunidad inmejorable para posicionar a México a la vanguardia de las finanzas digitales e impulsar el crecimiento económico con equidad. La disposición mostrada por los legisladores y las autoridades financieras para normar este ámbito es un reconocimiento oportuno del valor que la tecnología aporta a la transparencia y la inclusión.

Para concretar esta visión de forma exitosa, la colaboración constante entre el sector público, el sistema financiero, los comercios y la sociedad civil será la mejor herramienta. Perfeccionar la ley con criterios metodológicos claros, incentivos fiscales y garantías de acceso asegurará que la digitalización sea una puerta hacia el desarrollo integral donde ningún segmento de la población quede atrás.