1. EDITORIAL Entre las intenciones y los resultados de una política pública hay un elemento que no se puede desatender:...
Medio: Nuestras Ideas
Entre las intenciones y los resultados de una política pública hay un elemento que no se puede desatender: los incentivos para modificar el comportamiento de la ciudadanía y de las instituciones hacia los fines buscados. Una política pública sólida necesita algo más que buenas intenciones: requiere reglas claras, información suficiente, instituciones confiables y mecanismos para corregir el rumbo.
Una regla puede buscar ampliar el acceso a la vivienda y terminar trasladando riesgos al sistema financiero; un esquema fiscal puede pretender recaudar sin advertir que ciertas tasas desincentivan la formalidad; una reforma judicial puede ampliar la participación ciudadana y, al mismo tiempo, incorporar al sistema de justicia a personas jueces sin experiencia. Incluso una política de seguridad puede mostrar avances en homicidios mientras se incentiva el avance de la extorsión, el fraude y las amenazas.
Anticipar efectos no deseados no significa frenar la innovación institucional, sino hacerla más responsable. En todos los casos que abordamos en esta entrega de Nuestras ideas, la evidencia puede ayudar a construir soluciones que preserven los objetivos legítimos de las políticas mientras reducen sus riesgos.
Conoce aquí a detalle Nuestras Ideas para incentivar el desarrollo y gracias por leernos semana a semana.

En un webinar junto con especialistas, presentaremos un policy brief sobre cómo ampliar la base tributaria. Nuestro país presenta una base gravable estrecha, baja eficiencia recaudatoria, tratamientos preferenciales regresivos, informalidad y uso intensivo de efectivo. Una alternativa para reducir estos factores es transitar hacia un Impuesto al Valor Agregado (IVA) más eficiente y progresivo. Nuestra propuesta incluye devoluciones focalizadas, incentivos al pago digital, fortalecimiento del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y mecanismos de cumplimiento voluntario y, una vez consolidados estos cambios, un ajuste gradual y condicionado de la tasa general.

La reciente iniciativa de la SEP para encuestar a los docentes sobre regular los dispositivos digitales en las escuelas es un paso positivo. Sin embargo, la encuesta se centra excesivamente en los riesgos y las distracciones, pero desatiende que para millones de estudiantes los teléfonos inteligentes son los únicos dispositivos digitales en su hogar, por lo que restricciones uniformes podrían perjudicar a las poblaciones vulnerables.
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En México, la mayoría de las unidades económicas son pequeños negocios. Éstos son más proclives a aceptar efectivo en lugar de pagos electrónicos, aunque —este dato es relevante— no son “reacios” a la tecnología. La realidad es que responden a incentivos concretos. La evidencia muestra que las principales barreras de las MiPyME para adoptar pagos digitales son costos, riesgos de fraude, fricciones operativas y la percepción de que los clientes no demandan estos medios de pago. Por ello, las políticas públicas pueden ser más efectivas si combinan incentivos económicos, acompañamiento y generación de demanda, en lugar de asumir que el problema es únicamente de desconocimiento.

Conoce más en nuestro estudio “Digitalizar para crecer”.
NOTA: Las opiniones vertidas por nuestros especialistas en los distintos medios informativos, reflejan su postura personal y no necesariamente la de México Evalúa.
La crisis de 2008 dejó una lección que trasciende al sistema financiero: una política puede alcanzar su objetivo inmediato y, al mismo tiempo, generar incentivos que produzcan resultados adversos a mayor escala. Los créditos hipotecarios para ampliar el acceso a la vivienda en Estados Unidos terminaron alimentando riesgos que se distribuyeron. Sus efectos llegaron a la confianza en las instituciones, la desigualdad y la política. Diseñar políticas exige anticipar no sólo lo que una regla pretende conseguir, sino también las conductas que puede incentivar y sus consecuencias de largo plazo.
—por Luis Rubio, publicado en Reforma bajo el título “2008 y secuelas”.
Para la edición de septiembre de La voz de tu dinero, nuestro invitado Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, hace una propuesta para recalibrar el ISR para los salarios más bajos. También reflexionamos sobre los efectos en las contribuciones ciudadanas, de seguir usando el dinero en efectivo.
ARTÍCULO 1.
Cómo actualizar las tablas de retención del ISR a los salarios más bajos
Por ganar 100 pesos más arriba del salario mínimo, el trabajador termina perdiendo 300 pesos debido a las retenciones. Esta situación es profundamente injusta.
ARTÍCULO 2.
El impuesto que se queda en el bolsillo del efectivo
Nueve de cada diez pagos en México se hacen en billetes, y cada billete que cambia de mano puede borrar el impuesto que lo acompaña.
En 2025 se registraron 33.8 millones de delitos y 93.4% no fueron denunciados o no derivaron en una carpeta de investigación. Además, fraude, amenazas y extorsión ya representan 58% de los delitos, mientras el costo económico llegó a 388.7 mil millones de pesos. La pregunta ya no es sólo cuánto disminuye el homicidio, sino cuánto mejora la experiencia cotidiana de seguridad. Victimización, cifra oculta, costos, percepción y confianza institucional ofrecen una mirada más completa para orientar las decisiones públicas.
—por Armando Vargas, publicado en Expansión.
Los nuevos lineamientos para proteger los derechos de las audiencias permiten que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) intervenga en quejas, inicie procedimientos sancionadores, imponga multas y suspenda transmisiones como medida precautoria. Cuando las reglas dejan demasiado espacio a la discrecionalidad, pueden aumentar la incertidumbre y generar incentivos para la autocensura. La regulación necesita proteger a las audiencias sin convertir esa protección en un riesgo para la libertad de expresión.
—por Ana Lilia Moreno, publicado en El Sol de Méxicol
Entre 2024 y 2025 disminuyó de 98% a 71% la proporción de jueces y magistrados federales con al menos diez años de experiencia, mientras 21% de las personas juzgadoras contaba con máximo un año. Ante la próxima elección de 2028, una alternativa compatible con el modelo vigente sería certificar previamente conocimientos y competencias profesionales de las candidaturas. Así, la participación ciudadana podría complementarse con un piso verificable de capacidades para ejercer la función judicial.
—por Jorge Carbajal y Susana Camacho, del programa de Justicia, publicado en Animal Político
