Balance de 2025, y los desafíos de cara al futuro

2025 dejó un balance mixto para la gestión pública. En lo económico, el Gobierno logró avances en la consolidación fiscal que vale la pena reconocer. Sin embargo, el crecimiento económico, muy inferior a lo previsto, evidenció los límites de una estrategia hacendaria sin dinamismo productivo. Además, la delicada situación financiera de Pemex nos recuerda que la estabilidad de las finanzas públicas depende, ante todo, de la capacidad de crecer.
 
2025 fue también un año de transición institucional en cuanto a la justicia: hubo la primera elección popular de jueces y se crearon nuevas instancias de disciplina y administración. Estos procesos revelaron áreas de mejora en materia de idoneidad de perfiles, transparencia y coordinación. 
 
De cara al futuro, los desafíos son claros. En la economía, el principal reto será superar el estancamiento y convertir el crecimiento en el eje de la política fiscal. Sin dinamismo productivo, cualquier consolidación presupuestaria será frágil y difícil de sostener.
 
En lo institucional, la eventual reforma electoral debería orientarse a ampliar la representación y fortalecer la competencia, evitando medidas que excluyan voces o debiliten la legitimidad del sistema. Del mismo modo, las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada requieren un análisis cuidadoso para garantizar seguridad sin sacrificar derechos ni debido proceso.
 
El momento exige prudencia, apertura y diálogo. Las reformas institucionales son más sólidas cuando surgen de la deliberación entre autoridades, especialistas y sociedad civil.
 
Conoce aquí a detalle Nuestras Ideas para avanzar de cara al futuro y gracias por leernos semana a semana.

NOTA: Las opiniones vertidas por nuestros especialistas en los distintos medios informativos, reflejan su postura personal y no necesariamente la de México Evalúa

¿Quién puede perder más de aprobarse la reforma electoral?

La concentración del poder seduce a quien la ejerce, pero debilita a la oposición, comenta Luis Rubio, director de México Evalúa en su columna “¿Perdedores?”, publicada en Reforma. Sin embargo, la pregunta clave es quién constituye hoy esa oposición. La reforma electoral que se anticipa buscaría asegurar el control del partido gobernante al restringir el acceso al poder. La reforma de 1996 creó un modelo híbrido con representación directa y proporcional para garantizar gobernabilidad y pluralidad. Hoy, ese esquema ha perdido sentido: no existe una verdadera vinculación entre legisladores y distritos, ni diferencias sustantivas entre ambos tipos de curules. Un sistema proporcional puro sería más simple, representativo y menos costoso. Mientras en 1996 se buscó integrar a todos los actores para asegurar estabilidad, la lógica actual parece orientada a excluir. Pero un movimiento tan amplio como Morena tiende a fracturarse, y sus opositores surgen de sus propias filas. Cambiar las reglas para concentrar el poder podría, paradójicamente, acelerar su debilitamiento.

Hacia una independencia judicial con reglas claras y perfiles idóneos: Red por la Independencia Judicial

La Red por la Independencia Judicial (RIJ) propone dos reformas constitucionales para fortalecer el proceso electoral judicial. La primera busca sustituir los requisitos formales actuales para aspirantes a cargos judiciales por una certificación técnica integral a cargo de la Escuela Nacional de Formación Judicial. Este mecanismo evaluaría conocimientos, competencias, ética, perspectiva de género, derechos humanos, manejo del despacho y compromiso social, con el fin de garantizar perfiles idóneos y mayor confianza ciudadana. La segunda plantea recalendarizar la próxima elección judicial hasta 2028, para contar con tiempo suficiente para implementar la certificación, mejorar la coordinación entre instituciones, facilitar el escrutinio público de candidaturas y reducir la politización del proceso al separar estas elecciones de los comicios partidistas. La RIJ llama al Congreso de la Unión a abrir un diálogo técnico e incluyente para ajustar la reforma, fortalecer la independencia judicial y mejorar la calidad y confianza en la justicia. Un posicionamiento público impulsado por el Programa de Justicia en conjunto con la RIJ, y avalado por diversas organizaciones ciudadanas y personas del ámbito jurídico y legislativo.

Comunicado de prensa

Excepcionalidad y protección efectiva: claves en la regulación de “jueces sin rostro”

En el marco del análisis legislativo de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Senado abrió un espacio de escucha ciudadana el 12 de febrero. México Evalúa participó junto con organizaciones civiles, academia y abogacía para alinear la iniciativa con estándares internacionales de derechos humanos. La propuesta incluye figuras que requieren atención. Destacan los “jueces sin rostro”, cuestionados por la Corte Interamericana por afectar el debido proceso y la imparcialidad; en México ya existe una ley de protección a operadores de justicia que podría aplicarse sin recurrir al anonimato. También preocupa la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, contraria a tratados internacionales y poco efectiva para reducir la criminalidad. Otras modificaciones, como cambios en flagrancia o actos de investigación sin control judicial, podrían abrir la puerta a detenciones arbitrarias y prácticas inquisitivas. Estas propuestas buscan una reforma centrada en derechos humanos, transparencia y reducción de la impunidad. Un posicionamiento público del Programa de Justicia.

Breve balance de la nueva justicia federal en sus primeros meses

La reforma judicial de septiembre de 2024 introdujo la elección popular de jueces y una profunda reestructura institucional. El nuevo mecanismo de selección obligó a candidaturas a politizarse sin exigir experiencia ni evaluaciones objetivas, lo que debilitó la idoneidad y puso en riesgo la independencia judicial. Además, se creó el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), también electo por voto, encargado de vigilar y sancionar a juzgadores; sin reglas claras, puede convertirse en instrumento de presión política. La nueva Suprema Corte enfrenta un déficit de legitimidad por baja participación e irregularidades electorales. El TDJ y el Órgano de Administración Judicial tienen el reto de garantizar ética, evaluación objetiva, buena gestión y formación profesional. Sin transparencia y vigilancia ciudadana, la reforma difícilmente fortalecerá la independencia, la protección de derechos y el equilibrio de poderes. Un análisis del Programa de Justicia publicado en Animal Político.

Dos miradas al cierre de cuentas 2025

El primer balance anual de las finanzas públicas arroja un resultado mixto, reflexiona Mariana Campos, directora de México Evalúa en su columna del periódico El Universal. La incertidumbre comercial con Estados Unidos y los cambios internos en las reglas de inversión redujeron la actividad económica: en 2025 el crecimiento fue de apenas 0.7%, muy por debajo del 2.5% previsto. Aun así, gracias a un mejor desempeño relativo de ingresos y gasto, en 2025 el déficit público se redujo a 4.8% del PIB desde un 5.7% de 2024. Sin embargo, el déficit sigue por encima del promedio histórico y, sobre todo, de la meta oficial de 3.9% del PIB. El Gobierno sólo logró cerca de la mitad de la consolidación prevista: los ingresos quedaron 1% por debajo de lo programado y el gasto superó en 3.1% lo aprobado. Dos factores explican el desvío: el bajo crecimiento y la situación de Pemex. En 2025, por primera vez, la relación financiera de la petrolera fue netamente negativa para el erario. De cara a 2026, el crecimiento debe ser el eje de la estrategia fiscal. Sin crecimiento, la consolidación seguirá siendo frágil.

NUESTROS DATOS

La relativa disminución de la violencia debe persistir

La violencia letal se define como todo acto que busca acabar de manera intencional con la vida de una persona. Para medirla, se utiliza la suma de los registros oficiales de homicidio doloso, homicidio culposo, feminicidio, otros delitos contra la vida y desapariciones.
 
En términos porcentuales, entre 2024 y 2025 la violencia letal cae 8.6%, pero el nivel de 2025 sigue siendo 8.6% mayor que en 2018 y 68.2% más alto que en 2015. La lectura es inequívoca: se detuvo el escalamiento, pero no se ha revertido el deterioro acumulado. La baja reciente ocurre desde un piso históricamente alto y no constituye todavía una pacificación estructural.
 
Conoce más de la evolución de esta métrica en nuestro estudio: “Propuestas para la paz: análisis de los datos de violencia en México”.

PRÓXIMAMENTE

Evento de presentación del estudio “Navegando las finanzas públicas de 2025: balance del primer año del sexenio”, elaborado por el Programa de Gasto Público.

Jueves 26 de febrero | 9:30 AM

• Hotel Four Points. Av. Álvaro Obregón 38, Roma Norte