¡A romper barreras! Cómo detonar la inversión en México: Caso Michoacán

Michoacán se encuentra en pleno desarrollo industrial y logístico. Su posición estratégica, riqueza ambiental y fortaleza en infraestructura han atraído recientemente una serie de inversiones privadas y públicas que prometen consolidar el carácter productivo y exportador del estado. Así, Michoacán espera para los próximos años una diversificación de sus actividades productivas y exportadoras, que hoy están particularmente enfocadas en materias primas. 

En 2025, Michoacán ha sido el segundo estado que más aporta al PIB primario nacional, el vigésimo en el PIB secundario y el noveno en el PIB terciario. Zonas clave como Morelia, Zitácuaro y Tzintzuntzan concentran el mayor número de corredores industriales, y su actividad productiva y logística es afín a las cadenas de suministro vinculadas con el comercio de Estados Unidos.

Pese a eso, el estado de Michoacán ha visto una caída del 88.32% en la Inversión Extranjera Directa (IED), de 2021 –año de su última alza significativa– a 2024, según los datos reportados en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía. En 2024, Michoacán registró 120.8 millones de dólares de IED, una de las más bajas en todo el país.

Según datos recabados por el Banco de México a la comunidad de negocios, los empresarios encuestados destacan como factores que inhiben la inversión, entre otros, la incertidumbre regulatoria y la complejidad administrativa. Ante tal valoración, se vuelve crucial para el Gobierno atender las oportunidades de mejora normativa, así como abatir el costo de oportunidad económico que implica para una empresa esperar la resolución de un trámite. Detectar tales áreas de optimización regulatoria permite priorizar acciones que reduzcan tiempos, aumenten la certeza jurídica y mejoren la competitividad local frente a la creciente competencia por atraer inversión.

Este caso de estudio analiza el impacto de las regulaciones y trámites gubernamentales en la instalación y operación de nuevas empresas en Michoacán, y los municipios de Morelia, Zitácuaro y Tzintzuntzan. Buscamos visibilizar los costos que enfrentan las empresas cuando los gobiernos no resuelven a tiempo trámites clave, así como detectar las oportunidades de mejora normativa. Para conseguir estos dos objetivos, aplicamos dos metodologías internacionales: el costeo estándar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que estima el costo de oportunidad (COP) por cada día de retraso. Lo calcula con base en el valor agregado censal y la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE). Y utilizamos la herramienta Market and Competition Policy Assessment Tool (MCPAT) del Banco Mundial, para identificar áreas de mejora en la normatividad.

Este análisis ofrece a autoridades estatales y municipales insumos claros para intervenir y atender las áreas de oportunidad a fin de reducir tiempos y costos a las inversiones. Es decir, éstas son las barreras que frenan la generación de empleos y la producción, ambos factores clave para impulsar el desarrollo desde lo local.