8 entidades con altos niveles de riesgo de violencia político criminal en las elecciones judiciales

• En 2025, por primera vez, se celebrarán elecciones para cargos en el poder judicial federal y en 19 estados. La evidencia sugiere que el crimen organizado buscará capturar estos espacios.
• Las elecciones de 2024 fueron las más violentas de la historia reciente, con más de 550 víctimas registradas.
• Para mitigar los riesgos, México Evalúa propone un enfoque de seguridad hiperfocalizado, priorizando protección en regiones de alto riesgo, para candidaturas vulnerables y mediante corporaciones con menor grado de infiltración criminal.
• Las campañas inician el 30 de marzo. Sin una estrategia efectiva, las elecciones del poder judicial podrían terminar en un nuevo episodio de violencia e impunidad

Ciudad de México, 27 de marzo de 2025. En los últimos años, la violencia político criminal se convirtió en el mecanismo más frecuente de cooptación de los procesos electorales, principalmente en el ámbito local. En dicho marco, las elecciones de 2024 fueron las más violentas de la historia moderna. Más de 550 actores políticos fueron víctimas desde el inicio del proceso hasta el día de los comicios, de acuerdo con Data Cívica-México Evalúa.

Ahora bien, por primera vez en la historia de nuestro país, en 2025 se llevarán a cabo elecciones para ocupar diversos cargos en el poder judicial federal, y en 19 estados. El próximo domingo 30 de marzo iniciarán las campañas y concluirán el 28 de mayo. Los comicios se celebrarán el 1 de junio.

Es altamente probable que el crimen organizado busque la captura de los poderes judiciales sobre todo en territorios clave para sus operaciones. Se requieren acciones inmediatas para reducir los riesgos de violencia político criminal en el próximo proceso electoral judicial.

De 2021 a 2024, cuando se llevaron a cabo los últimos comicios electorales, la violencia político criminal incrementó 270.6% en todas sus modalidades; y los asesinatos, en particular, 356%. Dentro de las víctimas pueden encontrarse autoridades electas, personas candidatas, personas funcionarias de la administración pública, fuerzas de seguridad pública, familiares de dichos actores, personas con influencia política y ataques armados a instalaciones gubernamentales. 

Ocho de cada diez (77.9%) de las agresiones registradas fueron en contra de actores municipales. Este grupo ofrece mayores insumos a las organizaciones criminales para la explotación de las economías locales, incluyendo impunidad generalizada.

Ante la premura de las acciones, México Evalúa propone el diseño y ejecución de protocolos de seguridad hiperfocalizados a cargo de autoridades electorales, gobiernos, instituciones de seguridad federales y locales, y organizaciones de la sociedad civil: 

• A nivel espacial. Las regiones con mayor riesgo son las que deben recibir protección prioritaria. Deben contemplarse zonas con disputas violentas por la explotación de mercados ilícitos. 
• A nivel individual. Las candidaturas que puedan interferir con mayor frecuencia en los intereses del crimen organizado son las que deben recibir protección de manera prioritaria. Los jueces penales de primera instancia estatal son particularmente vulnerables. 
• A nivel institucional. La protección debe estar a cargo de corporaciones policiales con el menor grado de captura por parte del crimen organizado, como la Guardia Nacional. También es indispensable dar seguimiento y que no queden impunes los casos de violencia contra personas candidatas a cargos jurisdiccionales y una vez que éstas asuman sus funciones. 

Consideramos que cuatro factores principales determinan el nivel de riesgo de violencia político criminal en las elecciones judiciales de 2025 a nivel estatal:  

• Disputas violentas por el control de los territorios locales: Mientras más disputas existan, mayor probabilidad de captura electoral. En zonas bajo una hegemonía criminal establecida resulta menos probable la violencia político criminal porque no es necesaria. La hegemonía criminal requiere otro tratamiento.
• Explotación violenta de múltiples mercados ilícitos convencionales: la captura del poder judicial puede completar el circuito de impunidad para la explotación de mercados ilícitos.
• Alta vulnerabilidad frente a la intromisión del crimen en las elecciones: Dicho fenómeno muestra que las instituciones políticas cuentan con bajas capacidades para frenar la intervención del crimen organizado en las elecciones. A menores capacidades, mayor probabilidad de intromisión.
• Alta disponibilidad de opciones de captura: medida a través del porcentaje de cargos de personas juzgadoras y magistradas del fuero común que serán votadas en 2025. A mayor porcentaje mayor probabilidad de violencia.

Bajo esta óptica, ocho entidades registran un riesgo muy alto o alto: Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Michoacán y Colima.  

Siete entidades reportan un riesgo medio: Sonora, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala. 

Únicamente cuatro entidades muestran un riesgo bajo: Coahuila, Durango, Aguascalientes y Yucatán