Digitalizar para crecer. El reto de transformar los pagos en México

Resumen

México cuenta hoy con condiciones importantes para avanzar hacia una economía con mayor uso de pagos digitales: una amplia conectividad, infraestructura financiera robusta, sistemas como SPEI, CoDi y DiMo, así como un ecosistema tecnológico y financiero en expansión. Estos avances, impulsados durante años por autoridades, instituciones financieras y el sector privado, constituyen una base valiosa sobre la cual es posible seguir construyendo. Sin embargo, el efectivo continúa siendo el medio dominante: nueve de cada diez personas y negocios realizan todavía la mayor parte de sus transacciones con billetes y monedas.

El reto, por tanto, es generar las condiciones para que usuarios y comercios encuentren beneficios claros y seguros en la adopción tecnológica. La evidencia sugiere que esta transición requiere coordinación: compradores, negocios, instituciones financieras y autoridades deben avanzar de manera complementaria para superar las barreras que hoy limitan la adopción.

México ya ha construido una base sólida para avanzar en la digitalización de los pagos. El siguiente paso es fortalecer lo que funciona y construir, mediante el diálogo y la colaboración entre autoridades, sector privado y sociedad, una transición gradual que genere oportunidades sin dejar a nadie atrás.

El estudio propone aprovechar los avances ya existentes y abrir un espacio de colaboración entre autoridades, sector privado, academia y sociedad civil para construir una estrategia gradual, incluyente y basada en evidencia. El objetivo no es sustituir abruptamente el efectivo, sino ampliar las opciones de pago y hacer de la digitalización una herramienta para la inclusión, la productividad, la formalización y la seguridad.

Principales hallazgos

• La infraestructura existe, pero su uso todavía es limitado. Aunque 76.5% de los adultos cuenta con algún producto financiero, sólo 21% utiliza habitualmente tarjetas y 9% transferencias electrónicas como medio de pago. Esto indica que el principal desafío ya no es únicamente ampliar la oferta tecnológica, sino convertir el acceso en uso cotidiano.
  
• México tiene una base digital favorable. En 2025, 86.1% de la población de seis años o más utilizaba internet, y 97.3% de los usuarios se conectaba mediante un teléfono inteligente. Sin embargo, sólo 32.9% utilizaba servicios bancarios digitales. La brecha, por tanto, está cada vez menos en la conectividad y más en la apropiación de las herramientas financieras.
  
• El efectivo implica costos que suelen permanecer invisibles. Para las empresas, el manejo de efectivo supone gastos de seguridad, transporte, almacenamiento y tiempo operativo. En 2023, el costo de la inseguridad y el delito para las unidades económicas ascendió a 124.3 mil millones de pesos, y 19.9% de las empresas reportó haber dejado de manejar efectivo debido a la inseguridad. Esto sugiere que ampliar las alternativas digitales también puede contribuir a reducir riesgos y costos operativos.
  
• Las brechas sociales y territoriales obligan a una transición diferenciada. Los pagos digitales se concentran en los sectores de mayores ingresos: 53% de sus usuarios pertenece al quintil más alto. Además, 73% de las mujeres cuenta con algún producto financiero, frente a 81% de los hombres. Una política exitosa deberá atender estas diferencias para evitar que la digitalización reproduzca o amplíe desigualdades existentes.
  
• Los pequeños negocios no son “reacios” a la tecnología: responden a incentivos concretos. La evidencia muestra que las principales barreras son costos, riesgos de fraude, fricciones operativas y la percepción de que los clientes no demandan estos medios de pago. Por ello, las políticas públicas pueden ser más efectivas si combinan incentivos económicos, acompañamiento y generación de demanda, en lugar de asumir que el problema es únicamente de desconocimiento.
  
• La coordinación puede generar un efecto multiplicador. La adopción de pagos digitales funciona como un mercado de dos lados: los comercios tienen más incentivos para aceptar pagos digitales cuando sus clientes los utilizan, y los usuarios encuentran más valor en ellos cuando una mayor cantidad de negocios los acepta. La intervención coordinada sobre ambos lados puede ayudar a alcanzar la masa crítica necesaria.

Metodología

El estudio desarrolla un análisis integral de la transición hacia los pagos digitales a partir de fuentes estadísticas nacionales e internacionales, literatura académica y evidencia comparada. El diagnóstico aborda los costos del efectivo, las condiciones habilitadoras existentes en México, las brechas de adopción entre distintos grupos y territorios, las barreras que enfrentan los comercios y las palancas regulatorias, fiscales e institucionales disponibles.

Asimismo, el análisis incorpora experiencias internacionales —como las de Brasil, India, Kenia y Tailandia— para identificar tanto prácticas que pueden adaptarse al contexto mexicano como riesgos que conviene prevenir. Las recomendaciones derivan de la relación entre las barreras identificadas, la evidencia disponible y las capacidades institucionales e infraestructura ya construidas en el país.

Recomendaciones de política pública

1. Construir una estrategia nacional articulada. Conviene establecer una hoja de ruta compartida entre el Gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, autoridades financieras, instituciones de pago y sector privado, con responsabilidades claras, metas medibles y mecanismos permanentes de diálogo.
   
2. Poner la inclusión financiera en el centro. Antes de establecer restricciones al efectivo, es fundamental ampliar el acceso efectivo a cuentas, conectividad y capacidades digitales, con especial atención a comunidades rurales, personas de bajos ingresos, adultos mayores y otros grupos que enfrentan mayores barreras.
   
3. Aprovechar y fortalecer la infraestructura existente. México no necesita partir de cero. SPEI, CoDi, DiMo, la facturación electrónica y la creciente digitalización de los servicios públicos ofrecen una plataforma sobre la cual se pueden construir soluciones más sencillas, interoperables y cercanas a las necesidades cotidianas.
   
4. Impulsar la adopción entre micro y pequeños comercios mediante incentivos y acompañamiento. Reducir costos de aceptación, ofrecer herramientas sencillas y demostrar beneficios concretos puede ser más efectivo que limitarse a campañas informativas. La evidencia muestra que el retorno percibido y la reducción de fricciones son factores centrales para la decisión de los negocios.
   
5. Utilizar incentivos positivos para generar hábitos. El documento plantea explorar mecanismos como devoluciones temporales vinculadas al uso de pagos electrónicos, incentivos focalizados en micro y pequeños comercios y beneficios para promover el uso digital de transferencias sociales. Estas herramientas podrían evaluarse mediante programas piloto antes de una eventual ampliación.
   
6. Fortalecer la confianza y la protección de las personas usuarias. La expansión de los pagos digitales debe acompañarse de mejores capacidades de ciberseguridad, prevención y atención al fraude, protección de datos y mecanismos ágiles para resolver controversias. La confianza no es un elemento secundario: es una condición para que la infraestructura se traduzca en adopción.
   
7. Avanzar con gradualidad y alternativas. Cualquier medida para desincentivar el efectivo debe aplicarse progresivamente y sólo después de comprobar que existen opciones accesibles y funcionales para las personas y territorios involucrados. La transición debe ampliar posibilidades, no convertirse en una nueva fuente de exclusión.
   
8. Crear un sistema público de seguimiento y evaluación. Un tablero de indicadores sobre uso de pagos digitales, aceptación en comercios, brechas territoriales y aprovechamiento digital de transferencias sociales permitiría identificar avances, ajustar políticas y mantener una conversación pública basada en evidencia.

Conclusiones

México ha avanzado de manera importante en la construcción de capacidades para la transformación digital de su sistema de pagos. La infraestructura existente, la expansión de la conectividad y la creciente digitalización de servicios financieros y gubernamentales muestran que existe una base sólida para dar el siguiente paso. El desafío consiste ahora en convertir estos avances en beneficios tangibles para personas y negocios, especialmente para quienes hoy permanecen al margen de estas oportunidades.

La digitalización de los pagos puede ser una agenda de colaboración. Requiere reconocer el trabajo ya realizado por las autoridades y las instituciones, al tiempo que se abren espacios de diálogo para incorporar la experiencia del sector privado, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y, sobre todo, de los usuarios y pequeños comercios. Una estrategia construida de manera conjunta, gradual y evaluable puede ayudar a que México aproveche mejor la infraestructura que ya tiene y avance hacia una economía más productiva, segura e incluyente.