Justicia digital en fiscalías, 2025

La justicia digital es uno de los ejes de investigación más importantes del Programa de Justicia de México Evalúa. Sin embargo, hasta ahora el escrutinio se había concentrado en los Tribunales Superiores de Justicia. Este es el primer esfuerzo por ampliar ese enfoque a las fiscalías para entender cuáles son las herramientas tecnológicas necesarias para lograr investigaciones criminales de calidad.

El objetivo del presente informe es contar con un primer acercamiento a las capacidades tecnológicas de las fiscalías en su función de investigación del delito y llevar casos con solidez probatoria a juicio.

Hay que recordar que dentro de las fiscalías en México existen cuatro perfiles clave en la investigación: el Ministerio Público, la Policía de Investigación, los servicios periciales y los equipos de analistas de datos que más recientemente se han integrado en algunas fiscalías. Este reporte cubre las cuatro funciones desde la perspectiva de la tecnología mínima necesaria para el desempeño de cada rol.

A partir de esta complementariedad de perfiles y del uso de tecnología se constituye la base operativa y metodológica para el esclarecimiento de los hechos delictivos, la identificación de personas responsables y la construcción de casos que puedan sostenerse de manera probatoria y argumentativa en los tribunales.

En este reporte nos concentramos en los instrumentos mínimos para el procesamiento de datos de prueba que pueden contribuir a la resolución de más tipos delictivos. El estudio indaga sobre los sistemas para identificación de huellas digitales, reconocimiento facial, identificación de armas, identificación de ADN, y desbloqueo y extracción de datos de teléfonos celulares. 

Entre los hallazgos principales de este reporte encontramos que —aún cuando al inicio de la reforma procesal penal en 2004 hubo un auge en enfatizar que el cambio a un sistema acusatorio sería más exigente con las obligaciones probatorias de las fiscalías y que debía ir aparejada de innovaciones tecnológicas—, muy pocas entidades federativas desarrollaron capacidades de gestión basadas en la innovación tecnológica. Estamos ante un panorama de rezago digital que impacta en el escaso uso de pruebas obtenidas digitalmente y en consecuencia su escasa utilización orientada al éxito de casos. El desarrollo tecnológico para fortalecer la investigación criminal en las fiscalías no ha sido una prioridad y tampoco existen hoy políticas uniformes para propiciarlo. 

Además, subyace un tema más profundo ligado a la concepción misma de la investigación penal en México: mientras no trascendamos del expediente de papel, escaneado y digitalizado —que sólo acumula oficios, algunas pruebas y carece de metas enfocadas a la resolución de casos—, la inversión en tecnología no servirá para constituir pruebas en casos concretos que reduzcan la impunidad.