Radiografía de la Impunidad, 2024: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal en México

Todo sistema de justicia penal (SJP) responde a las necesidades de justicia de las personas en los siguientes términos: aplicación de la ley, atribución de responsabilidades basada en pruebas, soluciones pacíficas y justas a los conflictos penales, así como la protección de los derechos de las víctimas del delito y de las personas procesadas. Entre los resultados esperados de cualquier SJP es que el menor número posible de hechos delictivos quede sin respuesta —es decir, en la impunidad— y que los conflictos penales que ingresan tengan soluciones más efectivas para las víctimas y consecuencias para las personas responsables.

En el contexto internacional, la impunidad es entendida como “la inexistencia, de hecho o de derecho, de la responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria de los autores de violaciones de los derechos humanos, así como la falta de investigación, procesamiento, enjuiciamiento y condena de los responsables”; así la define la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Principios Joinet 2005). Tal definición es amplia en tanto que enfatiza diversos tipos de respuesta a los cuales están obligados los Estados, no sólo en materia penal, sino especialmente con respecto a los derechos humanos. 

Por su parte, en el panorama lationamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2011) ha sostenido que la impunidad es “la ausencia, en su conjunto, de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana.” Además, la Corte refiere que la impunidad implica un incumplimiento de los deberes estatales, en tanto que propicia la repetición de hechos que violan derechos de las personas, y en particular de las víctimas y sus familiares. Esta definición hace énfasis en las deficiencias estructurales de los Estados para adjudicar responsabilidades en violaciones a derechos humanos, y a la vez pone el foco en las diversas etapas que debería pasar el examen de violaciones a derechos humanos, desde la fase investigativa hasta la condena judicial.

También en México, la organización civil Impunidad Cero ha definido la impunidad como la “falta de castigo ante un delito o la imposibilidad de ser sancionado por la falta de legislación”. Aunque esta definición está ligada a la materia penal, su enfoque es desde las respuestas del sistema que implican castigo o sanción y que son atribuibles a la falta de normatividad. 

Guiados por estas definiciones, y con la experiencia de México Evalúa dando seguimiento a las diferentes salidas que ofrece el sistema de justicia penal en México, para efectos de este reporte proponemos una más acorde a nuestros objetivos. Esta formulación, que se origina desde el análisis de la situación de la criminalidad y la justicia penal en nuestro país —dado tanto por del contexto de la cifra oculta como por el panorama institucional, y los datos disponibles—, nos sirve de marco para evaluar las entradas y salidas al SJP, los estancamientos o cuellos de botella dentro de los procesos y, en su extremo opuesto, los casos que quedan sin una respuesta y, por lo tanto, implican impunidad. Así, para efectos de este estudio entendemos a la impunidad como: 

La incapacidad del Estado para investigar, procesar y sancionar delitos, así como para producir resultados efectivos en materia de justicia penal.

Con esta primera Radiografía de la Impunidad en México, implementamos una metodología de indicadores basada en fuentes abiertas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con los cuales analizamos los avances y retrocesos en materia de impunidad y protección a los derechos humanos entre los años 2019 a 2024. Así, esta Radiografía constituye un primer acercamiento al comportamiento de las diferentes entradas y salidas procesales que se han utilizado desde el inicio de la plena vigencia del proceso penal acusatorio a nivel nacional en 2016. En aquel momento histórico se incorporaron a la impartición de justicia figuras tales como los criterios de oportunidad, los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) y la suspensión condicional.

En el primer capítulo de esta Radiografía se analiza el contexto de la percepción sobre la impunidad a través de la evolución de la cifra oculta y de la confianza ciudadana en las instituciones del SJP, cuya estimación encontramos en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI.

El segundo capítulo está dedicado al seguimiento de los resultados que arroja el SJP en las diferentes instituciones y etapas procesales, identificando aquellas entradas y salidas críticas. En este apartado hacemos un acercamiento a las entidades federativas que destacan en algún estadío procesal, sea de manera positiva o negativa.

En el tercer capítulo se desarrolla el Índice de Impunidad Penal Institucional a partir de la evaluación de los resultados de las respuestas en las diferentes instituciones del sistema y si estas implican impunidad o soluciones efectivas para las personas involucradas en un conflicto penal.

El cuarto capítulo aborda posibles alternativas de políticas públicas a nivel sistémico o por institución que permitan disminuir la impunidad en las diferentes etapas del proceso penal, así como propuestas de datos que darían más certeza al desarrollo de políticas públicas específicas.

Finalmente, en el último capítulo se plantean las recomendaciones de mejores prácticas dirigidas a operadores y tomadores de decisiones de las instituciones que integran el SJP.