Sistema penitenciario: la información que nos falta

La crisis penitenciaria que vive nuestro país, cuya punta del iceberg son los motines y las fugas de internos que han merecido una amplia cobertura mediática en los últimos años, queda en gran parte opacada por la falta de información pública disponible.

• Además, sabemos que los hombres representan la mayor parte de la población penitenciaria (el porcentaje de mujeres asciende a 5.3).

• También podemos notar que la población penitenciaria ha seguido una tendencia a la baja en los últimos años, pues comprende 18 mil 752 internos menos que en 2014.

• Sin embargo, persiste el problema de sobrepoblación, la cual alcanza un 13.22 por ciento a nivel nacional, con una situación alarmante en el Estado de México, donde asciende a 165.51 por ciento.

• Más de 20 centros penitenciarios distribuidos a lo largo del país cuentan con más de 200 por ciento de sobrepoblación. Resalta el Estado de México, donde siete centros penitenciarios se encuentran en esta situación: el Centro de Prevención y Readaptación Social (CPRS) Chalco, el CPRS Ecatepec, el CPRS Tenango del Valle, el CPRS Cuautitlán, el CPRS Zumpango, el CPRS Tlalnepantla de Baz, así como el CPRS Jilotepec.

• Por otro lado, podemos reconocer que ya ningún centro federal presenta este problema.

• Finalmente, las estadísticas nos muestran que a nivel nacional, cuatro de cada diez personas privadas de la libertad aún no cuentan con una sentencia condenatoria, es decir, se encuentran en proceso. Cabe destacar que para los internos del fuero federal, este porcentaje es superior a 50.

No obstante, esta información es insuficiente. Para pintar el cuadro completo de las cárceles en el país, requerimos datos sobre la percepción y experiencia de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Esto es importante porque, como hemos argumentado, un sistema de justicia de calidad significa una mejor experiencia para los usuarios —tanto víctimas como acusados de algún delito, incluyendo a quienes se encuentran en la cárcel. Y son los usuarios, precisamente, los más indicados para informar sobre las cuestiones que los afectan. En esta línea, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) ha realizado encuestas a población en reclusión en el Distrito Federal, el Estado de México, y en Centros Federales. Estas encuestas nos han permitido conocer, por citar algunos ejemplos, el porcentaje de personas privadas de la libertad que reporta sentirse insegura, haber sido golpeada, no haber recibido atención médica adecuada, o que sus familiares deben pagar sobornos al personal para ingresar al centro.

Sin embargo, estos ejercicios no se han levantado de forma sistemática en todo el país. Así, en el marco de la discusión de la recién aprobada Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), México Evalúa junto con otras organizaciones de la sociedad civil promovió un Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria más completo que, entre otras cosas, incluye la creación de unaEncuesta Nacional a Población Privada de la Libertad (ENPOL), la cual estará a cargo del Inegi. Esto significa que pronto contaremos con información estadística que nos permita conocer, entre otras cosas, las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad (artículo 29 de la LNEP), tanto en centros penitenciarios estatales como federales en todo el país. Los resultados que arroje la encuesta serán vitales para proponer políticas públicas porque nos permitirán conocer los aspectos más urgentes que atender para mejorar la experiencia de los usuarios.

El sistema penitenciario mexicano está en crisis, como se ha señalado en diversas ocasiones. La LNEP tiene el objetivo de cambiar esta realidad, por lo que plantea medidas para garantizar el respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad, así como la gobernabilidad de los centros penitenciarios. Ahora bien, la única manera de saber que todos los recursos que se van a invertir para la correcta aplicación de esta ley tuvieron resultados positivos es por medio del monitoreo y la evaluación. Esto quiere decir que tendremos que dar seguimiento a los datos del sistema penitenciario —tanto los que ya existen como los que pronto estarán disponibles— para determinar si efectivamente las cárceles son lugares dignos y seguros, en los que se garanticen los derechos de todas las personas privadas de la libertad.

*Leslie Solís es investigadora del área de Justicia de @mexevalua.