Plan México vs. política fiscal: las tensiones entre ambición y realidad 

El Plan México podría convertirse en una narrativa aspiracional, mientras que la política fiscal seguirá marcando el ritmo real de la economía pública.

Por Mariana Campos (@mariana_c_v) | Publicado en: El Universal

El Gobierno federal ha puesto sobre la mesa tres instrumentos clave para el futuro económico del país. El primero, el Plan México, es una apuesta ambiciosa por transformar la estructura productiva, aprovechar el nearshoring y posicionar a México entre las 10 principales economías del mundo. El segundo, los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2027, que delinean el marco macroeconómico y fiscal que harán viables —o no— las aspiraciones del Plan México. Y el tercero son cambios a la política fiscal; una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y una propuesta de Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar (LFIED). Los cambios que proponen estas reformas buscan fortalecer la capacidad del Estado para planear, ejecutar y financiar proyectos de inversión estratégica, al tiempo que introducen mayor flexibilidad en la gestión del gasto público. 

Leídos en conjunto, los dos primeros documentos revelan una tensión fundamental: la distancia entre la ambición del crecimiento económico y la prudencia fiscal obligada por el estancamiento y deterioro fiscal que siguen sin resolverse. El Plan México plantea que nuestro país se coloque entre las primeras 10 economías del mundo. En esencia, se trata de una estrategia de transformación. Plantea incrementar la inversión, fortalecer el contenido nacional, desarrollar polos industriales y elevar la participación de México en cadenas globales de valor. Implícitamente, supone una economía que crece de manera sostenida por encima de su tendencia histórica, capaz de cerrar brechas con países que hoy ocupan posiciones superiores en el ranking global. Sin embargo, el Plan México choca de frente y de tajo con los Pre-Criterios 2027. 

Proyecciones optimistas de crecimiento pero a la vez insuficientes

Hacienda proyecta un crecimiento económico de entre 1.8% y 2.8% para 2026 y uno ligeramente mayor para 2027. Se trata de un rango de tasas insuficiente para cambiar la posición relativa de nuestro país en el mundo; es decir, para concretar las ambiciones del Plan México. 

El problema no es menor porque al mismo tiempo se trata de un rango optimista si consideramos la trayectoria reciente de la economía mexicana, un entorno internacional incierto y el consenso de los analistas nacionales e internacionales que colocaron sus más recientes estimaciones de crecimiento por debajo de ese rango, en menos de 1.5%. 

Para escalar hacia el grupo de las 10 principales economías, México no sólo necesitaría crecer, sino crecer más rápido que sus competidores. Incluso con una tasa de crecimiento cercana al 2%, el país difícilmente reducirá la distancia con economías como Corea del Sur o Canadá. En el mejor de los casos, mantendrá su lugar actual. En el peor, podría rezagarse, por lo que yo estimo que México debería crecer entre 3.5% y 4.5% para alcanzar esa meta, deseable sin duda alguna.

La estrategia de consolidación fiscal

La divergencia no termina en el crecimiento. Los Pre-Criterios reflejan una estrategia de consolidación fiscal: reducción del déficit, generación de superávit primario y un crecimiento controlado del saldo total de la deuda. La principal apuesta de los Pre-Criterios 2027 es continuar con la consolidación fiscal, por lo que propone una reducción al déficit ampliado de 4.1% en 2026 a 3.5% en 2027. Esta reducción es incluso menor a la recomendada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la revisión de la política fiscal de México que llevó a cabo en 2025, y aun así me queda la duda de si se podrá o no conseguir. En 2025 sólo se logró el 49% de la consolidación propuesta y no era año electoral. La disciplina planteada es necesaria y deseable. Pero también implica que el espacio para una expansión significativa del gasto público —especialmente en infraestructura, innovación o capital humano— será limitado en el mejor de los casos. 

El gran tema no abordado en los Pre-criterios es la rigidez del gasto; cada vez una mayor proporción del mismo se destina al pago de obligaciones —costo financiero y pensiones— y cada vez menos a la inversión productiva. Dicha rigidez compromete la capacidad del Gobierno para ajustar sus recursos, al tiempo que limita el gasto que pueda contribuir a un mayor crecimiento económico. Los resultados de las finanzas públicas en 2025 evidencian que la vulnerabilidad fiscal no radica sólo en el tamaño del déficit, sino también en la creciente rigidez del gasto. La consolidación fue incompleta, la deuda no se estabilizó y casi todos los ingresos del Gobierno federal se destinaron a obligaciones comprometidas —pensiones, intereses y transferencias—, lo que deja escaso margen de maniobra. Al mismo tiempo, la inversión fue la principal variable de ajuste y la deuda se utilizó cada vez menos para financiar activos productivos. Ambas condiciones debilitan el crecimiento potencial y encarecen la carga financiera futura.

En este mismo tenor, el FMI fue claro en su revisión de la política fiscal de México en 2025. Ahí aclaró que la consolidación no bastará para poner la deuda en una ruta descendente y que, de no hacer otros cambios —como fortalecer ingresos permanentes y sanear a las empresas públicas— la deuda podría alcanzar 61.5 % del producto interno bruto (PIB) hacia 2030.

Lo que se requiere para el desarrollo

El Plan México requiere un impulso decidido a la productividad e inversión, mientras que los Pre-Criterios acotan la capacidad del Estado para financiarlo. En consecuencia, la estrategia desde lo público descansa, casi por completo, en la inversión pública financiada con recursos privados, es decir en la propuesta de la LFIED. Esto no es necesariamente un problema… si se cumplen ciertas condiciones. Para que el sector privado responda con la magnitud necesaria, se requieren proyectos robustos y pertinentes, técnicamente bien preparados, certidumbre regulatoria, un entorno de competencia, energía suficiente y asequible, y un Estado de derecho funcional. 

¿Ya estamos ahí? Todavía está en pie la elección judicial de 2027, con esa colección de vicios que todos atestiguamos. El más importante, no garantizar que los jueces electos tengan la experiencia y competencia para ocupar sus cargos. Sin certidumbre, se merman los retornos a la inversión y muy difícilmente la inversión será suficiente para escalar al ritmo que el Plan México supone. Además, la inversión no es suficiente para lograr el crecimiento planteado, México requiere mejorar su productividad.

¿Estamos frente a una desconexión de instrumentos? En términos simples: los Pre-Criterios 2027 son consistentes con un país que quiere mantenerse estable; el Plan México exige uno que quiere escalar. 

Se relaja la regla del gasto corriente estructural 

La regla del gasto corriente estructural, vigente desde 2014, busca que el crecimiento del gasto público se mantenga alineado con el crecimiento potencial de la economía, con el fin de preservar la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, su efectividad es limitada, en parte porque el cálculo del PIB potencial depende de estimaciones de la propia Secretaría de Hacienda sin validación independiente, lo que introduce cierto margen de discrecionalidad. Además, la regla excluye varios componentes relevantes del gasto —como pensiones, costo financiero y participaciones— que tienden a crecer de forma inercial, por lo que en la práctica sólo una parte del gasto está realmente sujeta a restricción.

La propuesta de reforma presentada recientemente desde el Ejecutivo profundiza estas limitaciones al excluir nuevos rubros, como los programas sociales constitucionales —las transferencias en efectivo— y los servicios personales en sectores clave. Con ello, la proporción del gasto sujeta a la regla se reduciría de manera significativa, pasando de cerca del 42% a apenas 27%. Tendrá un mayor peso el gasto rígido o inercial en el gasto total y esto implica una menor capacidad de la regla para contener el gasto público y en particular de sus componentes rígidos, lo que dificultará los ajustes fiscales y debilitaría su función como ancla de disciplina fiscal. 

La pregunta es inevitable: ¿qué nos está diciendo el Gobierno al permitir que el gasto corriente crezca aunque la economía no lo haga? En el corto plazo, esta decisión termina por normalizar una mala composición del gasto público. En la práctica, abre la puerta para aumentar transferencias —justo en 2027, un año electoral— sin que ese crecimiento esté respaldado por una economía más grande.

En el mediano plazo, el riesgo es mayor. Si el gasto en transferencias y en obligaciones como el costo financiero sigue creciendo por encima de la economía, las finanzas públicas pueden volverse insostenibles. Simplemente, los ingresos tributarios difícilmente crecerán al mismo ritmo. Por eso, lo que necesita el Gobierno es corregir la ley para evitar que el incumplimiento se vuelva la regla.

México necesita una estrategia que combine estabilidad con crecimiento transformador: mayor inversión pública estratégica, mejor coordinación con la inversión privada, fortalecimiento institucional con reglas del juego claras y funcionales y una política industrial que vaya más allá del discurso. De lo contrario, el riesgo es claro. El Plan México puede quedar en una narrativa aspiracional, mientras que los Pre-Criterios y las reformas legales seguirán marcando el ritmo real de la economía pública, su meta de crecimiento y su capacidad de impulsarlo. Ese ritmo, hoy por hoy, no alcanza para disputar un lugar entre las principales economías del mundo.