Poder Judicial en México, 2018-2025: lecciones y salvaguardas para proteger su independencia

Este estudio identifica y analiza los embates contra la independencia del Poder Judicial durante el periodo 2018–2025 en un contexto caracterizado por la concentración del poder político en el Ejecutivo federal. El fenómeno se examina a través de dos dimensiones complementarias: 1) la deslegitimación discursiva y 2) la constricción institucional. El estudio detecta los patrones destacados en cada dimensión y a partir de los mismos plantea los elementos de contexto que los facilitaron. Con base en la evidencia, propone la construcción de salvaguardas sociales e institucionales para contribuir a blindar el trabajo de las instituciones y las personas que imparten justicia en México. 

La deslegitimación discursiva consistió en la difusión sistemática de narrativas políticas que presentaron al Poder Judicial como un espacio de privilegio, corrupción o resistencia al cambio democrático. A partir del análisis de discursos presidenciales, conferencias públicas y declaraciones de actores políticos afines a la coalición gobernante entre 2018 y 2025, el estudio documenta un total de 2,983 ataques contra el Poder Judicial, de los cuales 98.5% corresponden a ataques reputacionales. Estos ataques formaron parte de una estrategia de confrontación política dirigida a erosionar la confianza pública en los tribunales y a reducir los costos políticos de impulsar reformas orientadas a modificar su funcionamiento.

La evolución temporal de los ataques revela un crecimiento acelerado del fenómeno. Entre 2018 y 2024 el número de agresiones discursivas aumentó de manera sostenida, alcanzando su punto máximo en 2024, en el contexto del debate público sobre la reforma judicial. El crecimiento anual compuesto de los ataques fue de aproximadamente 64.7%, lo que evidencia una expansión significativa del discurso de deslegitimación en el espacio público. Este patrón sugiere que el cuestionamiento a la legitimidad del Poder Judicial fue utilizado como instrumento político para redefinir el papel de los tribunales dentro del sistema político mexicano. 

El estudio advierte, además, un proceso de constricción institucional —paralelo a la estrategia discursiva— que afectó las condiciones materiales de funcionamiento del Poder Judicial. El análisis del presupuesto, personal judicial y de las condiciones operativas de los tribunales muestra que se consolidó una dinámica de contención que limitó la capacidad operativa del sistema de justicia durante el periodo de estudio. La brecha recurrente entre los recursos solicitados por el Poder Judicial y los finalmente aprobados por la Cámara de Diputados sugiere que el presupuesto operó no sólo como instrumento de disciplina fiscal, sino como un mecanismo indirecto de presión política en contextos de confrontación entre poderes.

La estructura del gasto judicial muestra que la mayor parte de los recursos se concentra en funciones operativas administradas por el Consejo de la Judicatura Federal, responsable de la administración cotidiana del sistema judicial federal. En consecuencia, los ajustes presupuestales afectan principalmente a la base operativa, juzgados de distrito, tribunales colegiados, infraestructura tecnológica, servicios periciales y personal jurisdiccional. Este patrón ha generado una condición de saturación en la cual el sistema judicial funciona con márgenes financieros mínimos y con una creciente presión sobre su capacidad institucional.

Además, el crecimiento del personal judicial no ha seguido el mismo ritmo que el aumento de la carga de trabajo. En varios periodos del análisis se observa estancamiento o incluso reducción de plazas, lo que ha incrementado las cargas de trabajo. Esta dinámica ha convertido al personal judicial en una variable silenciosa de ajuste presupuestal, en lugar de recortes abruptos, se restringe gradualmente el crecimiento institucional, lo que permite en el corto plazo mantener la operación, pero genera riesgos crecientes para la sostenibilidad en el mediano plazo.

Desde una perspectiva de política pública, la independencia judicial debe entenderse como un bien público fundamental del Estado democrático. Los sistemas judiciales autónomos, además de garantizar la protección de derechos y la supremacía constitucional, contribuyen a mejorar la calidad de las políticas públicas, reducir la discrecionalidad administrativa y generar condiciones de certidumbre institucional, que son necesarias para el desarrollo económico y social. Cuando la independencia judicial se debilita, se reduce la capacidad del Estado para corregir abusos de poder, se deterioran los incentivos para la toma de decisiones basadas en evidencia y se incrementa la incertidumbre jurídica para ciudadanos, empresas e instituciones.

A partir del análisis realizado, el estudio propone un conjunto de salvaguardas institucionales orientadas a fortalecer la independencia y la capacidad operativa del Poder Judicial. Éstas incluyen mecanismos de protección a la autonomía presupuestal del sistema judicial, reglas institucionales para reducir la exposición del personal a presiones políticas, y estrategias orientadas a fortalecer la legitimidad pública de los tribunales frente a campañas de desinformación o deslegitimación.

Fortalecer la independencia del Poder Judicial no constituye un privilegio corporativo de los tribunales, sino una condición para preservar el equilibrio de poderes, garantizar la vigencia del Estado de derecho y asegurar que las decisiones públicas se adopten conforme a criterios legales y no a presiones políticas. En última instancia, proteger la autonomía judicial implica proteger la capacidad del Estado para garantizar derechos, generar confianza institucional y promover el bienestar de la sociedad.