Medición y evaluación: dos herramientas para la democracia

Más que un ejercicio técnico, medir el desempeño de las políticas públicas es una herramienta de diálogo democrático. La calidad de la información y los indicadores permite evaluar avances, corregir estrategias y fortalecer la confianza entre ciudadanía y autoridades.

En seguridad y justicia, especialmente frente al crimen organizado, la evidencia muestra que un solo indicador —como el homicidio doloso— resulta insuficiente para abarcar la violencia letal. Para obtener diagnósticos más precisos y decisiones mejor focalizadas, proponemos incluir otras cifras en el análisis, como las desapariciones y otros delitos contra la vida. De igual manera, medir el riesgo y la efectividad de las medidas de protección a las personas juzgadoras puede orientar soluciones que salvaguarden su seguridad sin medidas que comprometan la transparencia ni el debido proceso.

La educación también demanda mediciones robustas. Las reglas de ingreso al magisterio deben acompañarse de evaluaciones meritocráticas y seguimiento del desarrollo profesional docente. Yendo más allá, medir resultados educativos, flujos laborales y necesidades productivas puede facilitar incluso acuerdos bilaterales más realistas.

Un último ejemplo: Pemex. Su estatus actual como empresa que ya no aporta al Estado, sino que éste la debe subsidiar, abre una oportunidad para establecer metas verificables, y fortalecer la gobernanza y la transparencia tanto financiera como climática.

En suma, medir mejor no implica señalar fallas, sino construir bases comunes para el entendimiento.

Conoce aquí a detalle Nuestras Ideas para medir mejor las políticas públicas y gracias por leernos semana a semana.

NOTA: Las opiniones vertidas por nuestros especialistas en los distintos medios informativos, reflejan su postura personal y no necesariamente la de México Evalúa.

¿Es realista plantear un divorcio entre México y Estados Unidos?

La relación entre México y Estados Unidos, como la de vecinos o matrimonios, exige trabajo constante y reglas claras para preservar la paz y aprovechar los beneficios de la cercanía, reflexiona Luis Rubio, director de México Evalúa en su columna “Matrimonios…”, publicada en Reforma. A lo largo del tiempo, ambos países han mantenido una interacción compleja que abarca comercio, migración, seguridad, inversión y recursos naturales, reflejo de una integración humana y económica cada vez más profunda. Desde los años noventa, las reglas comerciales impulsaron inversión y cadenas productivas que consolidaron la interdependencia regional. Sin embargo, paralelamente se toleraron prácticas irregulares, especialmente en el mercado laboral, donde la demanda de mano de obra en Estados Unidos ha superado la capacidad política de legislar soluciones migratorias viables. El statu quo es insostenible y alimenta posturas extremas. Ante ello, la única salida es la cooperación bilateral para construir estrategias que atiendan seguridad, migración y desarrollo económico, bajo una convivencia pacífica basada en responsabilidad compartida.

“Jueces sin rostro” y la importancia de priorizar casos en las Fiscalías

La reforma judicial incorporó la figura de “jueces sin rostro” para proteger a juzgadores en casos de delincuencia organizada. No obstante, ello va contra los principios de transparencia y publicidad del proceso penal de la propia reforma, además de implicar riesgos al debido proceso y al derecho de defensa. La Corte Interamericana ha cuestionado esta práctica en países como Colombia y Perú, donde fue temporal, no garantizó mayor seguridad y propició abusos. En México, la violencia contra jueces es real: entre 2012 y 2022, uno de cada cinco sufrió amenazas o ataques, y 55% considera insuficientes las medidas de protección. En ese panorama, ocultar su identidad tampoco garantiza su seguridad. Hay alternativas menos lesivas a los derechos humanos, como priorizar en fiscalías la investigación de ataques contra juzgadores, aplicar figuras legales ya disponibles como la prueba anticipada, el colegio de jueces, la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera o la prisión preventiva justificada. Una propuesta del Programa de Justicia publicada en El Sol de México.

El día que Pemex dejó de sostener al Estado (y cómo puede volver a hacerlo)

Por primera vez en su historia reciente, Petróleos Mexicanos dejó de ser un sostén de las finanzas públicas y se convirtió en una carga para la ciudadanía. En 2025, la empresa aportó 240 mil millones de pesos al erario, pero recibió 396 mil millones en transferencias, generando un saldo negativo de 156 mil millones. El desbalance responde a tres factores: la caída de la producción petrolera —1,367 mil barriles diarios, el nivel más bajo desde 1990—; cambios fiscales desde 2019 que redujeron la renta captada por el Estado, por lo que en 2025 se redujo a sólo una cuarta parte los ingresos petroleros; y el aumento de apoyos presupuestarios que superaron las aportaciones de la empresa. No obstante, el diagnóstico abre oportunidades de transformación. Las directrices de la OCDE sugieren fortalecer la gobernanza corporativa con un consejo independiente, condicionar apoyos a inversión productiva con metas verificables, establecer reglas fiscales claras y transparentar el costo de mandatos públicos. Un breve diagnóstico del Programa de Gasto Público, publicado en Revista Fortuna.

Transparencia climática: reportar bien sí es negocio

La sostenibilidad pasó de ser un asunto reputacional a un factor financiero clave. En México, desde 2025 es obligatorio integrar información no financiera “material”, como impactos ambientales, prácticas laborales y gobernanza, conforme a las Normas de Información de Sostenibilidad (NIS) del CINIF, alineadas con estándares internacionales (IFRS-ISSB). Pese a que el Gobierno pretende movilizar hasta 15 billones de pesos hacia actividades sostenibles, el reto es especialmente relevante para Pemex, que mantiene capital en activos con baja trazabilidad climática. Particularmente, se estimaron inversiones ambientales en la petrolera por 15.08 mil millones de pesos en 2024 (7.62% del capex), pero con reportes poco claros y confusión entre inversión social y donativos. En contraste, petroleras internacionales informan con mayor precisión sus inversiones climáticas. Un reporte del Programa de Regulación y Competencia publicado en El Financiero.

Una propuesta para medir mejor la violencia letal

El homicidio doloso es la principal métrica para evaluar la violencia en México por ser el delito más grave contra la vida y, en teoría, el que tiene menos subregistro. Sin embargo, no refleja del todo la violencia letal. Existen dos razones centrales: debilidades institucionales en la clasificación e investigación de muertes violentas, y dinámicas criminales como las desapariciones, que evitan el registro inmediato de homicidios. Estas distorsiones explican comportamientos anómalos, como aumentos en homicidio culposo, otros delitos contra la vida o desapariciones que coexisten con descensos en homicidio doloso, creando una aparente mejora estadística. Frente a ello, México Evalúa propone un indicador integral que combina homicidio doloso, feminicidio, homicidio culposo, otros delitos contra la vida y desapariciones, para contextualizar la letalidad, detectar desplazamientos entre categorías y construir diagnósticos territoriales más precisos. El indicador muestra una reducción nacional de 8.6% entre 2024 y 2025, pero no un proceso de pacificación, pues en la última década la violencia letal aumentó 68.2% y persisten realidades locales críticas. Un argumento del Programa de Seguridad publicado en Expansión.

¿Fortalecimiento institucional con exclusión del talento docente?

El 6 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó una ley que da prioridad de ingreso al magisterio a egresados de normales públicas, la Universidad Pedagógica Nacional y los Centros de Actualización del Magisterio. La decisión genera dudas sobre su impacto en la calidad educativa y la igualdad de oportunidades. Críticos señalan que el criterio privilegia el origen institucional sobre el mérito, lo que puede reducir la competitividad y debilitar incentivos para mejorar la formación. El proceso de admisión podría priorizar a normalistas antes de considerar a egresados de otras universidades. La medida también contrasta con recortes presupuestales: entre 2018 y 2026, el financiamiento a la UPN y la educación normal disminuyó, y el gasto en desarrollo profesional docente cayó significativamente, cuestionando la coherencia entre discurso y recursos. Como alternativa, se propone mantener incentivos a normales públicas pero basados en evaluaciones meritocráticas, garantizando que los perfiles más destacados accedan a plazas. Un señalamiento del Programa de Educación publicado en Animal Político.

Cursos de México Evalúa

Themis | Plataforma de aprendizaje
Curso: Poderes Judiciales y personas juzgadoras

El 15 de septiembre de 2024 se publicó la reforma judicial que marcó un hecho inédito en la historia de nuestro país al establecer la selección de personas juzgadoras mediante voto popular y reestructurar los principales órganos del gobierno judicial. Esta nueva realidad evidenció una necesidad urgente: que todas las personas ciudadanas en México puedan comprender cómo se organiza, estructura y funciona el Poder Judicial, para exigir que actúe con transparencia y responsabilidad. Este curso ofrece conocimientos básicos en la materia y la función jurisdiccional en México, así como herramientas para vigilar el desempeño del sistema de justicia, las reformas legales e, incluso, los procesos electorales judiciales. El plan de formación es en línea, gratuito y autogestivo. Al concluirlo se otorga una constancia de acreditación. Un proyecto de capacitación en la justicia del Programa de Justicia.

NUESTROS DATOS

¿Cómo cerró 2025 en materia de finanzas públicas?

El primer año del actual gobierno estuvo marcado por un esfuerzo de consolidación fiscal en un entorno económico particularmente adverso. Al final, no se logró controlar el déficit público en los términos originalmente previstos, pese a la contención del gasto y a una mayor recaudación. Dos factores explican este resultado. El primero fue un menor dinamismo de la economía: mientras la Secretaría de Hacienda estimaba un crecimiento de 2.5% para 2025, la actividad económica avanzó apenas 0.7%, lo que redujo la base sobre la cual se financian las finanzas públicas. El segundo factor —que presionó de manera significativa el balance fiscal— fueron las transferencias a Pemex muy por encima de lo aprobado.

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Propuestas para mejorar la fiscalización en México

En el marco de la renovación o ratificación del titular de la Auditoría Superior de la Federación, abrimos un espacio de diálogo para discutir propuestas concretas que permitan mejorar los alcances, la autonomía y la efectividad de la fiscalización en el país. Este es un evento co-convocado por México Evalúa, la Cámara de Diputados y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que reunirá a académicos, integrantes de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y comunidad estudiantil especializada en la materia. El objetivo es generar una conversación técnica, plural y orientada a soluciones que fortalezcan la rendición de cuentas y el buen uso de los recursos públicos.

• 26 de febrero de 2026 | 13:00 hrs
• Aula Centenario, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (Circuito, Mario de La Cueva s/n, C.U., Coyoacán, 04510, CDMX)
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