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En toda democracia, la narrativa gubernamental da sentido a las decisiones públicas y comunica sus resultados. Sin embargo, en contextos complejos como el...
En toda democracia, la narrativa gubernamental da sentido a las decisiones públicas y comunica sus resultados. Sin embargo, en contextos complejos como el mexicano, esa narrativa convive inevitablemente con otra dimensión igual de relevante: la evidencia. El contraste entre ambas no debe entenderse como una confrontación, sino como una oportunidad para fortalecer la acción pública.
Nuestro diagnóstico reciente sobre el sistema de justicia penal, por ejemplo, ilustra con claridad este punto. La persistencia de altos niveles de impunidad, los cuellos de botella en el tránsito de los casos y el rezago institucional muestran que los desafíos son estructurales y requieren respuestas integrales. Al mismo tiempo, nuestro análisis no se limita a describir problemas: ofrece rutas concretas de mejora, desde la articulación entre policías y fiscalías hasta el uso más amplio de mecanismos alternativos de solución de controversias.
En este contexto, la disposición mostrada por autoridades de distintos niveles de gobierno para participar en los espacios de diálogo y análisis que hemos celebrado en estos días es una señal alentadora. Su presencia en estos encuentros refleja una apertura que vale la pena reconocer y profundizar: la de construir políticas públicas a partir de evidencia, intercambio técnico y colaboración con la sociedad civil.
La evidencia no sustituye a la política, pero sí la orienta y fortalece. El reto no es elegir entre narrativa y datos, sino hacer de la evidencia un insumo central para la toma de decisiones.
Conoce aquí a detalle Nuestras Ideas para conciliar narrativa con evidencia y gracias por leernos semana a semana.
NOTA: Las opiniones vertidas por nuestros especialistas en los distintos medios informativos, reflejan su postura personal y no necesariamente la de México Evalúa.
Nuevo micrositio interactivo de México Evalúa
Presentamos una plataforma digital interactiva que permite visualizar el funcionamiento del sistema de justicia penal en México a partir de datos públicos. A través de gráficos dinámicos y herramientas de exploración, facilita el análisis del desempeño de policías, fiscalías y tribunales, con el objetivo de fortalecer la transparencia y promover decisiones basadas en evidencia. La plataforma acompaña los hallazgos de Radiografía de la Impunidad y permite identificar cuellos de botella en el procesamiento de casos, desde la denuncia hasta la resolución. Además, contribuye a monitorear avances y rezagos institucionales, así como a comparar el desempeño entre entidades federativas. Data Justicia, desarrollada por el Programa de Justicia, busca convertirse en una herramienta útil para autoridades, academia y sociedad civil, al fomentar el uso estratégico de la información para mejorar políticas públicas y avanzar en la reducción de la impunidad mediante coordinación y evidencia.
Cuando la narrativa choca contra la realidad
Todos los gobiernos construyen narrativas para justificar su actuar, plantea Luis Rubio, director de México Evalúa en su columna “Narrativas”, publicada en Reforma. El actual Gobierno tiende a operar con una lógica propia de un tiempo en que el poder controlaba la información. Hoy, esa pretensión choca con una realidad visible desde múltiples fuentes y con un régimen que reacciona más de lo que anticipa. Morena ha impulsado una concentración de poder que debilita contrapesos institucionales —como órganos autónomos, mecanismos de acceso a la información y garantías como el amparo— bajo una concepción de democracia centrada en la legitimidad de origen: el voto. A diferencia de las democracias liberales, donde la legitimidad se renueva día a día y se sustenta en derechos y rendición de cuentas, su visión privilegia el mandato electoral y desestima la pluralidad —lo que implica excluir a sectores disidentes y sacrificar desarrollo— y plantea dudas sobre la sostenibilidad de su centralismo ante la inseguridad, corrupción y bajo crecimiento.
Radiografía de la Impunidad, 2024: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal en México
El Programa de Justicia de México Evalúa elaboró este diagnóstico del desempeño institucional del sistema de justicia penal entre 2019 y 2024 basado en datos abiertos del INEGI. El estudio analiza el flujo de los casos —desde el reporte del delito hasta su resolución— y plantea el Índice de Impunidad Penal Institucional (IIPI), que cuantifica los casos sin solución efectiva. Los hallazgos muestran que 93% de los delitos no se denuncia y que existe una fuerte desconexión entre policías y fiscalías: de 8.8 millones de reportes, sólo 2.15 millones se convierten en denuncias. Aunque la mayoría de éstas últimas avanzan hacia su proceso, apenas 6.28% llega a imputación y sólo 10.55% se resuelve en tribunales. Además, el rezago se ha duplicado en fiscalías y crecido significativamente en tribunales. El estudio, que es heredero de la serie Hallazgos, identifica que la impunidad puede reducirse mediante mejor coordinación institucional, mayor uso de mecanismos alternativos y gestión enfocada en resultados.
El petróleo caro ¿ayudará a las finanzas públicas?
Durante décadas, en México se asumía que el aumento en el precio del petróleo fortalecía automáticamente las finanzas públicas. Sin embargo, esa relación cambió, señala Mariana Campos, directora de México Evalúa en su columna para El Universal. Hoy los ingresos petroleros representan una proporción mucho menor del presupuesto, mientras que el precio de la gasolina se volvió políticamente sensible. Para evitar aumentos en los combustibles cuando sube el petróleo, el Gobierno reduce o elimina el IEPS de gasolinas y diésel. Esta política tiene un alto costo fiscal. En 2022, tras el alza del petróleo por la invasión de Rusia a Ucrania, el Gobierno dejó de recaudar cerca de 397 mil millones de pesos por IEPS, mientras que los ingresos petroleros adicionales fueron de sólo 269 mil millones, generando un boquete fiscal de 128 mil millones. Hoy el contexto internacional vuelve a presionar los precios del petróleo por las tensiones en Medio Oriente. En este escenario, el Gobierno enfrenta una disyuntiva: permitir que suban las gasolinas o ampliar los estímulos fiscales y asumir el costo presupuestario.
ASF 2026–2034: la votación que definirá el rumbo de la fiscalización del gasto público
La designación de la persona titular de la Auditoría Superior de la Federación para el periodo 2026-2034 marcó uno de los momentos institucionales más relevantes del actual ciclo político. La fiscalización superior es clave para la rendición de cuentas. De acuerdo con estándares internacionales, estas instituciones no sólo revisan la legalidad del gasto, sino su eficiencia y su contribución al desarrollo. En México, el papel de la ASF se fortaleció con la reforma constitucional de 2015 en materia anticorrupción, que amplió sus facultades de investigación. Sin embargo, en años recientes surgieron retos institucionales: cambios internos que concentraron decisiones, ajustes frecuentes al programa anual de auditorías y rezagos en el seguimiento de observaciones, lo que puede limitar la recuperación de recursos públicos. Ante este contexto, se subraya la importancia de procesos de designación transparentes, con criterios técnicos claros y participación plural. Fortalecer los mecanismos internos de control, promover la colaboración con universidades y sociedad civil, y consolidar el Sistema Nacional de Fiscalización son pasos clave para reforzar la rendición de cuentas y mejorar la calidad del gasto público en México.
Enero 2026: uno de los inicios de año menos violentos, pero con focos rojos persistentes
Enero de 2026 muestra una reducción general en la mayoría de los indicadores de violencia letal en México. Sin embargo, persisten los mismos focos territoriales de alta violencia. Además, algunos delitos mantienen una alta incidencia y, si se examina a nivel territorial, se observa que las tasas de letalidad varían mucho de acuerdo a la región. En homicidio doloso hay menor número de víctimas desde 2016 (-34% vs enero 2025). Feminicidio: menor número de víctimas desde 2018 (-12.7% anual). Homicidio culposo: menor número de víctimas desde 2015 (-11.6%). Otros delitos contra la vida: aumentó 3% respecto a enero de 2025. Desapariciones: reducción de 38.3% frente a 2025, aunque el nivel sigue cercano al promedio histórico. Un mes no permite establecer tendencias definitivas, pero los datos muestran que entidades como Colima, Morelos y Sinaloa continúan registrando las tasas más altas en homicidio doloso, mientras que otros estados aparecen de forma recurrente en distintos indicadores de violencia contra la vida. Yucatán, San Luis Potosí y Coahuila presentan las tasas más bajas. Un monitoreo mensual del Programa de Seguridad.
Romper barreras para detonar inversión en la Ciudad de México
Imaginemos a una empresa internacional interesada en instalar un nuevo centro de logística avanzada para abastecer a América del Norte. El mercado mexicano resulta atractivo y el acceso preferencial al mercado estadounidense es una ventaja estratégica. Entre las posibles sedes, la Ciudad de México aparece pronto en el radar: es dinámica, concentra talento especializado, ofrece acceso a proveedores, cuenta con infraestructura financiera y alberga un ecosistema empresarial sofisticado. En el papel, los números cuadran. El proyecto parece viable. Entonces comienza el proceso administrativo local. Permisos, trámites, autorizaciones y licencias. Nada fuera de lo común; todas las ciudades modernas regulan la actividad económica. Sin embargo, cuando los tiempos se alargan o los procesos se vuelven opacos, la ecuación del inversionista empieza a cambiar. Según estimaciones de México Evalúa basadas en la metodología Standard Cost Model de la OCDE, los costos de oportunidad pueden ir de 125 mil a 3.7 millones de pesos. Un análisis del Programa de Regulación y Competencia publicado en Animal Político.
¡A romper barreras! Cómo detonar la inversión en México: Caso CDMX
En el contexto del nearshoring y la integración de América del Norte, elPrograma de Regulación y Competencia de México Evalúa propone una agenda de mejora regulatoria para consolidar a la capital como nodo financiero, logístico e innovador. La ciudad concentró el 40% de la Inversión Extranjera Directa (IED) nacional y aportó 15.3% del crecimiento económico en 2024. Para 2025, la IED alcanzó 22,381 millones de dólares al tercer trimestre, equivalente al 54.8% del total nacional. No obstante, la ciudad enfrenta límites para expandir su base industrial. Existen 2,322 corredores industriales, pero la saturación del suelo y la falta de trenes de carga restringen su potencial logístico. Mediante el Modelo de Costo Estándar de la OCDE, se estima que retrasos regulatorios pueden generar pérdidas de 125 mil a 3.78 millones de pesos por empresa. Además, 60% de los trámites vinculados al nearshoring se concentran en la apertura empresarial y existe una brecha de 43.48% entre trámites regulados y registrados. El estudio propone simplificar, homologar y digitalizar procesos para reducir fricciones regulatorias y detonar inversión, formalidad y crecimiento.
NUESTROS DATOS
1,173 pesos de subsidio por habitante a Pemex en 2025
Pemex dejó de ser el pilar de las finanzas públicas. La combinación de una plataforma productiva en declive que cayó al nivel más bajo desde 1990, y una menor carga tributaria para aliviar la situación financiera de la paraestatal, modificó de fondo la relación entre la empresa y el Estado.
Así, Pemex aportó a la Federación 240 mmdp, pero el Gobierno le devolvió 396 mmdp en transferencias presupuestarias. El resultado en 2025 fue un balance inédito. Por vez primera en la historia, los ciudadanos pasaron de beneficiarse de la renta petrolera a subsidiar a la empresa.
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