La historia muestra una y otra vez que el poder sólo se sostiene a largo plazocuando hay resultados concretos en los...
La historia muestra una y otra vez que el poder sólo se sostiene a largo plazocuando hay resultados concretos en los temas que más afectan la vida cotidiana. Dos esenciales son la seguridad y la economía. Veamos una rápida evaluación basada en evidencia, de estos ámbitos:
Seguridad: Si bien la violencia letal bajó 8.6% en el último año, el acumulado es 68.2% mayor desde 2015. A ello se suma el aumento de 212.9% en desapariciones y el crecimiento de 78% en la extorsión, lo que revela territorios donde el crimen ejerce control de facto. Las propuestas existen: políticas diferenciadas por territorio y delito, fortalecimiento de policías y fiscalías, prevención social y una gobernanza abierta que incluya a sociedad civil, academia y sector privado, como ya se ensaya con el nuevo registro nacional de incidencia delictiva.
Economía: El primer año de gobierno dejó señales mixtas. La recaudación alcanzó un máximo histórico, pero el crecimiento fue de apenas 0.7% y el déficit se mantuvo elevado, en parte por transferencias extraordinarias a Pemex que, por primera vez en la historia, costó más de lo que aportó. La deuda llegó a 53.1% del PIB y la inversión pública cayó a su nivel más bajo desde 2007. Las recomendaciones apuntan a condicionar apoyos a inversión productiva, mejorar la transparencia y establecer reglas fiscales claras.
Las reformas institucionales pueden tener respaldo político, pero la legitimidad duradera se construye con resultados tangibles. Avanzar en seguridad y fortalecer las finanzas públicas no sólo mejoraría la calidad de vida, sino que daría sustento real a cualquier proyecto de transformación política.
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NOTA: Las opiniones vertidas por nuestros especialistas en los distintos medios informativos, reflejan su postura personal y no necesariamente la de México Evalúa.
La legitimidad frente a la reforma electoral

La reforma electoral que impulsa el partido gobernante pone a prueba libertades que suelen pasar desapercibidas hasta que se pierden, sentencia Luis Rubio, director de México Evalúa en su columna “¿Ciudadanía?”, publicada en Reforma. La vida cotidiana depende de una ciudadanía capaz de interactuar libremente con sus gobernantes, y esa apertura sólo sobrevive si se defiende. Hoy, organizaciones civiles que antes impulsaron la democracia parecen paralizadas ante un gobierno con mayoría suficiente para modificar leyes y la Constitución. Sin embargo, la legitimidad política es más frágil de lo que parece en una era de información inmediata: los costos sociales de concentrar el poder pueden ser altos. Un sistema sin alternancia puede terminar erosionando sus propios apoyos. El régimen apuesta a que su control actual y la popularidad presidencial reduzcan los riesgos, pero ni su unidad interna ni la pasividad de la sociedad civil están garantizadas a largo plazo.
Propuestas para la paz: análisis de los datos de violencia en México

El estudio fue elaborado con datos oficiales sobre homicidios, feminicidios, desapariciones y otros delitos contra la vida. Pese a que la violencia letal bajó 8.6% en el último año, el acumulado aumentó 68.2% desde 2015. El feminicidio llegó a 721 víctimas en 2025, 68.5% más que hace diez años. El homicidio doloso cayó 22.2% en el último año, pero sigue 30.7% por encima de 2015, con 19 estados por arriba del umbral epidémico de 11 casos por cada 100 mil habitantes. Las desapariciones se triplicaron en la década (212.9%) y alcanzaron un máximo en 2024. Además, la categoría de otros delitos contra la vida creció 368%, lo que apunta a posibles problemas de clasificación. El estudio, elaborado por el Programa de Seguridad, recomienda crear mesas permanentes entre autoridades, academia, sector privado y sociedad civil; diseñar políticas diferenciadas por delito y territorio; y aplicar una estrategia que combine inteligencia contra el crimen, fortalecimiento de policías y fiscalías, y prevención social de la violencia.
La extorsión en la última década: datos y preguntas

La extorsión es el delito que mejor revela cuándo el crimen organizado ejerce autoridad de facto. En su forma más extendida, es un mecanismo de gobierno ilegal que impone reglas sobre la vida de las comunidades. Mientras el homicidio refleja disputas, la extorsión indica control territorial: muestra dónde el crimen ya gobierna. En la última década, las víctimas de extorsión aumentaron 78%, al pasar de 6,223 en 2015 a 11,081 en 2025, el nivel más alto del periodo. Desde 2020 se superan las 10 mil víctimas anuales, aunque la cifra real es mucho mayor pues se denuncia menos de una de cada diez extorsiones. A nivel territorial, 20 estados registran hoy más víctimas que hace diez años, con extremos como el incremento de 14,470% en Guanajuato. En varias de esas entidades hay evidencia de consolidación criminal, aunque en ocasiones el aumento puede reflejar mejores capacidades de registro. También hubo reducciones en 12 entidades, lo que abre la posibilidad de identificar y replicar estrategias locales que han logrado contener este delito. Una opinión del Programa de Seguridad publicada en El Sol de México.
Rumbo a una nueva gobernanza democrática por la seguridad

A partir de este mes entrará en operación el Registro Nacional de Incidencia Delictiva, el nuevo sistema con el que el Gobierno federal procesará la información de delitos a partir de las denuncias registradas por las fiscalías locales. Su creación destaca por dos razones: puede abrir una nueva etapa de gobernanza democrática en seguridad y ampliar las posibilidades para comprender el fenómeno delictivo. El pasado 28 de enero, el Consejo Nacional de Seguridad Pública convocó a un foro con academia, sociedad civil y medios. Por primera vez en el actual sexenio, actores gubernamentales y voces críticas discutieron en una misma mesa la calidad de los datos de seguridad. Este ejercicio de apertura puede fortalecer la legitimidad de las decisiones públicas, aunque su consolidación dependerá de mantener mecanismos estables de diálogo y acuerdos de largo plazo. Un artículo del Programa de Seguridad publicado en Expansión.
Erario al momento | Análisis anual enero – diciembre 2025
Pese al esfuerzo, el déficit no cedió en 2025: las cuentas públicas del primer año del sexenio

El primer año del actual gobierno estuvo marcado por un intento explícito de consolidación fiscal en un contexto económico adverso. Sin embargo, el déficit público no se contuvo en los términos previstos. Dos factores explican este resultado: un crecimiento económico muy inferior al estimado (0.7% frente al 2.5% esperado) y transferencias a Pemex muy por encima de lo aprobado, que presionaron el balance fiscal. Uno de los principales aciertos fue el fortalecimiento de los ingresos: la recaudación tributaria alcanzó un máximo histórico de 5.3 billones de pesos, con un crecimiento real de 4.1%, impulsado por ISR e IVA. Esto permitió amortiguar recortes en áreas clave como salud, educación, ciencia y Estado de derecho. El costo del ajuste se concentró en la inversión pública, que cayó a su nivel más bajo desde 2007: por cada peso adicional de deuda, sólo se invirtieron 45 centavos. Incluso, Pemex aportó menos recursos de los que recibió, generando una pérdida neta para el Estado. En paralelo, la deuda pública alcanzó 53.1% del PIB y su costo financiero un máximo histórico, reduciendo el espacio fiscal futuro. Un análisis del Programa de Gasto Público.
El saldo petrolero de 2025: ¿Por qué Pemex costó más de lo que aportó?

En 2025, Pemex dejó de ser un pilar de las finanzas públicas. La combinación de una producción en mínimos históricos, cambios fiscales a su favor y crecientes apoyos presupuestarios alteró la relación entre la empresa y el Estado. Por primera vez, los ciudadanos subsidiaron a la petrolera en lugar de recibir beneficios de ella. La producción cayó a 1,367 mil barriles diarios, el nivel más bajo desde 1990, lo que redujo la renta petrolera disponible. A ello se sumaron cambios en el régimen fiscal: el principal derecho que pagaba Pemex pasó de 65% en 2019 a 30% en 2024, y en 2025 se sustituyó por un solo gravamen más flexible. Como resultado, la renta petrolera cayó a 968.2 mil millones de pesos, con Pemex reteniendo 75% y la Federación sólo 25%. El problema central fue que la empresa recibió más recursos de los que aportó. En 2025, Pemex entregó 240 mil millones de pesos al Estado, pero recibió 396 mil millones en transferencias, lo que implicó una pérdida neta de 156 mil millones. Un análisis del Programa de Gasto Público publicado en Animal Político.
NUESTROS DATOS
¿Qué está haciendo bien Querétaro que ha logrado reducir sus índices de impunidad?
Desde 2017, Querétaro ocupa el primer lugar nacional en el ranking de fortaleza de los sistemas penales estatales de México Evalúa. En ese estado, gracias a la coordinación entre policías y fiscalías y al uso de la tecnología, el 92.94% de las detenciones son calificadas como legales por los jueces. Un ejemplo de muestra: casi la mitad de las denuncias por robo son tomadas en campo vía tabletas (48.8%) y recibidas en tiempo real por la Fiscalía, agilizando la atención ciudadana. Para conocer qué es lo que Querétaro está haciendo muy bien, consulta nuestro estudio “Un mejor sistema de justicia penal es posible Caso Querétaro”.
