Reforma presupuestaria: apuesta por la inversión, con riesgos para la sostenibilidad fiscal

• La reforma genera más transparencia y agilidad al ampliarse la visibilidad del gasto a cinco años y acelerar los procesos de contratación para proyectos prioritarios.
• Adelantar proyectos sin aprobación presupuestaria, reduce el margen del Congreso frente al Ejecutivo. Ello puede limitar la competencia y encarecer proyectos. Hay riesgo de un menor control y mayor incertidumbre.
• Con los cambios en las reglas fiscales, el crecimiento de una mayor proporción del gasto ya no estará anclado al crecimiento de la economía.

Ciudad de México, 8 de abril de 2026. Las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar (LFIED) buscan mejorar la planeación, ejecución y financiamiento de proyectos estratégicos. No obstante, su impacto dependerá de lograr un equilibrio adecuado entre mayor flexibilidad y reglas claras que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas de nuestro país.

Desde México Evalúa reconocemos que entre los cambios realizados se incorporan algunos avances. Destaca la incorporación de proyecciones obligatorias a cinco años para los compromisos de gasto, lo que permitirá anticipar presiones presupuestarias y mejorar la planeación de mediano plazo. Esta medida contribuye a dar mayor certidumbre a proyectos de infraestructura y a transparentar las obligaciones financieras que trascienden una administración.

Asimismo, la posibilidad de iniciar procesos de contratación antes de contar con disponibilidad presupuestaria inmediata puede contribuir a agilizar la ejecución de proyectos prioritarios. En un entorno donde los tiempos administrativos suelen retrasar la inversión, este tipo de ajustes puede facilitar una mejor coordinación entre planeación y ejecución del gasto público. 

Sin embargo, esta flexibilidad también implica riesgos. Iniciar contrataciones sin recursos asegurados puede generar incertidumbre, limitar la competencia, especialmente para pymes, y encarecer los proyectos. Además, comprometer gasto futuro sin aprobación previa, abre espacios de discrecionalidad y debilita el papel del Congreso, reduciendo el presupuesto a decisiones prácticamente ya tomadas.

Estos avances son especialmente relevantes frente a los rezagos recientes en inversión pública. En 2025, la inversión física cayó a 770 mil millones de pesos, su nivel más bajo desde 2008, y apenas una parte del endeudamiento se destinó a este rubro. Esto evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos que permitan impulsar proyectos que detonen crecimiento económico.

Sin embargo, el contexto fiscal del país exige actuar con responsabilidad. En 2024, el déficit público alcanzó 5.8% del PIB, el nivel más alto en más de tres décadas, y en 2025 se mantuvo por encima de lo previsto. La deuda pública, por su parte, no ha logrado estabilizarse y se espera que para el cierre del año ascienda a 54.7% del PIB, se trata del nivel más alto de endeudamiento de la economía mexicana desde 1988. Esto implica una deuda por ciudadano de 151 mil 925 pesos por persona para el cierre de 2026.

En este escenario, algunos de los cambios realizados en la LFPRH reducen el alcance de las reglas fiscales sobre el crecimiento del gasto y el uso del endeudamiento. 

En particular, se identifican tres riesgos adicionales:  1) La reducción del alcance operativo de la regla fiscal limita su capacidad como instrumento de contención del gasto, al disminuir la proporción del presupuesto sujeta a reglas de crecimiento. 2) Aumenta el peso del gasto rígido o inercial, como programas sociales y servicios personales, que resulta más difícil de ajustar en el corto plazo. 3) Se debilita el vínculo entre endeudamiento e inversión, abriendo espacio a financiar gasto corriente.

Este momento abre la posibilidad de dar un paso adicional: consolidar un marco fiscal que combine mayor capacidad de inversión con disciplina y transparencia.

Desde México Evalúa consideramos que la reforma puede fortalecerse a partir de tres principios fundamentales: 

1. Asegurar que la mayor transparencia en los compromisos de largo plazo se complemente con límites claros que protejan el espacio fiscal futuro.
2. Orientar la flexibilidad hacia proyectos con viabilidad técnica, impacto económico y prioridad estratégica. 
3. Mantener reglas fiscales sólidas que permitan evaluar con claridad el crecimiento del gasto y el uso del endeudamiento.

México necesita invertir más para crecer, pero también necesita finanzas públicas sólidas para sostener ese crecimiento en el tiempo. La discusión actual no debe centrarse en elegir entre flexibilidad o disciplina, sino en cómo construir un equilibrio que permita fortalecer ambas.

Con una implementación rigurosa y mecanismos de gobernanza robustos, es posible potenciar la inversión pública, generar mayor certidumbre y  sentar las bases para un crecimiento más sostenido e incluyente.