Árbitros independientes: la justicia como en el fútbol

Así como la afición, es la ciudadanía la que pierde cuando las reglas no se aplican o se cambian para favorecer a la parte con más conexiones o que presiona a los jueces. Todo ello conlleva un deterioro del Estado de derecho.

Por Susana Camacho (@susanacamachomexeva) y Jorge Carbajal | Programa de Justicia
Publicado en: El Sol de México

¿Por qué causó tanto revuelo la llamada que recibió el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por parte de Donald Trump? Como sabemos, el mandatario estadounidense quería modificar reglas ya aceptadas y amenazó irse contra el árbitro que impuso una sanción a un jugador de la Unión Americana. La respuesta es: porque no se vale que la llamada de alguien poderoso imponga las reglas. 

Cuando eso ocurre, ya no importa la calidad del juego sino la capacidad de influir por fuera. Eso impacta, además, en las capacidades de los jugadores: ¿para qué prepararse si alguien puede decidir el resultado del partido por encima de las reglas? Por otro lado, ¿quién querría ver un partido si se sabe de manera anticipada cuál será el equipo ganador gracias a sus conexiones políticas y no a su desempeño en la cancha? 

Lo mismo está en riesgo cuando los jueces (como los árbitros) son electos por decisiones políticas, o cuando se les puede presionar para decidir a favor de quien tenga más poder. Así como la afición, es la ciudadanía la que pierde cuando las reglas no se aplican o se cambian para favorecer a la parte con más conexiones o que presiona a los jueces. Debilitar a las leyes y a las personas que la aplican a través de la politización conlleva un deterioro del Estado de derecho.

El Estado de derecho está en juego

Toda democracia representativa implica reglas formales para elegir a quienes ocuparán cargos públicos. Para ello se necesita la más amplia participación ciudadana. Asimismo, requiere un conjunto de derechos y libertades fundamentales, como de votar y obtener el voto, de expresión, de asociación y de información para que las personas puedan tener alternativas y elegir libremente, en este caso a los jueces. 

Las y los jueces electos, al asumir sus cargos, deben conducirse conforme a lo que la Constitución y las normas les facultan. No pueden actuar en contra de la ley ni hacer algo que no esté establecido en ella. Por su parte, si se incumple o se viola una norma —todos los ciudadanos están obligados a conocer y respetar las leyes—, existen procedimientos e instancias para investigar, determinar las responsabilidades e imponer sanciones. Todo ello forma parte del Estado de derecho, y esa pieza clave para sostener cualquier democracia hoy, en México, está en juego. 

De acuerdo con la medición más reciente del Índice de Estado de derecho (2025), México se ubicó en el lugar 121 de 143 países evaluados, con un puntaje de .40 en una escala de 0 a 1. Eso nos coloca a la par de países africanos como Nigeria, Congo y Zimbabwe, y sólo por encima de Bolivia, Nicaragua, Haití y Venezuela en comparación con los países de la región latinoamericana. Además, los resultados muestran que México ha tenido un deterioro desde 2015 al bajar de .48 a .40. Esta evidencia confirma el diagnóstico: el juego en México está perdiendo credibilidad. Cada vez estamos más cerca de países donde no se respetan las leyes y la ciudadanía pierde derechos. En buena medida, esta caída se relaciona con el debilitamiento del Poder Judicial.

Los poderes judiciales tenían serias carencias

Dice el refrán, el infierno está lleno de buenas intenciones. Si bien debemos reconocer que los poderes judiciales tenían serias carencias aún antes de la reforma judicial, también hay que recordar que se advirtieron los muchos riesgos que implicaba la elección por voto popular. Necesitábamos una reforma, pero si lo que se buscaba era mejorar la calidad de la justicia, tal vez no era ésta. 

Por otra parte, la intervención indebida de grupos políticos y autoridades en la selección de candidatos, las campañas y durante la jornada electoral judicial de 2025, evidenciaron que el modelo era fallido.

Recientemente se hizo una reforma a la reforma judicial. Aunque aplazó la siguiente elección judicial de 2027 a 2028, no se atendieron sus problemas principales. Es decir, dejó intactos el perfil de los aspirantes a candidaturas, la evaluación de competencias en las candidaturas y la facultad del tribunal de disciplina para sancionar a jueces sin criterios claros.

Este año de aplazamiento nos da la oportunidad de evaluar a las personas juzgadoras electas que ya están en funciones y los resultados de las nuevas instancias creadas con la reforma judicial —como los tribunales de disciplina judicial y los órganos de administración judicial—. A partir de ello, se podrían tomar medidas que refuercen los resultados positivos de la reforma judicial, pero que corrijan los fallos detectados hasta el momento. 

También es clave tener una visión de largo plazo ¿Qué Poder Judicial necesitamos los mexicanos partiendo de las lecciones aprendidas antes y después de la reforma judicial? No existen fórmulas mágicas: cualquier modelo o política pública que no contribuya a altos estándares democráticos y no genere los resultados esperados —o peor aún, conlleve retrocesos en cuanto al acceso y calidad de la justicia—, debe ser modificada. 

Este es uno de los juegos más importantes que tenemos como país, y lo seguimos perdiendo por goleada. El Estado de derecho y la democracia dependen de ello.