La Ciudad de México concentra el 55% de la Inversión Extranjera Directa del país, pero enfrenta obstáculos normativos que frenan su potencial. En México Evalúa identificamos 203 oportunidades de mejora regulatoria y proponemos acciones concretas para detonar la inversión. Te lo cuento. Por Mariana Campos (@mariana_c_v) | Publicado en: El CEO Acabamos de presentar un diagnóstico que […]
Por Mariana Campos (@mariana_c_v) | Publicado en: El CEO
Acabamos de presentar un diagnóstico que logra identificar cuáles son las principales barreras regulatorias a la inversión en la Ciudad de México. Y no nos conformamos con señalar que algo no está funcionando: vamos mucho más lejos. Proponemos el conjunto de propuestas regulatorias para derribar esas barreras.
Permítanme inspirarlos tantito, porque estos trabajos suelen ser bastante técnicos y hasta cierto punto áridos. Pero tienen todo el potencial de cambiar la economía de las comunidades, es decir, la vida de las personas.
En este sentido, un factor crucial para detonar más inversiones es atender los cuellos de botella relacionados con la apertura de nuevos negocios y el mantenimiento de los mismos. Las empresas siguen teniendo que emplear recursos humanos y financieros para atender trámites que no siempre son claros, que sin que sea la intención pueden otorgar ventajas a ciertos participantes en el mercado, o que simplemente se pueden tratar de trámites duplicados o innecesarios.
Partimos de una premisa muy clara: la Ciudad de México es uno de los motores económicos del país y tiene todo para consolidarse entre las 10 ciudades más atractivas del mundo para la inversión y el talento. Somos un nodo financiero, logístico e innovador.
Los datos son contundentes. En el tercer trimestre de 2025, la Ciudad de México captó 22,381 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa, equivalente a cerca del 55% del total nacional. Además, es clave en las cadenas de suministro de Norteamérica: casi el 80% de sus exportaciones se dirigen a Estados Unidos.
La Ciudad actualmente cuenta con 2,322 corredores industriales y 19 ramas económicas asociadas directamente al fenómeno del nearshoring. Estas representan el 10% de las unidades económicas vinculadas a este proceso, mismas que generan 8.6% del valor agregado nacional relacionado con estas cadenas de valor.
Pero si nos vamos a cuánto aporta el nearshoring por ramas productivas, tenemos, por ejemplo, que en la Ciudad de México la manufactura vinculada con exportaciones hacia Norteamérica aporta una plusvalía industrial de más del 23% a esta rama económica, y que en los sectores de transporte, mensajería y almacenamiento es más del 35%. Eisto nos habla de una capital con enorme potencial logístico.
Sin embargo, también enfrentamos retos: la ausencia de trenes de carga y la saturación del suelo industrial —que alcanza 99% en zonas estratégicas como Vallejo— han limitado la decisión de empresas de constituir sus operaciones de manufactura avanzada en la Ciudad. El proyecto Vallejo-i, por ejemplo, atrajo más de 18 mil millones de pesos y 11,500 empleos especializados, pero también evidenció que necesitamos políticas estratégicas para replicar el modelo y superarlo. La ciudad necesita que las inversiones también apuesten por la investigación y el desarrollo, así como por la manufactura de productos de alta complejidad como los semiconductores.
El estudio de México Evalúa identificó 35 trámites vinculados al nearshoring: 60% se concentran en la etapa de apertura. Es decir, la mayor carga regulatoria está al inicio del ciclo empresarial. Además, detectamos una brecha preocupante: de 23 trámites previstos en 19 regulaciones analizadas, sólo 13 están registrados oficialmente. Un 43.48% no aparece en el Registro de Trámites.
Esto significa que cerca de la mitad de los trámites no están claramente accesibles para quien quiere cumplir. Cuando la norma y la práctica no están alineadas, se genera incertidumbre, se abre espacio a la discrecionalidad y se debilita la confianza.
Calculamos también el costo de oportunidad regulatorio: esperar los tiempos máximos que establecen las regulaciones puede costar entre 125 mil y 3.78 millones de pesos por unidad económica. Es dinero que no se invierte, empleos que no se crean, innovación que se retrasa.
La Ley Ambiental de la Ciudad de México exige una consulta vecinal para proyectos de gran escala, lo que traslada a la empresa una responsabilidad que debería ser de la autoridad. En lugar de basarse únicamente en reglas técnicas, se abre espacio a presiones o acuerdos informales, generando discrecionalidad y cargas adicionales para los constructores.
La Ley de Movilidad de la Ciudad de México obliga a sustituir vehículos de transporte cada 10 años sin importar su estado real, lo que puede ser ineficiente e injusto, pues un vehículo viejo pero bien mantenido debe salir del mercado mientras uno más nuevo pero en malas condiciones puede seguir operando.
El Reglamento de la Ley de Movilidad permite restringir el transporte de carga foráneo con base en conceptos vagos como «equilibrio ecológico, de oferta y demanda», lo que genera incertidumbre y posibles decisiones discrecionales.
Desde México Evalúa recomendamos, con base en evidencia, fortalecer la claridad regulatoria precisando sujetos obligados y autoridades competentes, ya que el 37.93% de las oportunidades de mejora se concentran en este ámbito. También se deben reformar disposiciones ambiguas en movilidad y construcción para reducir la discrecionalidad.
Resulta prioritario homologar y actualizar el Registro de Trámites para eliminar la brecha del 43.48% de trámites no disponibles. Asimismo, es preciso optimizar la eficiencia gubernamental ya que este pilar concentró el 57.14% de las áreas de mejora relacionadas con criterios de resolución, tiempos, requisitos y pagos.
Dado que el 60% de los trámites vinculados al nearshoring corresponden a la fase de apertura, se recomienda simplificar esta etapa mediante la revisión de secuencias y la creación de ventanillas integrales. También se proponen modificaciones puntuales a diversas leyes, como eliminar estímulos fiscales sin criterios ambientales claros, basar la sustitución de vehículos en normas técnicas, y permitir la participación de personas físicas en concesiones de transporte.
En materia de infraestructura, se sugiere desarrollar el ferrocarril de carga e implementar políticas de suelo industrial que liberen espacios para manufactura avanzada.
La normatividad debe funcionar como un habilitador del talento y la inversión. Cuando se facilita el cumplimiento, se incentiva la formalidad y se fortalece el bienestar social. La Ciudad de México tiene una ventaja estratégica incomparable: concentra universidades de excelencia, centros de investigación y capital humano altamente especializado. Si articulamos ese potencial académico con nuestras capacidades industriales y logísticas, podremos no solo insertarnos en las cadenas globales, sino escalar en ellas.
Vivimos en un contexto de transformación acelerada que genera incertidumbre, pero también ventanas de oportunidad. Nuestro propósito es identificar áreas de mejora en la regulación y convertirlas en una agenda accionable para que la Ciudad de México profundice su liderazgo. Romper barreras regulatorias significa construir reglas claras, parejas y transparentes que den certeza y confianza, para que la energía emprendedora y la inversión florezcan y se traduzcan en bienestar, empleos de calidad y oportunidades para todos.