Primeras reflexiones del Servicio Universal de Salud: aciertos y riesgos

El Gobierno federal ha dado a conocer avances sobre la creación del Servicio Universal de Salud que, en el papel, busca resolver el acceso fragmentado a los servicios de salud. Sin embargo, es importante la cautela.

Por Mariana Campos (@mariana_c_v)

El Gobierno federal ha dado a conocer avances sobre la creación del Servicio Universal de Salud, una propuesta ambiciosa que, en el papel, busca resolver una de las mayores inequidades del país: el acceso fragmentado a los servicios de salud. Sin embargo, el entusiasmo inicial debe ir acompañado de cautela. La iniciativa, aún sin decreto público, deja más preguntas que certezas.

La idea central es sencilla y poderosa: permitir que cualquier persona pueda atenderse indistintamente en instituciones como el IMSS, el ISSSTE o el IMSS Bienestar. En principio, esto podría traducirse en menores tiempos de espera y un uso más eficiente de la infraestructura existente. Es, sin duda, un objetivo loable.

Pero la realidad del sistema de salud mexicano es mucho menos homogénea de lo que esta propuesta parece asumir.

Hoy, las diferencias en infraestructura, equipamiento y personal entre instituciones son profundas. Mientras algunas unidades cuentan con mejores condiciones, otras operan con carencias severas. Permitir el libre tránsito de pacientes sin corregir estas desigualdades no resolverá el problema: lo desplazará. Los centros mejor equipados se saturarán y los más rezagados seguirán vacíos o subutilizados, profundizando la precariedad del servicio en lugar de corregirla.

Si el objetivo es un sistema universal, el punto de partida debe ser la convergencia en calidad. Sin una inversión decidida para homologar capacidades, la promesa de eficiencia será ilusoria.

Otro vacío crítico es la definición del paquete de servicios. No está claro si cada persona mantendrá los beneficios asociados a su institución de origen o si se creará un esquema uniforme de prestaciones. La segunda opción sería deseable desde una perspectiva de equidad, pero abre un dilema mayor: el financiamiento.

Hoy, el gasto en salud para la población sin seguridad social es significativamente menor y no está vinculado ni al número de pacientes ni al costo real de las enfermedades. Ofrecer un paquete universal sin recursos adicionales implicaría, en los hechos, que los derechohabientes del IMSS o ISSSTE subsidien al resto del sistema. Esto no solo presionaría la calidad del servicio, sino que podría erosionar los incentivos para la formalidad laboral.

Un sistema universal sin financiamiento suficiente no es un avance: es una redistribución silenciosa de carencias.

Finalmente, la propuesta plantea riesgos relevantes en materia de gobernanza. La credencialización y registro de usuarios estaría a cargo de la Secretaría de Bienestar, y no de la Secretaría de Salud, que es la autoridad técnica del sistema. Esta decisión no es menor. Abre la puerta a la politización del acceso a servicios de salud y al uso indebido de información sensible.

Más aún, el proyecto contempla el desarrollo de una plataforma digital con historial médico, citas, seguimiento y servicios de telemedicina. La pregunta es inevitable: ¿quién resguardará estos datos y bajo qué controles? La salud no puede quedar expuesta a incentivos ajenos a su propósito público.

El Servicio Universal de Salud tiene el potencial de ser una de las reformas más importantes del sexenio. Pero para lograrlo, necesita algo más que una buena intención: requiere definiciones claras, financiamiento sostenible y una arquitectura institucional sólida.

De lo contrario, corremos el riesgo de construir un sistema universal en el discurso, pero profundamente desigual en la práctica.